lunes, 28 de octubre de 2013

Andaluces de Alcalá contra la privatización de la Seguridad Social y en defensa de las pensiones públicas.

I.- El ataque a las pensiones 
 Desde que el RD-Ley 28/2012 estableciera  que el Gobierno puede disponer durante 2012, 2013 y 2014 del Fondo de Reserva de la Seguridad Social por encima del 3% establecido a tal fin, venimos asistiendo a un ataque directo a la Seguridad Social. Esto se concreta con una “solución” que se denomina “factor de sostenibilidad” y que tiene su origen en un documento de expertos realizado en apenas un mes y por encargo expreso del Gobierno. La nueva reforma se fundamenta precisamente en las conclusiones –no consensuadas, por cierto- de dicho informe. En síntesis se plantea:
a) Introducir el FEI (Factor de Equidad Intergeneracional) de manera que todos los nuevos jubilados verán reducida su pensión por cada año que aumente la esperanza de vida. Este criterio afectará a los nuevos pensionistas.
b) Introducir el FRA (Factor de Revalorización Anual) para que la subida anual se desvincule de la subida del IPC y dependa de una compleja fórmula que limite el valor real de la pensión por debajo de la subida del coste de la vida. Esta “revalorización” (en realidad, devaluación) afectará a todas las pensiones y ya se plantea para 2014 (antes incluso de aprobarse la ley) en forma de subida del 0,25%
II.- Los pretendidos argumentos
Este discurso trae su origen, de un lado, en el Chile de Pinochet (1973) y en el informe del Banco Mundial de 1994, y de otro lado, durante las etapas de gobierno socialista 1985-1988 y más recientemente en 2011 (Gobierno Zapatero) y 2013 (Gobierno Rajoy). Más exactamente, se nos dice que:
- El sistema presenta una situación de déficit, cuando solo en el año 2012 y por vez primera el sistema ha tenido déficit y en importe muy bajo
- Se recomienda la contratación de pensiones privadas, ya sean individuales o colectivas a las que se les aplican desgravaciones fiscales (que curiosamente se financian con dinero público)
- El presupuesto de Seguridad Social no está equilibrado (¿lo está el de la Casa Real? ¿y el del ejército? ¿y el del Parlamento? ¿y el del aparato judicial?). Y no se plantea cofinanciar el sistema con parte de los impuestos, ¿acaso esto no es posible?
- Hay menos trabajadores, menos población activa. Sin embargo lo importante no es el total numérico sino la riqueza que producen. La financiación de las pensiones es un tema de distribución de la riqueza social, no del número de trabajadores
III.- Algunos datos
- El gasto en pensiones públicas en España (según Eurostat) era en 2007 del 9,01% cuando en el resto de la eurozona era del 12,2%. En 2010 aumentó al 10,7% mientras que en el resto de la eurozona ascendió hasta el 13,4%
- La (exitosa) gestión del sistema público de pensiones se ha realizado en el marco del Pacto de Toledo y partiendo del diálogo social, se ha venido asegurando la sostenibilidad financiera y la viabilidad futura del sistema, sin poner en cuestión su carácter público y universal. 
- El Fondo de Reserva está dotado con más de 66.000 millones de euros y supone un 6,22% del PIB)
- El déficit de la Seguridad Social en 2012 ha significado un 0,97%, lo que supone 6.000 millones de euros, por lo que con los fondos actuales aún se podrán financiar 10 años más de déficit de igual magnitud
- La Seguridad Social no está endeudada (a diferencia del resto de Administraciones) 
- El derecho a la Seguridad Social está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 22), en el Tratado de la Unión Europea (artículo 118 del Tratado de Roma), en el Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el artículo 41 de la Constitución.
y IV.- ¿Qué modelo defendemos?
De un lado, nos oponemos a un modelo de pensiones privadas que significa:
a) Que algunos puedan contratarlas y pagarlas y otro no
b) Que el dinero que se acumule en los fondos privados se invierta en Bolsa y productos financieros derivados, tributando en paraísos fiscales y con elevadísimos riesgos de volatilidad
c) Altísimos gastos de gestión, que actualmente ascienden al 37%
d) Altos flujos de capital privado para los mercados financieros y especulativos
e) Profundización en el desigual reparto de la riqueza y no garantizan la cohesión social
Por otro lado desde Andaluces de Alcalá defendemos un modelo de Seguridad Social y pensiones PÚBLICO, UNIVERSAL Y SOLIDARIO que garantice:
a) Que la Seguridad Social es una función esencial del Estado social y democrático de Derecho.
b) Su carácter público y con presupuesto propio de ingresos y gastos.
c) Su financiación, que debe nutrirse de las aportaciones del Estado y las cotizaciones sociales.
d) Que debe atender a todos los ciudadanos, ofreciendo un cuadro prestacional con la necesaria amplitud para atender a todas las situaciones.
e) Que ha de garantizar prestaciones suficientes y dignas para los prestacionistas y beneficiarios.

Andaluces de Alcalá, a 28 de octubre de 2013.

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