lunes, 25 de julio de 2016

EL PATRIMONIO NATURAL ANDALUZ EN MANOS DE LOS INTERESES ECONÓMICOS

Recientemente el gobierno del estado ha comenzado las expropiaciones de terrenos en torno al parque natural de Doñana con el objetivo de construir en el subsuelo un almacén de gas. La empresa “Petroleum oil y Gas España”, filial de Gas natural, es la responsable de este proyecto que se inició hace ya años y que ahora empieza la etapa de ejecución. Dicha empresa, cuya actividad (CNAE) es la exploración, investigación y explotación de yacimientos, está detrás de algunos de los proyectos estrella de fracking realizados en el estado, algunos de ellos encontrando una fuerte oposición social. Las fincas expropiadas en Huelva son de diferente titularidad, dado que las hay públicas (ayuntamientos y junta) y privadas. Algunos partidos y colectivos ecologistas han alzado la voz contra un proyecto que pone en serio peligro este espacio natural, y han comenzado la petición de información a la Unión europea para que esta intermedie y reclame toda la documentación del proyecto y de su ejecución, para determinar así la viabilidad del mismo. También se va a llevar en estos días una petición a la misma U. E para declarar Doñana zona libre de actividades industriales. Los colectivos ecologistas y Andaluces de Alcalá consideramos que su construcción sería otro ataque más al acuífero subterráneo que nutre de agua el parque y con ello a la vida del mismo.

No podemos terminar este punto sin puntualizar que estas expropiaciones han comenzado en época de vacaciones veraniegas. La Junta, en una clara estrategia a la defensiva, cuando tiene que comenzar alguna actividad que puede acarrearle duras críticas y fuerte respuesta social comienza las actividades en época veraniega para aprovechar que la intensidad de la respuesta baja mucho por las vacaciones. No es la primera vez que ocurre esto. Por otro lado, como dato curioso, no podemos olvidar mencionar que el ex presidente del gobierno, Felipe González, que era habitual residente en vacaciones de las instalaciones del coto, es socio accionista y consejero de esta compañía[1].

Sin embargo y muy a nuestro pesar el almacén de gas en el subsuelo es sólo el último de los ataques que sufre nuestro entorno natural andaluz y Doñana en particular. Desde numerosas asociaciones ecologístas como WWF o Ecologistas en Acción se lleva años denunciando el cultivo extensivo de la fresa y la cantidad de pozos ilegales que sufre el parque. Esto hace que el agua del acuífero que nutre las marismas baje su nivel peligrosamente, sobre todo en años de escasas lluvias como los últimos que sufrimos. Según el artículo del periódico “público” de hace unos días, más de mil pozos ilegales rodean el parque y la junta tiene conocimiento de ellos pero aún no ha cerrado ninguno desde 2014[2].  Aparte del peligro para el acuífero, estos pozos ya han provocado algunos incendios en la zona por chispas de los motores de extracción de aguas, aunque afortunadamente no han sido de importancia hasta ahora. Por su parte, la unión europea ya ha iniciado el expediente sancionador al estado español por incumplir la normativa de  sobreexplotación de espacios protegidos. ¿Hasta cuándo va a permanecer la Junta inoperante con este tema? La multa que caiga la tendremos que pagar entre todos.....

Desde Andaluces de Alcalá denunciamos la permanente presión productivista a la que está sometida el parque natural, patrimonio de la humanidad desde 1994 tanto por el dragado, los cultivos y pozos, y ahora el almacén de gas.

Recordamos que el primer ataque que sufrió el parque fue el intento del puerto de Sevilla para dragar el río Guadalquivir para permitir la entrada de barcos de mayor calado. Este ataque comenzó a primeros de la década pasada y nos ha tenido en vilo durante más de 10 años. Afortunadamente se ha detenido en los juzgados. En este caso de explotación de la naturaleza para el interés de uso pocos, la junta apoyó el proyecto desde el principio a pesar de tener los informes de los científicos del Csic en contra por el peligro de repercutir negativamente en la morfología, biodiversidad y la morfología del estuario[3]. Actualmente el dragado del Guadalquivir se encuentra paralizado por el tribunal supremo ante las evidentes consecuencias nocivas de este proyecto. Lo curioso es que tuvo que ser la asociación WWF Adena la que presentó el contencioso administrativo para la paralización del proyecto, no la Junta, que estaba abiertamente a favor. Ante este posicionamiento, sólo podemos preguntarnos, ¿a qué intereses representa y defiende la junta? Andaluces de Alcalá creemos que a los del pueblo andaluz, evidentemente, no. 

En Andaluces de Alcalá tememos, que como en el caso del dragado, tengan que ser las asociaciones sin ánimo de lucro las que lleven a cabo la labor de oposición a este proyecto en los tribunales y no la junta, que es la que tiene el papel de defender los intereses de los andaluces y de nuestro patrimonio natural e histórico.

Asimismo, cuestionamos la rapidez y la voluntad que se presenta desde el gobierno central para expropiar las fincas necesarias para comenzar las obras y no se tenga la misma premura para poner fin a los cultivos extensivos de la fresa ni a los pozos ilegales.

Por todo ello, desde andaluces de Alcalá realizamos un llamamiento a la ciudadanía para la movilización contra estos ataques a nuestro patrimonio natural e instamos a la junta a que realice las acciones oportunas para parar la construcción del almacén de gas y para el sellado de pozos ilegales con las consecuentes multas a sus propietarios.