lunes, 15 de diciembre de 2014

Andaluces de Alcalá contra la Ley Mordaza y por las libertades ciudadanas


El pasado día 11 fue aprobada en el Congreso de los Diputados la nueva Ley Órgánica de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, con el único apoyo del Partido Popular. Esta ley, que es defendida por el gobierno como una forma de blindar y garantizar el ejercicio de las libertades ciudadanas, constituye en realidad un gravísimo ataque a dichas libertades, y un profundo retroceso en términos democráticos.


La nueva ley contempla un total de cuarenta y cinco infracciones, diferenciándolas en “muy graves”, “graves” y “leves”.

-          Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 30.001 a 600.000 euros.- Cabe destacar que, entre otros supuestos, se incluye dentro de este tipo de infracciones el reunirse o manifestarse, sin comunicarlo o saltándose la prohibición, en instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones. Esto significaría, por ejemplo, que en la propia Alcalá las protestas simbólicas contra el paro realizadas por el SAT frente al Ayuntamiento y frente a las oficinas del SAE podrían acarrear sanciones de este calado.

-          Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 601 a 30.000 euros.- Aquí entrarían acciones como trasladar en coche a una persona toxicómana a adquirir estupefacientes o negarse a identificarse ante la policía en cualquier momento.

-          Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 100 a 600 euros.- Aquí se incluirían prácticas ampliamente extendidas, como la botellona, hacer una pintada de protesta, cualquier “falta de consideración” (sic) hacia la policía o el simple hecho de perder el DNI y no denunciarlo.

Desde Andaluces de Alcalá, por tanto,  observamos con preocupación que la nueva ley contempla una penalización y una judicialización de actividades que, desde nuestro punto de vista, entran dentro de la convivencia normal en las sociedades y que, más allá de que puedan resultar más o menos agradables, deberían ser resueltas mediante formas dediálogo, negociación y consenso, y nunca mediante la criminalización y el castigo legal. En algunos casos, además, la ley llega a oficializar acciones por parte del Estado que rayan en la vulneración de derechos humanos elementales. Es el caso de las llamadas“devoluciones en caliente” para los inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Con la nueva ley, las autoridades fronterizas podrán expulsar a estas personas a territorio marroquí, afectando así gravemente su derecho –reconocido hasta la fecha- a una asistencia letrada y a que se compruebe si son menores o refugiados. Para entender la gravedad de esta alteración legal debe saberse que esta disposición fue introducida como enmienda en el Congreso, eludiendo así los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

Más allá de las infracciones contempladas en la ley, es necesario denunciar también ladesprotección creciente de la ciudadanía ante su aplicación. La nueva ley convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo. Esto significa que las personas afectadas por esta ley ya no podrán defenderse en juicios de faltas -gratuitos-, sino que antes tendrán que agotar la vía administrativa y luego recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, que está sujeta al pago de tasas judiciales merced a la reciente reforma judicial del propio gobierno del PP. Estos cambios implican que la nueva ley no sólo penalizará duramente derechos y libertades básicos, sino que supondrá además una dura carga económica para quien intente defenderse ante ella.

Desde Andaluces de Alcalá mostramos nuestra indignación ante esta ley, por considerarla una medida claramente restrictiva de las libertades democráticas de la población. Además, y a propósito de esta nueva ley, mostramos nuestra profunda preocupación por tres cuestiones centrales:

1)      Las consecuencias de la propia ley.- Nos preocupa especialmente que la judicialización y la penalización de las formas de protesta ciudadana se traduzca en una represión de los movimientos sociales que luchan precisamente por proteger los derechos de la gente. Igualmente preocupante nos parece el aparente interés de este gobierno por presentar una imagen criminalizadora de esos movimientos sociales.

2)      El por qué se aprueba esta ley precisamente en este momento.- Justamente cuando nos encontramos en una situación de crisis profunda, con graves problemas que afectan a amplias capas de la población, el gobierno del PP apuesta por criminalizar y judicializar los mecanismos de protesta. El mismo gobierno que ha demostrado reiteradamente su incompetencia para dar respuesta a los problemas de la gente intenta ahora acallar a quienes expresan su rechazo a la grave situación que vivimos. Ante la incapacidad de mejorar las cosas, se opta por reprimir a los críticos.

3)      La falta de una respuesta organizada y contundente frente a esta ley.- Ante una nueva agresión a los derechos y libertades de la ciudadanía, la oposición muestra una incapacidad manifiesta para construir formas organizadas de rechazo en la calle, en los barrios, en los pueblos y ciudades. Tal y como ya hemos señalado en demasiadas ocasiones, hoy los partidos que supuestamente representan a la izquierda funcionan como entes cerrados, que viven a espaldas de la gente y que carecen de la más mínima capacidad para organizar y movilizar a la gente. Las protestas ante la nueva ley se quedan encerradas en el Parlamento y en la televisión, sin que ninguna fuerza política apueste por organizar la protesta social y la resistencia en la calle.

Desde Andaluces de Alcalá estamos convencidos de que este tipo de ataques a los derechos de la ciudadanía sólo pueden ser contestados mediante la movilización y la participación de la ciudadanía. Es un error delegar la defensa de la gente en los partidos y esperar que ellos resuelvan todo. Es fundamental, por el contrario, reforzar nuestras redes comunitarias –locales, vecinales- y organizarnos por nosotros mismos. Es en esta línea que desde hace cinco años venimos trabajando para construir, de abajo arriba, una herramienta que dé respuesta en la calle a las agresiones permanentes que sufrimos los alcalareños, los andaluces y el resto de pueblos del Estado español. La aprobación de la nueva Ley Mordaza nos demuestra una vez más que nuestras vidas seguirán yendo a peor mientras no nos decidamos a construir una respuesta democrática, participativa y activa frente al retroceso democrático que pretenden imponernos. Animamos a los alcalareños a no rendirse, y a organizarse activamente para la organización de un poder propio.

Andaluces de Alcalá, a 14 de diciembre de 2014

No hay comentarios: