jueves, 28 de noviembre de 2013

Manifestación por nuestro río, 14 de diciembre.

La Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra” (*) ha convocado una manifestación para el sábado día 14 de diciembre. ¿Por qué? Por varias razones:
1º. Por las declaraciones públicas de los máximos responsables de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía afirmando que el río Guadaíra está ya recuperado y que no están previstas nuevas inversiones.
2º. Porque las demás administraciones públicas entre las que se encuentran entre otras la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los Ayuntamientos, incluido el de Alcalá de Guadaíra, no están tomando ninguna iniciativa para que el Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del río Guadaíra siga adelante.
- Para la Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra” el Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del río Guadaíra, fue un compromiso que adquirieron los gobernantes tras numerosas movilizaciones de los ciudadanos de la cuenca. Fue aprobado en marzo de 1996 y debería haber finalizado en 2003. Es decir, llevamos un retraso de diez años tanto en lo que se refiere al Guadaíra Blanco como al Guadaíra Verde.
- Gracias a todos se han logrado conseguir avances importantes pero todavía quedan muchas obras por realizar. Estamos en una situación trascendental porque, o logramos que quienes gobiernan se comprometan a seguir adelante con la recuperación de nuestro río, o la esperanza de tener un río limpio y vivo se habrá roto. El sábado 14 de diciembre tenemos una gran cita con nuestro río. Desde la Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra” te pedimos que participes en esta manifestación para que:
- Los gobernantes se den cuenta que no estamos de acuerdo con la eliminación del Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del río Guadaíra.
- Para tener unas aguas con calidad aceptable que permitan disfrutar de su cauce.
- Para poder contar con unas riberas reforestadas.Para poseer un patrimonio ligado al río restaurado y puesto en valor.
- Para andar o circular sin obstáculos por las riberas de nuestro río y arroyos. Para recuperar una de nuestras señas de identidad.

Tu presencia es muy importante. “¡El río Guadaíra es nuestro, lo queremos vivo!”.


(*) Andaluces de Alcalá forma parte de la Plataforma "Salvemos el Guadaíra".

Andaluces de Alcalá, a 28 de noviembre de 2013.

martes, 26 de noviembre de 2013

Declaración de Asamblea de Andalucía(*) sobre la situación socieconómica de Andalucía

El 23 de octubre pasado se hicieron públicos los resultados de la Encuesta de Población Activa para el tercer trimestre de este año. En Andalucía, estos resultados vuelven a poner de relieve la gravedad de la situación en que nos encontramos. En este tercer trimestre, 6.900 personas paradas más que en el trimestre anterior; en los últimos doce meses, 23.100 parados más; el millón y medio de parados, cada vez más cerca: 1.447.300 en este tercer trimestre. Mientras tanto, en el Estado bajó el paro en 72.800 personas. Con los ocupados ha pasado algo semejante. En Andalucía el número de personas ocupadas descendió en 52.300 en relación con el trimestre anterior; en el Estado la ocupación ha crecido en 39.400 personas. No sólo seguimos a la cabeza del paro en la Unión Europea, sino que la brecha continúa agrandándose: nuestra tasa de paro es ya del 36,4%, más de diez puntos por encima de la media española. Una tasa que se vería aumentada si contáramos a la gente que ya ni siquiera declara que busca empleo ante la dificultad para encontrarlo; esos a los que desde el sistema se consideran “desanimados”.
El paro, como sabemos, es además, históricamente, en nuestra tierra, una herida permanente; cuando se inició el posfranquismo, se presentaba como el principal problema a resolver. En 1981 en Andalucía había 387.100 parados. Más de tres décadas después, nuestro principal problema se ha multiplicado casi por cuatro. En todos estos años, el número de personas desempleadas siempre estuvo por encima de los existentes al inicio del período y puede decirse que desde entonces el paro en Andalucía ha ido en ascenso, con el paréntesis del “boom” inmobiliario, un negocio especulativo que enriqueció a unos pocos a costa de lamentables consecuencias para la mayoría. Durante este “boom” el paro se redujo en 387.400 personas. Desde que explotó la burbuja, en 2007, ha habido un aumento de 995.700 parados en Andalucía. El paro, como ya sabíamos, no es una cuestión coyuntural o circunstancial en nuestra tierra. Es un problema secular que se ha visto profundizado en las últimas décadas.
Un paro asociado a condiciones especialmente desventajosas en el mercado de trabajo: casi cuarenta de cada cien parados andaluces o andaluzas lleva más de dos años en paro (39,6%), más de la mitad de los parados –el 56,2%- no recibe prestaciones por desempleo (cinco puntos por debajo de la media española), la tasa de prestaciones contributivas es del 17,5%, frente al 26,7% como media en el Estado, los salarios están en Andalucía un 10% por debajo de la media de los de la economía española. Condiciones que se traducen en ingresos por persona un 25,3% por debajo de la media en el Estado, o en una población en situación de pobreza o exclusión social que llega en Andalucía al 38,6% frente al 27,0% como media estatal.
Una situación social y económica dramática para una gran cantidad de andaluces y andaluzas, resultado de la trayectoria que viene siguiendo Andalucía, especialmente en los últimos treinta años, en los que hemos seguido profundizando el camino que ya traíamos. Frente a ella, la Junta de Andalucía, ha venido, como principal ocupación, alimentando la dinámica económica que provoca la situación que padecemos. Pensemos, como ejemplo, en su complicidad en la creación y el desarrollo de la burbuja inmobiliaria, facilitando y participando activamente en un “aquelarre” que en Andalucía tuvo una dimensión muy por encima de la media en el conjunto del Estado y cuyos costes sociales y ambientales, en gran medida irreversibles, estamos ahora pagando. Desde el sistema político instituido se contribuyó con entusiasmo a “ordenar” el territorio andaluz a golpe de convenios urbanísticos urdidos a espaldas, o, como ha quedado meridianamente claro después, en contra de la gente, en la trastienda de partidos políticos y empresas. Los profesionales de la política actuaron como gestores o “conseguidores” de negocios hechos en beneficio de ellos mismos y de unos pocos que llenaron sus bolsillos hipotecando el futuro del resto. Un despropósito que se paró “a pesar” de sus promotores y beneficiarios políticos y empresariales. Los mismos que, en medio de condiciones menos favorables, continúan empeñados en que siga el negocio, insistiendo en la conveniencia de poner en marcha actuaciones parecidas, ligadas a la construcción, que muevan grandes cantidades de dinero; megaproyectos que suponen una clara continuidad con la etapa anterior y que hoy toman forma de dragado del puerto o “ciudad de la imagen” en Sevilla, “ensanche sur” en las Marismas del Titán, en Huelva, -“el mayor ‘desarrollo’ urbanístico y comercial de la ciudad de Huelva en los últimos 20 años”-, “El Palmar Gran Resort”, megaproyecto hotelero en la playa de Vejer, macroproyecto urbanístico en el cabo de Gata. Son algunos de los testigos de este empeño por reanimar lo que nos trajo hasta aquí. Algunos ejemplos que pueden ilustrar lo que desde el sistema se entiende por “recuperación”.
Mientras tanto, el Censo de Viviendas de 2011 registró 637.200 viviendas vacías en Andalucía. Esto significa que, en medio de una situación social como la que antes mostrábamos, están sin utilizar un número de viviendas que viene a ser la mitad del número de viviendas construidas en los años de la burbuja inmobiliaria. Al mismo tiempo, en 2012 se llevaron a cabo 13.638 desahucios en Andalucía. ¿Qué clase de economía es esta que se nos impone y que va, no sólo tan en contra nuestra, sino incluso tan en contra de los más elementales principios de sentido común?. ¿Cómo podemos soportar todavía oír hablar, sin que pase nada, de “eficiencia”, de “productividad”, de “competitividad” y de “recortes” en medio de toda esta desmesura?
Tratando de continuar en el poder –en realidad al servicio del poder-, y legitimar este sistema, se manifiestan contra las políticas neoliberales y los recortes quienes a la vez han diseñado y están diseñando y aplicando estas políticas y los recortes. Es el caso del PSOE en Andalucía, que no sólo gestiona y acepta los recortes, sino que lo hace de manera ejemplar. Como señalaba en una declaración el colectivo Andaluces de Alcalá -integrado en Asamblea de Andalucía-, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, Andalucía ha perdido en 2012 un total de 16.343 empleos en su administración, el 6,4% del personal contratado, de modo que el Gobierno de la Junta de Andalucía se encuentra hoy a la cabeza de los recortes en el empleo público. Sólo la Comunidad Autónoma de Murcia ha despedido más empleados públicos en términos de tantos por ciento. El 88% de estos despidos tuvieron lugar en los sectores “intocables” de la Sanidad y la Educación. Pero no nos referimos sólo a esta aplicación ejemplar de las políticas neoliberales, sino también al propio diseño de las mismas. Porque se culpa a Bruselas de imponerlas, -en realidad las impone el capital financiero a través de sus gestores en la política-, pero ¿quién “gobierna” en Bruselas? ¿No “gobiernan” Bruselas las versiones europeas del PSOE y el PP? Como muestra, ahí tenemos a un miembro destacado del PSOE, comisario europeo de la competencia y vicepresidente de la Comisión Europea-, Joaquín Almunia, guardián del orden “comunitario”, advirtiendo de que “las propuestas de Bruselas son órdenes para España” (El País, 25 de junio de 2013), además de amenazar como portavoz de Bruselas, de que Cataluña “se quedará fuera de la Unión Europea” si se separa de España.
Claro que por si teníamos alguna duda de la envergadura de la traición de quienes se dicen “nuestros representantes” ahí tenemos los paliativos que desde “la izquierda” se ofrecen a nuestra lamentable situación socioeconómica: los Decretos de Vivienda y Exclusión social de la Junta de Andalucía. En el caso del decreto llamado “de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda”, los mismos que han alimentado y se han beneficiado del crecimiento desmesurado de la construcción de viviendas con fines especulativos, tienen la osadía de denunciar, en la exposición de motivos del Decreto, la existencia en Andalucía de “un desorbitado parque de viviendas sin uso o infrautilizado y una demanda insatisfecha”. Planteado después de una fuerte presión social con motivo de los desahucios, -uno de los resultados más sangrantes de la estrecha colaboración entre banqueros y políticos-, el Decreto, pregonado a bombo y platillo como decreto “antidesahucio”, proponía algo no muy diferente de lo que ya había propuesto el PP: prorrogar los desahucios, tres años en lugar de dos como los aplazaba el PP. Suspendido a sus tres meses de vigencia, en una muestra más de que esta autonomía no nos sirve, han llegado a prorrogarse 12 casos de desahucios, de las varias decenas de miles pendientes. En el caso del Decreto sobre “medidas urgentes contra la exclusión social”, la parte más importante se dedica a ayudas para contratar a personas desempleadas por parte de los ayuntamientos. En Andalucía hay más de tres millones de personas por debajo del umbral de la pobreza o en exclusión social. Con lo presupuestado en el Decreto, 40 millones de euros, si fueran 40.000 personas las que se beneficiaran de un contrato al año cabrían a 83 euros mensuales por persona. “El señor don Juan de Robres, con caridad sin igual, hizo este santo hospital… y también hizo los pobres” (Iriarte). ¿Hasta cuándo estaremos dispuestos a seguir soportando esta situación? 

ASAMBLEA DE ANDALUCÍA
24 de noviembre de 2013


(*) Andaluces de Alcalá participa del proyecto de Asamblea de Andalucía.

lunes, 25 de noviembre de 2013

Éxito en la tercera ruta cultural organizada por Andaluces de Alcalá.

NOTA DE PRENSA

El pasado domingo 24 de noviembre se desarrolló la tercera experiencia del ciclo “Rutas culturales: Identidad, Patrimonio y Sociedad” que el colectivo ciudadano “Andaluces de Alcalá” ha puesto en marcha con carácter mensual desde el pasado mes de septiembre. En esta ocasión, la ruta contó con la presencia del “Ateneo Andaluz de Dos Hermanas” y de la “Asociación Paz y Bien”, que junto a otros ciudadanos, en torno a 60 personas, disfrutaron de las explicaciones y del desconocido paisaje que esconden las “terrazas fluviales del Guadalquivir”, destacando el magnífico mirador ubicado en la “loma del acebuchal” desde se pueden observar prácticamente todos los accidentes geológicos de Andalucía occidental.

La presente ruta, guiada por David Cristel Gómez Montblanch (Doctor en Geografía) y miembro del colectivo Andaluces de Alcalá, mostró aspectos sobre geología, geomorfología y paisajes del espacio geográfico ubicado entre Los Alcores y Sevilla. Así mismo, también destacó la contribución de la ciencia andaluza, en sentido amplio, al progreso de las ciencias naturales en el contexto de “la edad de plata de la ciencia española (1868-1936)”. 

Desde Andaluces de Alcalá agradecemos a todos los participantes su asistencia y animamos a tod@s l@s alcalareñ@s a participar en las nuevas rutas que próximamente iremos desarrollando a partir de enero de 2014.
Durante el mes de diciembre no se desarrollará esta actividad. 

Andaluces de Alcalá, a 25 de noviembre de 2013.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Andaluces de Alcalá por el comercio justo y la compra pública ética.

El Comercio Justo es una asociación comercial que se basa en el diálogo, la transparencia y el respeto, y que intenta conseguir más igualdad en el comercio internacional. Este modelo comercial contribuye al desarrollo sostenible porque ofrece mejores condiciones comerciales a los trabajadores marginados, especialmente en el Sur, y protege sus derechos. Las redes mundiales de Comercio Justo establecen estos diez principios rectores: 


  • Creación de oportunidades para grupos productores desaventajados 
  • Transparencia y funcionamiento democrático para beneficiar las necesidades básicas de las comunidades productoras y a los consumidores 
  • Relación comercial equitativa y a largo plazo con los productores 
  • Precio Justo a los productores que cubra los costes de una producción y un modo de vida digno 
  • Lucha contra la explotación laboral infantil 
  • Equidad de género 
  • Condiciones laborales dignas, protegiendo los derechos humanos y de los trabajadores 
  • Construcción de capacidades y asistencia para los grupos productores desaventajados 
  • Información y sensibilización sobre Comercio Justo 
  • Cuidado del medio ambiente 
En este contexto, las Administraciones Públicas pueden y deben jugar un papel fundamental en la promoción del Comercio Justo como herramienta para la cooperación. Además pueden ejercer su influencia social para favorecer comportamientos ciudadanos afines a este modelo y promocionar la implantación de experiencias de comercio justo a nivel local así como jugar un importante papel en la difusión y sensibilización.
Así mismo, es muy importante que las Administraciones incorporen a su política y procedimientos los valores asociados al movimiento del Comercio Justo, e introduzcan criterios éticos en sus prácticas de carácter comercial. En ese sentido, desde Andaluces de Alcalá proponemos que nuestra localidad abogue por la Compra Pública Ética.
La Compra Pública Ética consiste en que los contratos públicos introduzcan criterios éticos relativos al cumplimiento de convenciones internacionales y estándares sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos de los trabajadores, lucha contra el trabajo infantil, y se de preferencia en las compras públicas a aquellos proveedores y productos que apuestan por criterios o estándares más exigentes, como son los estándares de Comercio Justo.
Desde Andaluces de Alcalá, proponemos la adopción de un Plan Local de Comercio Justo que implique:
  • La creación de herramientas de intercambio de experiencias para fomentar el Comercio Justo 
  • La presentación al Pleno del Ayuntamiento del modelo de adhesión a la Red de Ciudades por el Comercio Justo y la Compra Pública Ética 
  • Dar presencia pública al Comercio Justo y el programa Ciudad por el Comercio Justo en la web municipal 
  • Celebrar jornadas técnicas a propósito de la incorporación del Comercio Justo en las contratación públicas 
  • Desarrollar un programa de charlas formativas y actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, al sector empresarial y la comunidad educativa 
  • Establecer un encuentro anual en Alcalá de Guadaíra sobre el programa de ciudad por el Comercio Justo donde se den a conocer y se profundicen en estas experiencias 
Desde Andaluces de Alcalá, saludamos las iniciativas ciudadanas que promocionan el comercio justo, felicitamos a los colectivos locales implicados en estas dinámicas y reivindicamos un Plan Local de Comercio Justo con los contenidos señalados. Apostar por un modelo económico alternativo debe ser prioritario para salir de la crisis, crear empleo y construir un modelo socioeconómico que satisfaga las necesidades de los vecinos de Alcalá.


Andaluces de Alcalá, a 20 de noviembre de 2013.

martes, 12 de noviembre de 2013

Andaluces de Alcalá ante la parálisis del Pacto Local por el Empleo.

Pese a que todos los grupos políticos de nuestro ayuntamiento aprobaron antes del verano en sesión de Pleno Municipal la puesta en marcha de un Pacto por el Empleo en Alcalá, nada de esto se ha materializado. Y lo más grave aún, ni siquiera se ha comenzado seriamente a realizar ningún trabajo preparatorio para poder articular medidas contra el paro.
Sin duda, la creación de empleo es una de las necesidades más perentorias para Alcalá de Guadaíra, fuertemente azotada por la "desindustrialización" y el desempleo. No obstante, a nuestros gobernantes no parece preocuparles este asunto lo más mínimo y se conforman con declaraciones grandilocuentes de cara a la galería. El consenso político a este respecto es alarmante.
Desde Andaluces de Alcalá reclamamos nuevamente (tal y como venimos haciendo desde el 5-8-2010) la convocatoria urgente del Pacto Local por el Empleo. Esta convocatoria debe estar abierta a todos los sectores implicados y servir para trabajar en torno a un plan de medidas que generen empleo y dinamicen la vida económica local.
No tienen ya ningún sentido la proliferación de eslóganes vacíos como el “Foro de Ideas e Iniciativas de Alcalá”, “Atticus” o el “Pacto Local por el Empleo” si se quedan en meras palabras vacías de contenido.
Por ello, desde Andaluces de Alcalá, entre otras medidas, proponemos:
- La participación activa de un número amplio y representativo de interlocutores sociales. Esta clave es esencial para integrar al conjunto de la población y dotarnos de una herramienta útil para salir de la crisis.
- El cambio de modelo económico, para apostar por medidas estructurales que garanticen un futuro de empleo y bienestar social frente a la incertidumbre y la degradación del sistema capitalista.
- El protagonismo del sector público, la economía social y las empresas mixtas como eje vertebrador de una economía al servicio de las necesidades de las personas y no orientada a la conveniencia de los grandes inversores privados y a maximizar beneficios para las grandes fortunas.
- El compromiso de todos para que la erradicación de la precariedad laboral y la emigración de la mujeres y los jóvenes alcalareños sea la prioridad del plan socioeconómico.
- El apoyo a la pequeña empresa local y el compromiso de no privatizar ni subcontratar ningún servicio municipal así como el establecimiento de pliegos de condiciones que primen a las empresas que generen empleo de calidad y reduzcan la jornada para crear empleo.
- El rechazo a la utilización de Agencias Privadas de Colocación y de Empresas de Trabajo Temporal.
- El fomento de la actividad agrícola, la creación de canales cortos de comercialización y la reordenación del comercio local.
- El desarrollo de un Plan Energético y de Movilidad que priorice la utilización de fuentes renovables y prime el transporte colectivo, así como los no contaminantes.
Entendemos que esto no es un asunto menor, que merece absoluta prioridad y que los alcalareños no merecemos la desidia de nuestros gobernantes. Por ello, subrayamos una vez más la importancia estratégica de implementar un modelo socioeconómico adecuado a nuestra realidad geográfica y cultural, y reclamamos que se ponga en marcha de verdad el Pacto Local por el Empleo. Así mismo, esperamos que se recojan, entre otras, las iniciativas expuestas y se intervenga de manera coordinada y eficaz en una ciudad que, con cerca de quince mil parados, se encuentra ya en una situación de extrema gravedad. 
Desde nuestro colectivo, exigiremos las responsabilidades oportunas a quienes nos gobiernan y seguiremos proponiendo alternativas constructivas para combatir el paro en Alcalá de Guadaira. El empleo es prioridad y es tarea de todos.

Andaluces de Alcalá, a 12 de noviembre de 2013.

jueves, 7 de noviembre de 2013

Nota de prensa del colectivo Andaluces de Alcalá ante la actuación en la galería de Oromana.

Hace cuestión de dos semanas, nuestro colectivo publicó en la sección “Foto denuncias” una imagen de una de las muchas galerías que recorre nuestro subsuelo y que se tituló: “Ojos que no ven, patrimonio que se resiente”. Esta foto se acompañó de un texto muy explícito sobre la situación en la que se encuentra este sensible y valioso patrimonio, cuya omisión de responsabilidad de conservación y desconocimiento por parte de administraciones y ciudadanos es más que evidente.
Ante esta denuncia, esta precisa semana apareció recogida en varios medios de comunicación una propuesta de actuación en la galería de Oromana con objeto de limpiar uno de los múltiples tapones de esta galería para que el manantial siguiera su curso por las diferentes fuentes existentes en el entorno del Parque de Oromana.
Ante esta noticia, Andaluces de Alcalá se congratula, no solo por el hecho de que las administraciones tomen conciencia y actúen, sino también por la acción fiscalizadora y participativa que viene siendo la seña de identidad de este colectivo, demostrando que la acción ciudadana conjunta y participativa tiene gran capacidad de influencia en la “cosa pública”.
De esta manera, desde Andaluces de Alcalá animamos a todos los ciudadanos preocupados por su ciudad a que se unan a nuestro colectivo para crear una respuesta enérgica, democrática y participativa frente a la tradición política elitista y selectiva basada en el sistema de partidos.



Andaluces de Alcalá, a 6 de noviembre de 2013.

lunes, 4 de noviembre de 2013

Andaluces de Alcalá contra la cadena perpetua

La reforma penal anunciada por el Ministro viene enmarcada, como tantas otras que han ido conformando el actual Código Penal, por el populismo punitivo, caracterizado por resultar ser endurecedor de penas y generador de nuevos delitos. El pasado 20 de septiembre de 2013, bajo el desacertado título “El Gobierno aprueba una reforma del Código Penal que facilita la persecución de los corruptos”, el Gobierno anunciaba públicamente la aprobación en el Consejo de Ministros del Proyecto del Código Penal de Alberto Ruiz-Gallardón.
Esta reforma penal tan solo busca el mantenimiento y ampliación de la sociedad de la seguridad. En esta sociedad se reclaman incansablemente más policías, comisarías y cárceles como única forma de búsqueda de una sociedad con miedos, apresurada incluso a perder libertades y garantías.
Entre otras instituciones, se establece la prisión permanente revisable (PPR) o cadena perpetua revisable –para hablar sin eufemismos- en los siguientes casos: homicidios terroristas, homicidios de jefes de Estado, homicidios en caso de genocidios y delitos de lesa humanidad, aquellos genocidios que vayan acompañados de agresión sexual, y a asesinados calificados por la doctrina como “especialmente graves” (cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable, cuando sea subsiguiente a un delito de agresión sexual, cuando se trate de un asesinato múltiple, o cuando el asesinato haya sido cometido por miembros de una organización criminal).
Las personas que hayan cometido estos delitos  permanecerán en la cárcel de por vida, sin posibilidad real de revisión de su pena o reinserción de la sociedad, obviando que las penas privativas de libertad tienen en nuestro país fines ya establecidos en la Constitución y que son la reinserción y la reeducación. A ellos debe orientarse la legislación penal y la política penitenciaria de manera necesaria.
Pese a que el Proyecto establece los plazos en que una persona condenada a PPR podrá acceder al tercer grado (20 años de prisión efectiva para delitos de organizaciones y grupos terroristas y 15 años para el resto de casos), así como la posibilidad de disfrutar de permisos de salida una vez cumplidos (12 años de prisión para el caso de los delitos de organizaciones y grupos terroristas, y 8 años para el resto de casos); la realidad es que tanto la normativa penitenciaria como las normas internas dictadas por Instituciones Penitenciarias imponen una serie de requisitos y unas “variables de riesgo” a considerar que hacen su práctica imposible aplicación real. Lo mismo podemos decir de la libertad condicional, que pasa con el actual Proyecto a ser una suspensión de la pena en lugar de un beneficio penitenciario, y cuya concesión, igual que en los casos anteriores resulta imposible por el tipo de delito que los condenados con PPR  han cometido.
¿Cómo va a tener una persona que ha cometido delitos tan graves un “pronóstico favorable de reinserción” (Proyecto), si ha estado al menos 15 años privado de libertad? ¿Qué medidas enfocadas a la reinserción y reeducación de esa persona van a aplicársele para facilitar su acceso al tercer grado, a los permisos o a la libertad condicional? En el Proyecto, nada se prevé a este respecto.
Por lo expuesto, rechazamos un proyecto que nos retrotrae a tiempos preconstitucionales pues la cadena perpetua fue eliminada del Código Penal en 1932 y la pena de muerte con la Constitución de 1978. El sistema penal no puede obedecer a criterios anacrónicos de venganza, y debe intervenir lo menos posible en la vida de las personas, reservándose a aquellas conductas de especial "desvalor social", y no ser un mero instrumento al servicio del Gobierno de turno.
Desde Andaluces de Alcalá nos oponemos a la cadena perpetua y a la justicia penal regresiva que postula el Gobierno del PP y creemos que los recursos y medios disponibles, en lugar de emplearse para reprimir, deben orientarse a establecer mecanismos e infraestructuras suficientes para garantizar posibilidades de reinserción reales y propiciar un sistema penal moderno y que garantice el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas.


Andaluces de Alcalá, a 4 de noviembre de 2013.