miércoles, 10 de septiembre de 2014

RECLAMACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE ALCALÁ DE 2014

El colectivo ciudadano Andaluces de Alcalá convoca RUEDA DE PRENSA para hacer públicas sus RECLAMACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA DEL EJERCICIO 2014, interpuestas oficialmente el pasado día lunes 1 de septiembre.

La rueda de prensa tendrá lugar en la Plaza del Duque número 1, delante del ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, el viernes 12 de septiembre a las 12:00 horas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Andaluces de Alcalá, a 8 de septiembre de 2014

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA  
AL PLENO MUNICIPAL DE ESTE AYTO.
LUIS OCAÑA ESCOLAR, con DNI XXXXXXXX-X, letrado de profesión, mayor de edad y vecino de Alcalá de Guadaira, con domicilio a efectos de notificación en Asesoría Jurídica de Autonomía Sur, Apartado de Correos número 83, C.P. 41089 de Montequinto – Sevilla (tlf. 955027777, fax 955027778, xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx), mediante el presente escrito formula, en tiempo y forma, en base a lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, mediante el presente escrito formulo RECLAMACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA DEL EJERCICIO 2014, aprobado inicialmente por la Junta Local de Gobierno con fecha 31 de julio de 2014, según consta en la página 53 del BOP de Sevilla de 13 de agosto de 2014.
Dado que dicha aprobación vulnera el principio democrático constitucional establecido en el artículo 1.1 de la CE, así como el derecho a participar directamente en los asuntos públicos (artículo 23.1 CE) y en lo que se refiere especialmente el artículo 140 CE, y es por ello que también SOLICITO LA REVOCACIÓN DE LA REFERIDA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 2014, realizada por la Junta de Gobierno Local.
Y ello en base a los siguientes CONSIDERANDOS:

PRIMERO: Que la citada publicación en BOP se produce en cumplimiento del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que textualmente dice:
Artículo 169.1 Aprobado inicialmente el presupuesto general, se
expondrá al público
, previo anuncio en el boletín oficial
de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma
uniprovincial,
por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; EN CASO CONTRARIO, EL PLENO DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE UN MES PARA RESOLVERLAS.

SEGUNDO: Los firmantes del presente escrito, como habitantes de Alcalá de de Guadaíra, tienen la consideración de interesados en virtud del artículo 170.1.a) del mencionado RDL 2/2004.
TERCERO: LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ES UN ÓRGANO MANIFIESTAMENTE INCOPETENTE PARA APROBAR LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL EJERCICIO 2014
El texto de la Disposición Adicional 16 (DA 16) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) utilizada por la Junta de Gobierno Local, introducida en el artículo 1, apartado 38 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL),  es el siguiente:  
“1. Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista en esta Ley, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar:
a) El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado.”.
         Esta Ley 27/2013 entró en vigor en 31 de diciembre de 2013. Por tanto, es evidente que, una vez situados en el ejercicio de 2014, la referida DA 16 es de aplicación al “presupuesto del ejercicio inmediato siguiente”, es decir, al presupuesto del ejercicio 2015, “siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado”, como es el caso que nos ocupa.
         Tal como se indica en el blog de ACAL (Abogados y Consultores de Administración Local), la aprobación del presupuesto municipal por la Junta de Gobierno y no por el pleno como se venía haciendo hasta ahora, realmente es una de las novedades importantes de la Reforma Local. Ahora bien, esta medida contemplada en el apartado 1.a) de la disposición tiene una eficacia limitada, para su aplicación se requiere:
1.- Que el ayuntamiento tenga un presupuesto prorrogado.
2.- Que someta al pleno el proyecto de presupuesto y no alcance la aprobación al no obtener más votos favorables que en contra.
3.- Que se someta a la aprobación de la Junta de Gobierno dentro del año natural anterior al del ejercicio para el que se aprueba el presupuesto. Es decir que con esta premisa, la práctica muy extendida de aprobar los presupuestos ya con el ejercicio de que se trata en curso no es posible.     
Con estos requisitos, no es posible ya la aprobación de presupuestos para este ejercicio de 2014 en Junta de Gobierno. La Reforma Local entró en vigor el 31 de diciembre y este fue el único día que hubo para poder aprobar los presupuestos municipales para el año 2014, siempre que ya hubieren sido rechazados por el pleno y además durante el año 2013 hubiere tenido el ayuntamiento presupuesto prorrogado.
Como resulta que la Reforma Local no contiene ninguna disposición transitoria que atempere el rigor temporal de la disposición adicional que comentamos, nos encontramos que habrá que esperar hasta los presupuesto de 2015 para poderlos aprobar en Junta de Gobierno. 
         Obviamente, resulta entonces que LA APROBACIÓN INICIAL REALIZADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL PRESUPUESTO DE 2014 ES UN ACTO NULO DE PLENO DERECHO DEL ARTÍCULO 62.1.B DE LA LEY 30/92 que ha sido realizada por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, ya que el órgano competente para dicha aprobación inicial es el Pleno Municipal, según lo establecido en el artículo 168 del RDL 2/2004. 
         Además, como se ha incumplido el referido artículo 168 del RDL 2/2004, resulta que estamos en el supuesto de reclamación administrativa previsto en el artículo 170.2.a) del RDL 2/2004.   

CUARTO: INCONSTITUCIONALIDAD DE LA APROBACIÓN REALIZADA POR VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO EN EL ÁMBITO LOCAL.

Nota: Argumentos literales extraídos del Recurso ante el Tribunal Constitucional registrado y suscrito el 28 de marzo de 2014 por 108 diputados y diputadas del grupo parlamentario del PSOE, entre los que se encuentra el recientemente elegido Secretario General, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón y el recientemente nombrado Secretario de Organización, D. César Luena López, y por 11 del grupo parlamentario de la Izquierda Plural y por otros 5 diputados y diputadas de grupo parlamentario de UPyD y otros 5 diputados y diputadas del grupo parlamentario Mixto.      

Inconstitucionalidad del artículo primero, treinta y ocho, LRSAL, que incorpora nueva Disposición Adicional decimosexta LRBRL en cuanto la adopción por la Junta de Gobierno Local de acuerdos que corresponden al Pleno vulnera el principio democrático en el ámbito local.

Señala la nueva Disposición adicional decimosexta LRBRL que cuando el Pleno de la Corporación Local no alcance en una primera votación la mayoría necesaria para aprobar el presupuesto municipal, el plan económico financiero, el plan de saneamiento o la entrada en mecanismos extraordinarios de financiación, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobarlos. Se atribuye con ello a la Junta de Gobierno Local la decisión sobre dichas cuestiones, excluyendo al Pleno en el que se residencia el principio representativo. Con ello, se excluye a la oposición de la participación en decisiones fundamentales del municipio con nítida vulneración del principio democrático.

La Disposición Adicional decimosexta LBRL supone una lesión del principio democrático en el ámbito local.

Señala esta Disposición Adicional que cuando el Pleno de la Corporación Local no alcance en una primera votación la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista en esta Ley, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar el presupuesto, planes económico-financieros, planes de saneamiento, entrada en mecanismos extraordinarios de financiación. Se atribuyen con ello a la Junta de Gobierno Local facultades de actuación básicas y de importancia capital. De esta forma se excluye a la oposición de la intervención en las decisiones fundamentales del municipio, vulnerando el principio democrático.

El Tribunal Constitucional ha hecho hincapié en la importancia del principio democrático en el ámbito local, especialmente en su doctrina más reciente. En la STC 103/2013, declara la inconstitucionalidad de la posibilidad de nombrar miembros de la Junta de Gobierno en los municipios de gran población a personas que no ostenten la condición de concejales. A juicio del Tribunal vulnera el artículo 140 CE que encomienda el gobierno y la administración municipal al alcalde y los concejales como manifestación de la opción constitucional por una administración democrática. La Junta de Gobierno Local ha quedado constituida como un órgano de perfil ejecutivo y profesional, que viene exigido por la complejidad de las funciones técnicas que debe afrontar, quedando el principio representativo residenciado en el Pleno. Y el principio representativo, nos dice el Tribunal, constituye el fundamento de la autonomía local y por tanto es predicable de todas las entidades locales constitucionalmente garantizadas.

El razonamiento es aplicable al supuesto que nos ocupa. Cuando la ley permite que decisiones fundamentales como la aprobación de los presupuestos, entre otros, pueda hacerse por la Junta de Gobierno Local, sin la participación del Pleno en el que se residencia el principio representativo, y con la exclusión de los concejales de la oposición se está lesionando el principio democrático.


También resulta de aplicación a nuestro objeto la doctrina establecida en la STC 161/2013. En este caso se cuestiona el carácter no público de las sesiones de la Junta de Gobierno Local por vulnerar el principio democrático (artículo 1.1 CE) y la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE) así como el derecho a participar directamente en los asuntos públicos (artículo 23.1 CE). El Tribunal declara la interpretación conforme de la disposición, estableciendo que deberán ser públicas las decisiones relativas a las atribuciones delegadas por el Pleno. Lo que nos interesa destacar de este pronunciamiento es que si el Tribunal considera contrario al principio democrático y al derecho de participación el carácter no público de la actuación de la Junta de Gobierno aún lo será de manera más evidente que se le asignen, con exclusión del Pleno, las decisiones más importantes que debe adoptar el Ayuntamiento. Es contrario al principio democrático adoptar estas decisiones a través de un órgano en el que no resulta exigible el pluralismo político representado en el pleno municipal, al carecer de representatividad o de proporcionalidad los diferentes Grupos políticos municipales.
Es conocido que el principio democrático, al menos como ha sido configurado en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XX, parte de la mayoría pero exige, a su vez, el respeto a la minoría, que queda negado cuando se le impide participar en las decisiones fundamentales de la vida municipal cual es la aprobación de los presupuestos, de los planes económico-provinciales, de los planes de saneamiento o la decisión sobre la participación en mecanismos de financiación.

En consecuencia, parece claro que más allá de vulnerar el principio democrático del artículo 1.1 CE o el derecho de participar en los asuntos públicos del artículo 23.1 CE, en lo que se refiere al objeto de este conflicto se lesiona el artículo 140 CE que incluye la opción constitucional por una administración democrática al excluir de las decisiones fundamentales para la vida del municipio al Pleno como órgano de representación, en el que están representadas tanto la mayoría como la minoría. Y ese desapoderamiento del Pleno se produce ante una situación como la no aprobación en primera votación que, aunque se califique de excepcional, debe considerarse ordinaria en el funcionamiento democrático de una entidad pública.

QUINTO: EL DICTAMEN 165/2014 DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DA 16  
Este Dictamen 165/2014 se realiza en base al ACUERDO DE 25 DE FEBRERO DE 2014, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE AUTORIZA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, Consejo de Gobierno de La Junta de Andalucía, presidido por Dª Susana Díaz Pacheco, Secretaria General del PSOE de Andalucía.   
En relación al Artículo primero. Treinta y ocho de la LRSAL (que introduce la disposición adicional decimosexta de la LRBRL), El Dictamen  se pronuncia de manera unánime:
“No puede cuestionarse, pues, la competencia que ostenta el Estado para la regulación de los órganos de gobierno municipal, incluyendo el régimen de adopción de acuerdos.
Ahora bien, al albur de esa competencia, el precepto invoca una situación de excepcionalidad que en realidad no contempla, cuando dispone que “excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación no alcanzara en una primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos”, será la Junta de Gobierno Local la competente para la adopción de una serie de acuerdos de gran relevancia (el presupuesto, los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio, los de ajuste, los de saneamiento, los de reducción de deudas y la entrada en los mecanismos extraordinarios de financiación).
Se desconoce cuál es la situación de excepcionalidad, y si ésta es que no se adoptare la aprobación en una primera votación, es claro que no puede calificarse como tal.
El Tribunal Constitucional ha señalado en su sentencia 88/2012 que “cuando, como sucede en este caso, son los representantes los que consideran vulnerado su derecho a ejercer su cargo público (art. 23.2 CE) la vulneración de este derecho fundamental incide también en el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE) al existir una directa conexión entre estos derechos fundamentales, pues, según ha sostenido reiteradamente este Tribunal, «son primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos» (por todas, STC 119/2011, de 5 de julio, F. 3). De ahí que en la citada sentencia, como en otras muchas, hayamos sostenido que el derecho que garantiza el art. 23.2 CE, así como, indirectamente, el que el art. 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio”. (FJ 2)
En el presente caso, no cabe duda de que el mero hecho de privar al Pleno de sus competencias por no adoptar determinados acuerdos en primera votación falta al principio democrático, en la medida en el Pleno es el órgano que representa a los ciudadanos, por lo que su derecho a participar en los asuntos públicos quedaría vacío de contenido.
Siendo ello así, se considera que el precepto es inconstitucional por lesionar el derecho de participación previsto en el artículo 23.1 de la Constitución, de acuerdo con las exigencias propias del principio democrático.”


         Obviamente, de los considerandos CUARTO Y QUINTO resulta entonces que LA APROBACIÓN INICIAL REALIZADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL PRESUPUESTO DE 2014 ES UN ACTO NULO DE PLENO DERECHO DEL ARTÍCULO 62.1.a DE LA LEY 30/92 porque vulnera derechos constitucionales.
Por todo lo anterior,  en base a lo establecido en el artículo 170.2 del RDL 2/2004 FORMULO, EN TIEMPO Y FORMA,  RECLAMACIÓN CONTRA EL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2014, realizada por la Junta de Gobierno Local celebrada el 31 de julio de 2014 (que es un órgano incompetente para realizar dicha aprobación) porque dicho acuerdo incumple lo establecido en el artículo 168 del RDL 2/2004, y porque dicho acuerdo vulnera el principio democrático constitucional establecido en el artículo 1.1 de la CE, así como el derecho a participar directamente en los asuntos públicos (artículo 23.1 CE) y en lo que se refiere especialmente el artículo 140 CE, y en base a esas vulneraciones SOLICITO LA REVOCACIÓN DE LA REFERIDA APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2014, al que se hace referencia en el BOP de Sevilla de 13 de agosto de 2014.   

         Y SOLICITO que el Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra RESUELVA las presentes Reclamaciones al Presupuesto General del Ejercicio 2014 en el plazo de UN MES, en base a lo establecido en el artículo 169.1 del RDL 2/2004 al que se refiere el anuncio del BOP de Sevilla de 13 de agosto de 2014, notificándome con antelación suficiente la convocatoria del referido Pleno Municipal que resolverá las presentes reclamaciones.  
  
                   Y para que así conste se firma el presente en Alcalá de Guadaíra,
a 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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