miércoles, 27 de marzo de 2013

Reforma de la Administración Local: Un ataque al Municipalismo y a la Autonomía Local.

DECLARACIÓN DE LA COORDINADORA DE “ASAMBLEA DE ANDALUCÍA”

en su reunión del 16 marzo 2013

El pasado mes de Febrero, el Consejo de Ministros aprobó el informe del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modificará la normativa estatal en materia de Administración Local (Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales).
Si atendemos a la Exposición de Motivos del Anteproyecto, se pretende fijar el principio de “una Administración una competencia”, así como “racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”.

Pero la finalidad verdadera es hacer desaparecer casi de facto la autonomía local y, amparándose en los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económica, liquidar el principio de cercanía y proximidad de la prestación de los servicios municipales a la ciudadanía. En detrimento de lo municipal, se refuerza el papel de las administraciones territoriales de ámbito supramunicipal, fundamentalmente de las Diputaciones y, en menor medida, de las Comunidades Autónomas.
Las Diputaciones Provinciales son órganos de gobierno y administración de origen decimonónico. Se trata de instituciones caducas, que manifiestan un importante déficit democrático e imposibilitan la consolidación y fortalecimiento de otros entes supralocales, como las comarcas, más fieles a la tradición y organización social y cultural del territorio andaluz.
La autonomía municipal está reconocida en la actual Constitución española (arts. 137, 140 y 142), en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en las leyes estatales y autonómicas de régimen local. Según el Tribunal Constitucional, “es una garantía institucional que asegura la existencia de las entidades locales y supone el derecho de cada comunidad a intervenir mediante sus órganos propios en los asuntos que le atañen directamente”. Esto significa que la ciudadanía, ya sea directamente o a través de sus representantes legítimamente elegidos, ostenta poder decisorio y ejecutivo en aquellas cuestiones que le afectan de forma más cercana.
En este sentido, la reforma legislativa que se nos impone fijará tres tipos de competencias municipales: propias (las enumeradas expresamente en la ley), delegadas por el Estado o la Comunidad Autónoma e impropias (distintas de las dos anteriores). Asimismo, mediante Real Decreto, se fijará el precio estándar de todos los servicios que prestan los municipios dentro de su ámbito competencial. Si el coste de la prestación de un servicio determinado fuera superior al estándar fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y además se tratase de una “competencia impropia”, se suprimiría el servicio. Por el contrario, si fuera un servicio mínimo, siendo el caso de un municipio de menos de 20.000 habitantes, éste sería prestado obligatoriamente por la Diputación. Mientras que en el resto de municipios, mayores de 20.000 habitantes, el propio consistorio sería quien decidiera voluntariamente la opción de prestar ese servicio o atribuir tal competencia a la Diputación.
De igual modo, las mancomunidades y las entidades locales menores se someterán a este proceso de evaluación del coste real, respecto al coste estándar preestablecido. Si no lo superaran, serían disueltas, pasando sus servicios a las Diputaciones y a los municipios respectivamente. Cuando sean las Diputaciones las encargadas de la prestación de los servicios, éstas decidirían la cantidad que habría que abonar por cada uno de ellos. Lo que deriva en una pérdida significativa a la hora de llevar a cabo una política fiscal propia por parte de los Ayuntamientos, respecto a las tasas y precios públicos de tales servicios.
Así pues Andalucía, compuesta por 771 municipios y casi tres mil entidades singulares de población, donde su inmensa mayoría tienen menos de 20.000 habitantes, verá a sus más de ocho millones de ciudadanos/as sufrir los efectos negativos de la implantación de esta norma legislativa.
Por todo ello,
Desde “Asamblea de Andalucía” expresamos el más rotundo rechazo a esta reforma, que supone una pérdida de nuestra soberanía municipal, y manifestamos una oposición frontal a la misma, entendiendo que:
- La reforma necesaria en el ámbito local no puede discurrir por esta senda, sino que los cambios legislativos deben ir encaminados a hacer efectiva una descentralización en favor de lo municipal. Resulta imprescindible dotar a los consistorios de los recursos materiales, personales y económicos necesarios para desarrollar sus funciones, porque el actual sistema de financiación de las Haciendas locales se manifiesta insuficiente para atender las necesidades ciudadanas.
- Consideramos que ninguna entidad territorial de ámbito superior debe sustituir a la municipalidad en los asuntos de carácter estrictamente locales. Los servicios públicos municipales que afectan directamente a los ciudadanos, deben permanecer en la esfera local y ser prestados por el propio municipio.
- Exigimos la desaparición de la anacrónicas Diputaciones Provinciales, que son ámbitos con un gravísimo déficit democrático que funcionan con una casi total falta de transferencia, son un refugio para profesionales de la política cesantes en otros cargos, generan corrupción y coartan la soberanía municipal. Su desaparición conllevaría también un importante ahorro, que debería revertir en los propios ayuntamientos.
- Rechazamos que esta modificación legislativa esté amparada en los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia, como pretende, cuando en realidad supone una merma en el grado de bienestar de la ciudadanía. Los servicios públicos no pueden ser valorados únicamente desde una perspectiva productivista ni por su coste económico, sino en la medida que se manifiestan accesibles y universales, satisfacen con calidad las necesidades sociales y contribuyen a un desarrollo beneficioso para todas/os.
- Llamamos a la sociedad civil andaluza y a las propias corporaciones municipales a manifestar su rechazo frontal a esta reforma que supone una agresión al municipalismo. Sobre todo en Andalucía, la democracia tiene su espacio fundamental en el nivel municipal, que es donde es más posible la participación ciudadana directa. Lo vieron así nuestros antepasados y lo reflejaron en diversos textos, como el proyecto de Constitución Andaluza de Antequera de 1883. Andalucía sólo podrá ser construida como pueblo a partir de los municipios. Y la necesaria reconquista del ámbito de la política sólo puede prosperar a partir del nivel municipal. Por ello, recortar competencias a los municipios y vaciarlos de contenido haciéndolos depender más aún que hoy de otras instancias equivale a un ataque a la democracia y un nuevo obstáculo para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Asamblea de Andalucía, a 16 de marzo de 2013.

sábado, 23 de marzo de 2013

Declaración de la "Asamblea de Andalucía" sobre el intento de manipulación del 28-F

En la primera reunión de su Coordinadora Provisional, el colectivo “Asamblea de Andalucía” acordó hacer pública su denuncia de los intentos de manipulación de una fecha emblemática en la historia reciente de Andalucía como es el 28 de Febrero. Quienes traicionaron las esperanzas del pueblo andaluz -que ese día de 1980 había reivindicado en las urnas los instrumentos de autogobierno para resolver los gravísimos problemas de nuestra tierra, rechazando la dependencia económica, la subalternidad política y la alienación cultural- han pretendido utilizar el recuerdo de aquel triunfo de nuestro pueblo en beneficio de sus intereses partidistas y para ocultar treinta y tres años de mentiras, de voladura planificada de la conciencia andaluza y de realización de políticas totalmente ajenas a los objetivos que se pretendían alcanzar.
En su particular confrontación con el PP, el PSOE, apoyado plenamente por IU, ha pretendido, desde la presidencia de la Junta, hacer ver a los andaluces que quienes han ocupado, durante más de tres décadas, el gobierno de esta no tienen responsabilidad alguna en la lamentable situación actual de Andalucía. Quienes traicionaron la voluntad del pueblo andaluz, elaborando un Estatuto que sabían perfectamente no podría servir, dadas sus limitadas competencias, para transformar nuestra tierra, han pretendido presentarse ahora como defensores de Andalucía, cuando en realidad realizan la misma política que el gobierno del PP al servicio de los intereses del capital financiero.
La realidad es que el objetivo de envolverse en la bandera de Andalucía, para enmascarar su política contraria a los intereses del pueblo andaluz, ha sido un completo fracaso. Desde el verano pasado, tanto Griñán como Valderas habían venido repitiendo que el 28 de Febrero se firmaría un gran “Pacto por Andalucía” que incluiría al gobierno de la Junta, al PSOE, IU, CCOO, UGT, la Confederación Empresarial Andaluza y numerosas organizaciones ciudadanas, ONGs y entidades de la sociedad civil. Este objetivo no se ha cumplido porque ni siquiera los sindicatos mayoritarios y la organización de la gran patronal (que han firmado ya siete “convenios de concertación” con la Junta a lo largo de treinta años) se han atrevido a escenificar el simulacro. Todo se ha quedado en la organización de manifestaciones en las capitales de provincia, que han distado mucho de ser masivas. Este fracaso refleja tanto la escasa capacidad actual de los partidos de la Junta para movilizar al tejido organizativo como la creciente desafección a los partidos que autoproclamándose “de izquierda” practican las mismas políticas neoliberales que los que se reconocen “de derecha”.
También el pasado 28F se realizaron diversas manifestaciones y actos por parte de otros sindicatos, grupos políticos y asociaciones que se sitúan en una posición crítica respecto al sistema. Aunque esto es, sin duda, positivo, constatamos una escasa presencia de reivindicaciones específicamente andaluzas. Parecería que Andalucía no existe como pueblo con una identidad y también con unos problemas propios. El déficit de enraizamiento en las condiciones concretas de Andalucía y en las razones que están en la base de las consecuencias específicas que tiene aquí la crisis creemos que explican el carácter minoritario de dichas manifestaciones y refleja la necesidad de una brújula política adecuada. 

Andalucía, a 16 de marzo de 2013.

miércoles, 20 de marzo de 2013

Andaluces de Alcalá contra los recortes en los autobuses públicos Alcalá-Sevilla

Desde el pasado lunes día 18, los alcalareños han sufrido un serio recorte en el servicio público de autobuses que conecta nuestra ciudad con Sevilla. Estos autobuses prestan un servicio esencial para cientos de trabajadores que precisan llegar a Sevilla o a los polígonos industriales de nuestra ciudad, así como para estudiantes que necesitan el autobús para asistir a sus clases en la universidad. Hablamos por tanto de un servicio que es tanto más necesitado por los sectores más precarios de nuestra sociedad. Una vez más, son estos sectores quienes pagan las consecuencias de una estafa cuyos artífices y cómplices se empeñan en vendernos como una “crisis” accidental.

El recorte en los autobuses del Consorcio Metropolitano afecta gravemente a las líneas M-121, que une Alcalá con Sevilla parando por los polígonos industriales; y M-123, que une ambas ciudades por Quintillo y que era importante, por ejemplo, para los estudiantes de la Universidad Pablo Olavide. Ahora la primera de estas líneas ve reducidos sus servicios en un 25%; en el caso de la segunda, la reducción es de nada menos que un 60%. La línea M-122, que hace servicio directo entre Alcalá y Sevilla, pierde un autobús por cada sentido y cambiará sus horarios. Los usuarios de estas líneas, trabajadores y estudiantes en su inmensa mayoría, se ven así gravemente afectados por este recorte.
Sin embargo, los responsables de esta decisión, a saber: el Consorcio Metropolitano de Transportes y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, se muestran satisfechos con estas medidas. Nuestro gobierno local se ha permitido, incluso, anunciar estos recortes como “un buen plan de viabilidad” (sic). Los recortes unilaterales a unos servicios públicos fundamentales para mucha gente son vendidos, paradójicamente, como un éxito que tendrá un impacto mínimo sobre los usuarios de estos servicios.
El servicio de autobuses que une Alcalá con Sevilla ya arrastraba deficiencias antiguas que han ido a peor durante los últimos años. El aumento ininterrumpido de los precios del billete no se ha visto reflejado en mejoras en la prestación del servicio. Por el contrario, el servicio de autobuses sigue siendo lento, insuficiente, con un recorrido innecesariamente enrevesado y carente de infraestructuras básicas. Cabe decir sobre esto último que Alcalá, a día de hoy y con más de setenta mil habitantes, continúa sin tener una estación de autobuses. Desde hace unos días, además, Alcalá tiene un número significativamente menor de autobuses públicos para viajar a Sevilla.
Debe anotarse que este recorte en el servicio de autobuses se une a otros fracasos sonados en materia de transporte público, entre los que destaca el lamentable espectáculo del tranvía abandonado. Las obras faraónicas que un día prometieron a los alcalareños un modelo de transporte rápido y cómodo con Sevilla, hoy siguen abandonadas como testigos de una política ridícula de grandilocuencia y despilfarro. Los alcalareños siguen sin tranvía. Pero hoy están más endeudados y, para colmo, tienen menos autobuses.
Desde el colectivo Andaluces de Alcalá denunciamos estos recortes injustos y lamentamos el cinismo del gobierno local. El empobrecimiento de los servicios públicos nunca constituye un éxito en la gestión política. Dicho empobrecimiento es, además, mucho más censurable cuando afecta de forma directa a los sectores más vulnerables, incluyendo los parados, los estudiantes, los trabajadores y las personas mayores. El gobierno local ha protagonizado, durante los últimos años, un espectáculo grotesco de gasto sistemático en obras suntuarias y en fórmulas bochornosas de propaganda de sí mismo. No es razonable que hoy se constituya como cómplice necesario en este nuevo recorte a los más débiles. Desde Andaluces de Alcalá reivindicamos un cambio radical en las políticas de transporte urbano. Nuestra ciudad, con una tasa de paro alarmante y creciente, no puede permitirse el deterioro de sus vías de comunicación con Sevilla. Por eso la política de transporte no puede guiarse exclusivamente por un criterio de ahorro presupuestario inmediato. Los alcalareños necesitan medios de transporte rápidos y asequibles con Sevilla. Existen muchos gastos cuyo recorte no sólo afectaría menos a estas personas, sino que sería celebrado como un ejercicio necesario de viabilidad democrática.

Andaluces de Alcalá, a 20 de marzo de 2013.

lunes, 11 de marzo de 2013

Reforma de la Legislación Local: Un ataque al municipalismo y la Autonomía Local



El pasado mes de Febrero el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que pretende modificar la normativa estatal en materia de Administración Local (Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 2/2004 regulador de las Haciendas Locales). Aún habrá que esperar la tramitación parlamentaria, pero atendiendo a la mayoría absoluta que el partido del gobierno ostenta en ambas cámaras, el texto definitivo de la ley no diferirá en casi nada del contenido del proyecto aprobado.
Según la exposición de motivos de esta norma, su aprobación quiere poner fin a las duplicidades de competencias entre las diferentes administraciones. Pero el objetivo real es hacer desaparecer casi de facto la autonomía local, reforzando el papel de las administraciones territoriales de ámbito supramunicipal, fundamentalmente de las Diputaciones y, en menor medida, las Comunidades Autónomas. 
La autonomía local es reconocida y protegida en la Constitución, Estatuto de Autonomía de Andalucía y en las leyes estatales y autonómicas de régimen local. Según el Tribunal Constitucional, “es una garantía institucional que asegura la existencia de las entidades locales y supone el derecho de cada comunidad a intervenir mediante sus órganos propios en los asuntos que le atañen directamente”. Para la efectividad de esta autonomía local es necesario configurar a los municipios como Administraciones Públicas, dotándoles de una organización y funcionamiento, junto a los medios personales y materiales necesarios para desarrollar las competencias que tienen legalmente reconocidas.
Amparándose en los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económica, el Gobierno estatal quiere liquidar el principio de cercanía y proximidad a los ciudadanos de la prestación de los servicios municipales. 
Aunque el calado de la reforma es hondo, nos centraremos exclusivamente en aquella parte que afecta directamente a las competencias y servicios municipales.
De este modo, se van a fijar tres tipos de competencias municipales: 
Propias: Urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de aguas, infraestructura viaria, policía local, tráfico…
Delegadas: Tanto por el Estado como por la Comunidad Autónoma.
Impropias: Distintas de las dos anteriores y su prestación está condicionada a un informe previo de la Comunidad Autónoma y del Interventor Municipal que garanticen la inexistencia de duplicidades y sus sostenibilidad financiera.
Además, las competencias que en materia de salud, educación y servicios sociales ostentaban los municipios, pasarán a ser exclusivas de la Comunidad Autónoma.
Pero lo más significativo es la regulación que hace de los servicios mínimos obligatorios para todos los municipios (alumbrado público, recogida de residuos, limpieza de calles, cementerio, abastecimiento de agua potable) y de aquellos que están obligados a prestar según su número de habitantes (parque, mercado y biblioteca pública, protección civil, bomberos, transporte interurbano de viajeros). 
Mediante Real Decreto, se fijará el precio estándar de estos servicios, es decir, que será el gobierno central a través del Ministerio de Hacienda y Administración Pública quien fije lo que cuesta el servicio de basuras o limpieza de las calles. 
Si el valor de la prestación de un servicio o el coste de la prestación de una competencia es superior al estándar fijado por el Ministerio, las consecuencias serán las siguientes:
Si se trata de una competencia impropia: Se suprime el servicio.
Si se trata de un servicio mínimo:
Municipios de menos de 20.000: El servicio lo prestará la Diputación.
Municipios de más de 20.000 habitantes: El municipio decide si voluntariamente sigue prestando el servicio o si atribuye esa competencia a la Diputación.
Cuando los servicios municipales pasen a ser prestados por la Diputación, ésta será titular de la competencia y decidirá el coste de la tasa o precio público de cada servicio, encargándose también de su gestión y recaudación.
Los municipios de menos de 20.000 habitantes, que en Andalucía son la mayoría, perderán la autonomía para decidir las condiciones en las que ejercen sus competencias, porque todo ello estará supeditado a la valoración que del servicio se lleve a cabo desde el gobierno estatal. Así, de la basura, limpieza de las calles, abastecimiento de aguas, ya no se ocuparía en Ayuntamiento, sino la Diputación, que también fijaría lo que el ciudadano tendría que pagar por ellos. 
Esta reforma supone una pérdida de soberanía municipal, y desde Andaluces de Alcalá manifestamos nuestra oposición frontal a la misma. Consideramos que los servicios públicos municipales que afectan directamente a los ciudadanos, deben ser prestados por el propio municipio, permaneciendo en la esfera local. Ninguna entidad territorial de ámbito superior debe sustituir a la municipalidad en los asuntos de carácter estrictamente locales. Rechazamos que se ampare esta modificación legislativa en aras de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia, porque los servicios públicos no deben valorarse únicamente por su coste económico, sino en función del grado de bienestar que generan a los vecinos y en la medida en que atienden y satisfacen sus necesidades.

Andaluces de Alcalá, a 11 de marzo de 2013.

sábado, 9 de marzo de 2013

Andaluces de Alcalá y el SAT organizaron teatro por el Día de la Mujer






El colectivo ciudadano Andaluces de Alcalá y la Unión Local del SAT conmemoraron el Día de la Mujer Trabajadora con la representación de la obra teatral "Menú del Día". El acto estuvo a cargo de la compañía teatral alcalareña "Malosaires Teatro", y tuvo lugar el pasado viernes día 8 en la Casa la Cultura.

Los alcalareños respondieron calurosamente a esta iniciativa, y el salón de actos de la Casa de la Casa de la Cultura quedócompleto con la asistencia de más de ciento veinte personas. Antes de la representación de la obra, un grupo de mujeres de los colectivos organizadores leyeron un texto explicando el sentido de este acto. En su intervención denunciaron la discriminación que la mujer sigue sufriendo en múltiples dimensiones de la vida social, y apelaron a la responsabilidad de todos para luchar contra el machismo y por la igualdad de género.
Los colectivos organizadores agradecen públicamente la respuesta de los vecinos de Alcalá a esta iniciativa, y les animan a seguir participando activamente en la construcción de una Andalucía más libre en un mundo mejor.


Alcalá de Guadaíra, a 9 de marzo de 2013.