lunes, 29 de julio de 2013

Andaluces de Alcalá ante la próxima reforma de las pensiones

El pasado 7 de junio de 2013 se hizo público el Informe del Comité de Expertos sobre el factor sostenibilidad del sistema público de pensiones. En síntesis, este informe –elaborado en el tiempo récord de apenas un mes- plantea que debe incluirse un factor que “corrija de forma acompasada y distribuida en el tiempo” los elementos potenciales de insostenibilidad o desequilibrio que presenta el actual sistema de reparto. Esto se realiza a través de la definición de:
a) Factor de equidad intergeneracional para las nuevas pensiones de jubilación.
b) Factor de revalorización anual para todas las pensiones.

En definitiva, parece que comienzan a ponerse algunas de las primeras piedras de lo que pudiera ser el inicio del proceso privatizador de la Seguridad Social a la que el Programa Nacional de Reformas emprendido por el Gobierno quiere conducirnos. De hecho, el pasado 8 de julio en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, la ministra Bañez ya anunció que para el próximo mes de septiembre tendremos preparado el Anteproyecto de ley que reformará las pensiones.
El actual sistema viene funcionando desde hace décadas con un éxito razonable pues ha alcanzado cierto grado de estabilidad presupuestaria y desarrolla una interesante función de cohesión social. Sin embargo desde hace meses se nos bombardea con la “inviabilidad” del sistema de protección cuando en realidad el problema de fondo no es otro que el desempleo y la política económica de los gobiernos neoliberales. De hecho, y a pesar de las mismas, el Fondo de Reserva de las Pensiones aún permite el equilibrio del sistema y tiene previsiones para al menos otro quinquenio aún en condiciones económicas muy adversas.
Sin embargo, merece la pena plantearnos algunos interrogantes:
¿Estamos ante una Reforma coyuntural o estructural de la Seguridad Social?
¿Por qué el gasto público español en pensiones equivale solo al 10,7 % del PIB -1862 euros por habitante- cuando la media europea asciende al 13 % -2769 euros por habitante-?
¿Por qué no se reordenan las prestaciones de incapacidad permanente, viudedad, muerte y supervivencia que provienen de inicios del siglo pasado y se regulan las prejubilaciones?
¿Por qué no se eliminan las mutuas patronales como gestoras de la salud de los trabajadores accidentados o enfermos a causa del trabajo?
¿Por qué no se unifican los regímenes de Seguridad Social y se produce la integración europea del sistema de protección?
¿Por qué existen topes máximos de cotización?
¿Por qué determinadas mutualidades profesionales –abogados, procuradores, arquitectos, químicos, etc.- no son de carácter exclusivamente complementario?
¿Por qué no se permite el trabajo por cuenta propia a tiempo parcial?
¿Por qué no se establece la nulidad de los despidos de los trabajadores de más de 52 años?
¿Por qué se potencian los despidos colectivos en vez de restringirlos?
¿Por qué no se sustituye el desempleo asistencial por un programa nacional de empleo donde se abonen salarios dignos a cambio de trabajo y no se oferten ayudas a cambio de nada?

Sin duda, desde Andaluces de Alcalá entendemos que es absolutamente necesario alcanzar un amplio consenso social que solo puede ser fruto del debate sosegado y con tiempo. Rechazamos por tanto, las reformas precipitadas y turbulentas, que solo pueden conducir al descontento social y a maniobrar con la Seguridad Social para beneficio de los espúreos intereses de la banca y las aseguradoras privadas, que tienen el punto de mira fijado sobre este suculento “nuevo nicho de mercado”.
De igual manera denunciamos la última subida de los pensiones operada en noviembre de 2012 y que revalorizaba tan sólo con el 1% las prestaciones. Conforme establecen los artículos 48 y 52 LGSS, corresponde una subida mínima del IPC, que ascendió al 2,9%. Por ello, animamos a todos los beneficiarios a reclamar la subida del 1,9% que por ley le corresponde. Las primeras reclamaciones han sido estimadas judicialmente (hay sentencias en tal sentido de los Juzgados de lo Social número 1 de Burgos y número 4 de Donostia).
Desde Andaluces de Alcalá denunciamos las prácticas privatizadoras de los gobiernos neoliberales, planteamos que la Seguridad Social es un bien común que no debe someterse a los vaivenes de los mercados y apostamos por un sistema público, que sea cada vez más fuerte y al que se destinen cada vez mayores recursos a fin de que pueda perfeccionar sus funciones de redistribución de rentas y cohesión social. 


Andaluces de Alcalá, a 29 de julio de 2013.

lunes, 22 de julio de 2013

Andaluces de Alcalá ante la falta de planificación en Obra Pública y su importancia frente a la problemática de movilidad interurbana

Si afirmásemos que Alcalá de Guadaíra es una de las ciudades mejor conectadas de la provincia de Sevilla, probablemente tendríamos razón. Nuestro municipio cuenta con una red de viarios de primer y segundo orden, a todas luces, sobredimensionada (A-92, SE-40, A-392, A-376, SE-410) y ello se explica por el grave problema de movilidad existente, donde el vehículo privado tiene más protagonismo que el depauperado sistema público de transportes. Es la falta de previsión en lo relativo a la ordenación del viario y los medios de transporte, unido a otros aspectos torticeros, lo que ha provocado que en la actualidad la opción de cualquier desplazamiento interurbano desde nuestra ciudad se vea reducida casi exclusivamente al uso del vehículo privado con el consiguiente perjuicio ambiental.
En tal sentido y por diferentes aspectos, cobra relativa importancia la presencia de dos proyectos de obra pública inacabados o con su finalización pospuesta sine die. Uno de ellos se ha justificado con el objetivo de “fortalecer” la movilidad entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas –desdoblamiento de A-392- y otro cuya inversión tiene como justificación mejorar la movilidad entre nuestro municipio y Sevilla –tranvía Alcalá de Guadaíra a Sevilla-. 
Recientemente ha sido noticia en prensa que un partido de la oposición de nuestro ayuntamiento había denunciado que después de unos meses de abandono, la obra de desdoblamiento del viario que une nuestra ciudad con Dos Hermanas (A-392) había quedado abandonada definitivamente con solo un 30% ejecutada –cosas de la crisis-. No obstante, el problema es aún mayor, puesto que a la inversión directa para la ejecución de este tipo de obras desde su licitación, incluyendo gasto en expropiaciones, se une el incontable perjuicio que ha acarreado para los usuarios de esta vía y todo para qué ¿Qué sentido tenía y tiene la ejecución de esta obra pública? 
El objetivo, según el equipo municipal y sus colegas de la oposición, era unir las dos localidades con mayor población de la provincia de Sevilla con un viario de doble vía que posibilitara un tráfico fluido. Hasta aquí todo correcto, pero ¿la movilidad entre ambas ciudades requería tal inversión? ¿no estaba ya prevista la ejecución de la SE-40, que según su lógica capitalista solucionaría los problemas de movilidad, suponiendo que éstos existan y según el modelo americano del uso prioritario del vehículo privado?
Volviendo al tema inicial y afirmando que Alcalá está bien conectada con las ciudades de su entorno mediante viarios diseñados para el medio de transporte privado, cabe añadir que su accesibilidad sigue siendo una asignatura pendiente, pues todos los viarios que supuestamente, en esencia, mejorarían la conectividad mediante la fluidez del tráfico, sin embargo al llegar a nuestra localidad se encuentran con los llamados “cuellos de botella” remitiendo a dos ejemplos concretos del viario cuya obra ha sido paralizada y cuya ejecución, a nuestro juicio, carece de sentido. 
Cuando se accede por el viario A-392 procedente de la vecina localidad de Dos Hermanas tenemos dos opciones para acceder a nuestra ciudad a partir de la rotonda ubicada en las inmediaciones de “Chaparrejo”, por un lado el viario de acceso por el “puente del dragón” y por otro, el viario de acceso por el puente situado junto al de Carlos III (popularmente conocido como puente romano). Pues bien, en ambos casos para intentar acceder a uno de los principales elementos de centralidad, que bien podría ser el Ayuntamiento de nuestra ciudad, los problemas son manifiestos: en el primer caso, el acceso natural sería por la calle Orellana, pero viendo la estrechez de la vía –a pesar de haber podido ejecutarse el ensanchamiento de la vía en su momento- y ser de una sola dirección, el resultado es que es imposible acceder debiendo utilizar un itinerario que es a todas luces dificultoso dada la estructura viaria urbana existente, por consiguiente la movilidad pierde toda su fluidez. En el segundo caso, se accedería por un viario reducido a un solo carril y por un puente muy limitado para el tráfico que suele concentrarse allí, añadiendo la prioridad lógica del peatón que necesariamente ha de pasar por allí si está visitando los parques de las riberas del Guadaíra. Como vemos, en ambos casos se perdería la supuesta fluidez que, en teoría, justifica tales inversiones, de manera que nos declinamos por otros criterios torticeros que nada tienen que ver con solucionar los problemas de movilidad que padece nuestra ciudad.
El siguiente viario inacabado y cuya fecha de ejecución también ha quedado pospuesta sine die es el tranvía. Un tranvía, cuyo diseño podría ser más que cuestionable, pero cuya ejecución es una cuestión prioritaria para solucionar los problemas de movilidad interurbana que padecen nuestros conciudadanos.
Al tranvía, cuya obra está paralizada desde 2011, le resta aún la ejecución del 25% del viario y no parece que se vaya a invertir un solo euro más en los próximos años. Además, la inversión restante para la finalización de su trazado y su puesta en funcionamiento (catenarias, tendidos eléctricos, semáforos, puestos de mando, coste de los vehículos o trenes…) ascendería a unos 75.000.000 €, cantidad inferior a la aprobada para invertir en un tramo de 8 km de SE-40 que va a unir a nuestra ciudad con Dos Hermanas, cuyo presupuesto asignado es de 98.000.000 €. Aquí volvemos a plantearnos algunas cuestiones ¿de verdad es necesaria la SE-40? ¿soluciona algún problema de movilidad? ¿por qué se antepone siempre en la inversión en obra pública el transporte privado al transporte público a escala urbana o metropolitana y sin embargo la inversión en alta velocidad parece carecer de límite a pesar de su menor demanda ciudadana?
Aparte de lo expuesto hasta ahora, también cabría destacar el problema del mantenimiento de los tramos ya ejecutados donde es posible apreciar el pillaje y el vandalismo en su máximo esplendor, eso sí nos podemos consolar con que el gasto de su reparación será a todas luces inferior a lo que resta por ejecutar… o no.
En medio de todo este sinsentido, de toda esta falta de previsión y escaso rigor de la más elemental política de ordenación del territorio, recalcamos, atribuible a criterios torticeros que nada tiene que ver con la excelencia técnica que existe en esta materia, aparece la nota tragicómica envuelta en un pérfido cinismo de la Consejería de Fomento y Vivienda que, tras recortar toda la inversión pública en la ejecución del citado tranvía e invirtiendo en la ejecución de las líneas de metro de otras capitales de provincia –aspecto que valoramos positivamente-, viene que aún continúan afirmando que la ejecución y del tranvía de Alcalá de Guadaíra ¡es una obra prioritaria!
Por consiguiente, desde el colectivo Andaluces de Alcalá consideramos que la inversión pública debe contar con un mayor control colectivo y estar planificada acorde a la valoración técnica real y no a otros intereses generalmente oscuros, pues el resultado de la plasmación de estas políticas inconexas es un territorio cuyo viario carece de sentido, que alberga un paisaje cada vez más transformado y menos diverso y con unos problemas de movilidad que afectan negativamente a la calidad de vida de sus habitantes. 
A su vez, instamos a nuestro Ayuntamiento a que exija, por el bien de la ciudadanía, la ejecución de la totalidad de la plataforma reservada al tranvía y su puesta en funcionamiento en el plazo más corto de tiempo, pues consideramos que este servicio público de transporte es vital para el desarrollo presente y futuro de nuestra ciudad.



Andaluces de Alcalá, a 22 de julio de 2013.

jueves, 11 de julio de 2013

Declaración pública del colectivo "Asamblea de Andalucía*" sobre la represión contra el Sindicato Andaluz de Trabajadores

Ante la intensificación de multas, sanciones y otras medidas represivas contra muchos afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores y de otras organizaciones populares andaluzas, y ante la detención de Diego Cañamero, secretario general de dicho sindicato por “desacato a la justicia”, al negarse a comparecer y declarar ante el juez por la acusación de ocupación de tierras y otros actos presuntamente delictivos, el colectivo Asamblea de Andalucía, a través de su Coordinadora, quiere hacer público lo siguiente:
1. Rechazamos la represión gubernamental y judicial contra los movimientos sociales, sindicales y políticos que están hoy luchando contra un sistema económico-político injusto, corrupto y contrario a los intereses del pueblo andaluz y de todos los pueblos y sectores populares del Estado Español.
2. Denunciamos la impunidad con la que actúan la gran mayoría de los verdaderos delincuentes, miembros de la mafia financiero-política que nos domina y “gobierna”, que son directos responsables de la ruina de las administraciones públicas, han saqueado las antiguas Cajas de Ahorro, se han enriquecido engañando a los suscriptores de hipotecas y a los pequeños ahorradores, y practican sistemáticamente el fraude fiscal y la evasión de capitales. Exigimos que todo el peso de la Justicia caiga sobre ellos, sea cual sea su rango, en lugar de cebarse contra los integrantes de organizaciones y movimientos que denuncian el actual estado de cosas y la putefracción del sistema.
3. En la actual crisis financiera, económica, política y de valores, el sistema judicial debería ser garante de la legitimidad democrática y defensor de los derechos colectivos e individuales frente a la voracidad y prácticas corruptas del poder financiero y de sus cómplices políticos. También habría que exigirle que interpretaran las leyes no desde la lógica del poder dominante sino teniendo en cuenta las circunstancias sociales, aquí y ahora reflejadas en la emergencia bajo la que viven millones de andaluces. En un Estado Social de Derecho, la función social de la propiedad privada y el carácter de Bien Común de la tierra y otros elementos fundamentales para la Vida son dos principios que deberían regir en todos los casos la actuación de la Justicia. Sin ello, el poder judicial se deslegitima a sí mismo y deja de cumplir su función básica.
4. Nos solidarizamos con quienes están hoy perseguidos por la Justicia precisamente por aspirar a una sociedad más justa e igualitaria y a una Andalucía Libre de caciques y corruptos de viejo y nuevo cuño y Libre de un sistema económico-político que condena a los andaluces a la dependencia económica (y a muchos de ellos al hambre y otra vez a la emigración), la subalternidad política y la degradación de nuestra cultura.


*Andaluces de Alcalá participa del proyecto de Asamblea de Andalucía.


Andaluces de Alcalá, a 11 de julio de 2013.

lunes, 8 de julio de 2013

Andaluces de Alcalá ante la organización obrera sindical

Al observar el funcionamiento de los aparatos sindicales, nos hace pensar que la organización de los trabajadores poco tiene que ver con su sentido original. El trabajo de base, desarrollado en el tajo, en la empresa, en el pueblo, en la calle y con la gente ha quedado, en gran medida, relegado a un apartado en los libros de historia de secundaria y bachillerato. En la sociedad actual, la mayor parte de la población muestra un claro desafecto hacia estas organizaciones. ¿A qué se debe esta crisis de legitimidad?
Más allá del papel desafortunado que ciertos líderes sindicales han podido desempeñar en momentos concretos, la crisis del sindicalismo entronca con transformaciones profundas de nuestro sistema económico, con la fagocitación de los aparatos sindicales por el sistema capitalista, que los ha convertido en piezas claves de control social y, en algunos casos, con la incapacidad del sindicalismo de clase a la hora de elaborar estrategias, discursos y comportamientos éticos que entronquen con la ciudadanía para avanzar en la transformación de la sociedad. Aunque es cierto que el mundo del trabajo ha cambiado demasiado desde que naciesen los grandes sindicatos fabriles del siglo XIX y comienzos del siglo XX, conserva su esencia, el trabajador manual o intelectual sigue vendiendo su fuerza de trabajo. 
Desde que nace la sociedad capitalista, tres son los factores fundamentales que intervienen en su desarrollo: trabajo, recursos naturales y capital. La globalización ha generado desequilibrios en relación con la acumulación de capital o con la explotación de los recursos naturales, provocado transformaciones profundas entre los tres elementos y estos entre sí y los Estados nacionales que, junto al avance tecnológico, han propiciado un mayor dominio del capital sobre la sociedad, la naturaleza, la política y sobre los Estados. De esta forma el capital ha conseguido, en gran medida, romper los lazos de dependencia que un día sostuvo con el factor trabajo. Actualmente el capital es reproducido, con frecuencia, sin que los trabajadores intervengan en el proceso. No obstante, no es menos cierto que el trabajo asalariado ocupa a muchos más millones de seres humanos que en cualquier otro momento de la historia, aunque para contemplar a cientos de trabajadores hacinados en una textil o a la salida de una boca de una mina, cada vez más, tengamos que situarnos en India, Bangladés, China o Sudáfrica, por poner algunos ejemplos. 
Nos enfrentamos a los efectos de la globalización, de la competencia a nivel mundial y en cada economía nacional, a la reducción de costos, especialmente salariales, a la depredación masiva de los recursos naturales, al incremento de producción, de la productividad, de la flexibilidad o al fraccionamiento de los procesos productivos. La temporalidad y la precariedad se han impuesto en la mayor parte de los sectores laborales. El trabajador fijo, que pasaba toda una vida en un mismo puesto de trabajo, casi ha desaparecido. En su lugar observamos la emergencia de un nuevo paisaje de trabajadores temporales, que entran y salen constantemente de sus puestos de trabajo, que cambian de empresa, de ciudad y de sector profesional, y que a menudo trabajan sin contrato o con contratos fraudulentos. Ante este panorama, los sindicatos no pueden seguir encerrados en exclusiva en los centros de trabajo. Para estar con los trabajadores hay que salir a las calles, a las plazas y a las casas. La clase obrera hoy es el trabajador de la siderurgia, pero también el camarero, el estudiante, el inmigrante, el parado y el ama de casa. Para involucrarlos en la lucha sindical es necesario conectar ésta con los problemas de los barrios, con el ataque a los servicios públicos, con los derechos de las minorías culturales y con la apuesta por la economía social.
En este contexto económico, que denominamos neoliberalismo, el sindicalismo, entendido como organización activa de personas en defensa de sus derechos laborales y sociales, necesita asumir estos cambios y, al mismo tiempo, realizar una profunda autocrítica, para ganar efectividad y desempeñar el papel central que le pertenece en la gestación de otro mundo más justo.
Lentamente, se van consolidando alternativas sindicales que intentan llevar a cabo estos nuevos planteamientos. Las marchas obreras que el SAT desarrolló el pasado verano son un buen ejemplo. El desarrollo de cooperativas agrícolas, las marchas de interinos docentes o las concentraciones contra el paro permiten visibilizar a esa nueva clase obrera precarizada e invisibilizada. La incorporación activa de estos sectores es crucial para avanzar hacia un modelo económico diferente, que blinde los derechos de las personas frente a la lógica depredadora de nuestro sistema económico.
Desde el colectivo “Andaluces de Alcalá” entendemos que urge la consolidación de una alternativa sindical que avance en este sentido. Para ello, consideramos como imprescindible que un modelo sindical que:
- Sea totalmente horizontal en sus estructuras organizativas. Uno de los principales problemas de las grandes centrales sindicales ha sido la deriva hacia fórmulas verticales de organización, que alejan a los trabajadores de la toma de decisiones y a los dirigentes de la realidad de la calle. Frente a esta tendencia, es preciso devolver el protagonismo a la gente mediante fórmulas participativas y asamblearias. Esto debe ser compatible con la imprescindible efectividad y disciplina a la hora del cumplimiento de los acuerdos democráticamente asumidos. 
- Sea concebido sin burócratas. La organización de los trabajadores debe nacer de su lucha activa por los derechos laborales, sindicales y sociales. La intermediación de “expertos”profesionalizados ha tenido un efecto devastador y se ha traducido en la desmovilización de los trabajadores y la parálisis de sus redes asociativas.
- Sea asambleario. En unos mercados de trabajo precarios y escasamente regulados, los problemas de los trabajadores cambian y se diversifican. Para dar una respuesta adecuada a cada caso, hay que trasladar el poder de decisión a los niveles de organización de base. La maquinaria burocrática y vertical debe ser sustituida por la partiicpación activa de los trabajadores afectados a través de asambleas.
- Se vertebre mediante uniones locales, ligando así al trabajador a su territorio y ámbito de actuación. Es importante la presencia del sindicalismo en la empresa, no obstante, este debe estar estrechamente ligado al territorio donde se encuentra el centro de trabajo. El territorio local ofrece un escenario desde el que vertebrar un proyecto para los trabajadores. Más allá de la mera defensa de condiciones de trabajo particulares, la fórmula de uniones locales permite conectar con los movimientos sociales, involucrar a los parados y estudiantes, dar respuesta a la problemática de los barrios e incluso explorar fórmulas de economía social.
- Sea netamente andaluz. Para dar una respuesta efectiva a la población, el sindicalismo debe ser construido dentro de los códigos culturales de la gente. La lucha del campo, astilleros en la bahía de Cádiz, o la misma industrialización fantasma de Alcalá, como ejemplo, hacen de Andalucía un escenario con unas condiciones diferentes a las del resto del Estado. Para construir una respuesta coherente con esta realidad es necesario apostar por un sindicato andaluz fuerte y construido desde la base.
- Apueste por el modelo cooperativista como arma para salir de la crisis capitalista. Para blindar a largo plazo los derechos de los trabajadores es preciso que se involucren en proyectos económicos propios. Hoy el sindicalismo debe hacer una apuesta nítida por la economía social. El cooperativismo, la producción ecológica y el refuerzo de las redes de distribución local son herramientas cruciales para avanzar hacia un modelo económico justo y sostenible en el tiempo. 


Desde Andaluces de Alcalá celebramos la construcción de alternativas sindicales frente al avance del paro, la temporalidad y la precariedad laboral. Apoyamos la labor que se viene haciendo desde la Unión del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as de Alcalá, y otras que conectan de forma directa con el asamblearismo y la economía social. Y consideramos que la apuesta por un sindicalismo combativo, horizontal y transformador es, más que nunca, una necesidad para los trabajadores y trabajadoras de Alcalá y del resto de Andalucía.




Andaluces de Alcalá, a 8 de julio de 2013.

lunes, 1 de julio de 2013

Una perspectiva crítica desde Andaluces de Alcalá ante el acuerdo por la economía social andaluza

El pasado lunes 17 de junio se firmaba en Jaén el “Acuerdo por la economía social andaluza”. De un lado, la representación institucional de la Junta de Andalucía y de otro, los representantes de CEPES, UGT y CCOO suscribían un texto de 21 páginas que contenía las “recetas” que guiarán el futuro de la economía social en Andalucía.
En primer lugar, hay que destacar que no se atisba la más mínima crítica a la concertación social, basada en un modelo neocorporativista de relaciones entre agentes sociales y Administración, que muy probablemente tenga mucho que ver con la situación socioeconómica en las que encontramos. Y paradójicamente tampoco se contempla ninguna referencia a la exclusión de la representación institucional de la economía social en los acuerdos para la concertación social –actualmente estamos en el marco del VII Acuerdo (http://www.concertacionsocialandalucia.es/)-. En ese mismo sentido llama poderosamente la atención que no se incluya en el texto ninguna crítica o autocrítica a la actuación del Gobierno Autonómico, y sin embargo sean frecuentísimas las reivindicaciones y cuestionamientos respecto de las políticas del Gobierno Central. ¿Acaso hay tales diferencias de criterios y de actuación?
Adentrándonos en el texto, son cuando menos sorprendentes los siguientes detalles:
- Se manifiesta la necesidad de acceso al crédito para las entidades de economía social, cuando se ha apostado sistemáticamente por todas las partes por un modelo de banca privada convencional que no recibe la más mínima crítica. 
- Se habla de rigidez legislativa cuando es el propio Gobierno autonómico quien no ha dictado aún el Reglamento de desarrollo de la ley 14/2011, de 23 de diciembre, de sociedades cooperativas andaluzas, pese a que debería haberse hecho antes del 20 de julio de 2012, conforme a la Disposición Final Segunda de dicha norma
- No hay ninguna referencia a la tendencia mercantilista claramente expresada en la ley de cooperativas y en el proceso de renovación de la ley de sociedades laborales
- Se ha eliminado el Plan de Incentivos a la creación de entidades de economía social, a través de una interpretación restrictiva del concepto de “incorporación de socios/as trabajadores/as” impulsado por la Dirección General de Economía Social
- Se olvida lo dispuesto por el artículo 172.2 del Estatuto de Autonomía cuando habla de atención preferente en las políticas públicas para cooperativas y entidades de economía social
- Se introduce el criterio de la flexibilidad como piedra angular de las medidas que se implementan, sin hablar de seguridad en ningún momento
- Las medidas concretas se concretan en la mera creación de cuatro grupos de trabajo (sensibilización, en el apartado a), estudio de estabilidad, en el apartado c), asuntos agrarios, en el apartado g) y Consejo Andaluz de Economía Social en el apartado j)
- No hay ninguna evaluación del trabajo desarrollado por los CADES ni por las Fundaciones Públicas especializadas en la materia
- Tampoco hay ninguna referencia a la situación “pre-concursal” que está atravesando la Fundación Innoves, emblema de la economía social oficial impulsada con millones de euros provenientes de los Presupuestos Públicos
- No se habla de reconversión industrial ni se plantean medidas para la recuperación empresarial mediante la gestión obrera
- No se plantea la participación de la Administración Autonómica en el capital de las entidades a fin de explorar la configuración de sociedades mixtas o capitalizar aquellas entidades que planteen nuevas inversiones
- Se obvia la necesidades energéticas de las entidades de economía social y ni se plantea la posibilidad de constituir una productora energética social que atienda la demanda de la economía social y fomente la competitividad de las entidades
- Se plantea que nuestro modelo debe “acercarse al de los países más avanzados del norte y centro de Europa” en materia de integración cooperativa para concentrar la oferta
- No se prevé ninguna medida de debate o reflexión sobre los valores de la economía social
Merece también la pena reseñar que día antes de la firma del acuerdo, se había presentado por parte de la Junta de Andalucía su paquete de medidas de apoyo y consolidación de la economía social, lo que demuestra que se invierte el orden lógico de los procesos, pues se decide primero, se consensua después y se piensa aún más tarde. Sin duda estos procesos están abocados al fracaso y no sirven sino para la exclusiva autocomplacencia de quienes los impulsan.
En definitiva, parece que nos encontramos ante “más de lo mismo”, simplemente una bonita foto con la que justificar sueldos, dietas y estructuras sin contenidos reales, sin un verdadero proceso de debate en el seno de la economía social y sin medidas concretas para el impulso de la economía social.
Desde Andaluces de Alcalá entendemos que estamos ante un contexto socioeconómico dramático para muchos andaluces y que debería impulsarse un verdadero Plan de Apoyo a la Economía Social, fruto de un debate sereno donde participen todos los agentes sociales, con medidas de actuación concretas, priorizando la consolidación y creación de empleo y apostando decididamente por un modelo social y cooperativo de gestionar los recursos básicos de cualquier economía moderna (banca, energía, tierra, comunicaciones, transportes, etc.) Sin cambiar de modelo económico difícilmente cambiará la situación de crisis en la que nos encontramos inmersos. 

Ésta es una nueva oportunidad desaprovechada, pero desde Andaluces de Alcalá seguiremos trabajando para proponer e impulsar otra forma de hacer economía social.

Andaluces de Alcalá, a 1 de julio de 2013.