domingo, 4 de enero de 2015

Andaluces de Alcalá en defensa de las pensiones públicas

La subida prevista para 2015 de las prestaciones del sistema público de la Seguridad Social establecida con carácter general en un 0,25% solo puede calificarse de atraco.
Esta medida afecta a 9.905.504 personas (9.270.983 pensiones contributivas; 451.050 pensiones no contributivas y 183.471 prestaciones por hijo a cargo con minusvalía), frente a las 9.746.227 millones de personas atendidas por el sistema el pasado año.
De esta manera se da cumplimiento a las previsiones contenidas en el artículo 37 de la  Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y se consagra la reforma de las pensiones emprendida por el Gobierno del PP.
Pues bien, con esta dinámica se produce a nuestro juicio la vulneración flagrante de la normativa establecida al efecto:
La Ley de Bases de la Seguridad Social aprobada en 1963, en pleno franquismo establecía: “A través de la Seguridad Social el Estado español garantiza a las personas, que por razón de sus actividades están comprendidas en su campo de aplicación, y a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, protección adecuada en las contingencias y situaciones que en esta Ley se definen (entre ellas las pensiones de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia, etc.) y la progresiva elevación de su nivel de vida en los órdenes sanitario, económico y cultural.”
El articulo 65.10 del Convenio Internacional de la OIT número 102, Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), aprobado en 1952 indica: “10. Los montos de los pagos periódicos en curso atribuidos para la vejez, para los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales (a excepción de los que cubran la incapacidad de trabajo), para la invalidez y para la muerte del sostén de familia serán revisados cuando se produzcan variaciones sensibles del nivel general de ganancias que resulten de variaciones, también sensibles, del costo de la vida.”
La  Carta Social Europea, revisada y actualitzada endiversas ocasionedesde 1961 obliga a los Estados a “esforzarse para elevar progresivamente el nivel delrégimen de la Seguridad Social”, en concordancia con elConvenio Europeo de Seguridad Social.
El Pacto de derechos económicos y sociales de NuevaYork, de fecha 1966 establece en su articulo 2: “laobligación de los Estados a destinar el máximo de susrecursos a hacer efectives los derechos reconocidos en este Pacto”.
Cabe destacar que es la primera vez que opera el nuevoÍndice de Revalorización de Pensiones, creado por la Ley 23/2013 de 23 de diciembre reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización, con efectos drásticos y muestra por tanto la ineficacia de la norma para dar cumplimiento a los mandatos jurídicos de las normas indicadas, así como para garantizar un nivel de vida digno para los pensionistas y sus familias.

Con este “nuevo” sistema no se garantiza la actualización periódica de las pensiones, no se puede afrontar con garantías para todos los beneficiarios la subida del coste de la vida, afecta al poder adquisitivo de los pensionistas y en consecuencia al consumo interno y se genera una discriminación indirecta que afecta con mayor incidencia a las pensiones más bajas y especialmente a las mujeres.

Se trata, por consiguiente de otra vuelta de tuerca contra la población en el camino de privatización de la salud emprendido por las políticas neoliberales del Gobierno del PP. La defensa del sistema público, digno y universal de Seguridad Social es una prioridad del colectivo ciudadano Andaluces de Alcalá. En consecuencia denunciamos esta medida, anunciamos nuestro apoyo a cuantas iniciativas en contra de esta medida se convoquen y llamamos a todos los agentes sociales a convocar una respuesta general contra este ataque a la Seguridad Social.

Andaluces de Alcalá 4 de enero de 2015

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