jueves, 10 de abril de 2014

Andaluces de Alcalá ante el resurgir de la industria minera y el neocolonialismo económico: el caso de la mina de Aznalcóllar y el corredor verde del Guadiamar

El 25 de abril de 1998 los andaluces nos despertamos con las impactantes imágenes de lo que a postre sería considerada como la peor catástrofe ambiental ocurrida hasta la fecha en suelo peninsular. Aquella fatídica madrugada se produjo una brecha en una de las balsas del complejo minero sueco-canadiense de Boliden-Apirsa, ubicado en el municipio sevillano de Aznalcóllar, en las proximidades del río Guadiamar. 
El volumen de residuos tóxicos en forma de lodos compuestos de aguas ácidas y metales pesados (zinc, plomo, arsénico, cobre, antimonio, talio o cadmio), que fueron vertidos sobre la llanura de inundación del Guadiamar, ascendió a 6 millones de m3 y recorrieron una distancia de 62 km, contaminando una superficie de más de 4.630 ha de cauce, llanura aluvial y marismas del Guadalquivir. De la superficie afectada por el vertido, 2.656 ha pertenecían al Parque Natural de Doñana y 98 ha al propio Parque Nacional.
Tras el vertido se inició una primera actuación coordinada que tuvo como objetivo establecer un plan de choque para controlar el vertido. Se estableció una zona de retención –llamada intramuros- y posteriormente se retiró lodo tóxico en un volumen de 7 millones de m3 de suelo contaminado.
Posteriormente, se realizó una nueva inversión en la ejecución del proyecto de
restauración “Corredor Verde del Guadiamar” en cuatro grandes líneas: seguimiento; control y remediación de la contaminación; diseño del corredor ecológico; e integración entre sistemas naturales y humanos. Esta nueva inversión contó con una cuantía económica de unos 20 millones de euros.
Para configurar el espacio del corredor verde, las diferentes administraciones aportaron hasta un total de 165 millones de euros en la expropiación de unas 4.500 ha de tierras de cultivo contaminadas por el vertido. Esta cantidad, sumada a la que se sufragó en el mencionado plan de choque inicial y en las actuaciones de adecuación posteriores (restauración, limpieza, ubicación de mobiliario y reforestación), generó un coste de de más de 200 millones de euros para las administraciones públicas y, por consiguiente, para todos los andaluces.
A este coste económico debe sumarse un coste ambiental aún por determinar –no se conoce el alcance ambiental que generó este episodio en el sistema ecológico de este espacio-. Y también es necesario recordar que durante los trabajos de restauración perdieron la vida 4 trabajadores por efecto directo de la contaminación.
La firme intención de la Administración Autonómica, que como todo el mundo conoce surge del pacto de gobernabilidad PSOE-IU, de reabrir esta mina al igual que otras explotaciones similares reside en la cotización asociada a las oscilaciones en el precio establecido por “los mercados”, pues si durante el año 2002 se produjo una fuerte caída del precio de minerales metálicos como: Cobre, Wolframio o Plomo; que conllevaron a la decadencia y cierre de explotaciones de la llamada “faja pirítica de Sevilla y Huelva”, ahora mismo este tipo de minerales se cotizan al alza, justificándose así, desde una perspectiva depredadora y neoliberal, la explotación de este tipo de recursos no renovables. Cotización al alza que coincide, además, con la caída de los precios en la explotación de áridos asociados al sector de la construcción y toda la consecuente debacle de paro subyacente.
Desde Andaluces de Alcalá queremos plantear la siguiente reflexión, si a tenor del coste económico, humano y ambiental (aún por determinar) se decretó el cierre de esta explotación minera que generó un impacto económico negativo en toda una comarca, no solo en el empleo relacionado con tal explotación, sino que también la agro-industria se vio irremediablemente afectada, ¿por qué no se ha invertido en un plan de reconversión industrial o económico en estos casi 20 años?
En una noticia del diario EL PAÍS (3 de abril de 2008) se recogía lo siguiente: “Sobre los 20 millones de metros cúbicos de lodos contaminados de la balsa -encapsulados bajo tierra para evitar nuevas contaminaciones- se extienden ahora miles de placas fotovoltaicas. En la antigua mina y su entorno se ubica el Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía, en el que la Junta ha invertido otros 13 millones de euros y que cuenta con 43 empresas que han anunciado una inversión de 75 millones de euros y la creación de más de 400 empleos”. Si esta noticia es cierta, ¿Cómo se justifica la tasa de paro actual existente en esta comarca, en la que se sitúa el municipio de Aznalcóllar?
Consecuentemente, acogiéndose a tal circunstancia –alta tasa de paro-, los diferentes gobiernos justifican esta vuelta a atrás, donde la falta de talento y la necesidad imperiosa de perpetuarse en el poder mediante el impacto inmediato que este tipo de medidas que pueden conducir a una reducción ficticia de paro –habrá qué ver el tipo de contrato y qué condiciones laborales que se dan-, se imponen a una auténtica transformación endógena de la economía andaluza. 
Una vez más impera un criterio “externo”, cuya motivación es la explotación sistemática y voraz “a coste cero” de este tipo de empresas multinacionales que pocas veces soportan el coste la restauración total de sus explotaciones, y como se ha visto tras la sentencia del caso Boliden, gozan de total impunidad a pesar del coste ambiental, económico y humano que sus actividades generan en los territorios que explotan. Nos encontramos, por tanto, ante un modelo de explotación “neocolonial” basado en un criterio de explotación irracional de los recursos, cuyo impacto económico es irrelevante a nivel local y con beneficios de escaso impacto a escala macroeconómica para el territorio andaluz.
Desde Andaluces de Alcalá nos posicionamos claramente en contra de la reactivación de la actividad minera en Aznalcóllar y en el corredor verde del Guadiamar. No creemos que la solución al paro de Andalucía esté basada en la vuelta a actividades extractivas agresivas, ni en la generación de nuevos polos de desarrollo que concentren actividades contaminantes perjudiciales para la salud, que en ningún caso pueden estar justificadas por la tragedia que subyace detrás de cada familia con desempleados y desempleadas andaluces.
Creemos firmemente en la existencia de mecanismos económicos alternativos, que generen puestos de trabajo dignos sin necesidad de “crecer” en términos macroeconómicos. Para ello es necesario que los andaluces hagamos valer nuestros derechos como pueblo y que los gobernantes demuestren más talento político y menos visión partidista.




Andaluces de Alcalá, a 10 de abril de 2014.

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