miércoles, 21 de agosto de 2013

Asamblea de Andalucía* frente a los recortes de la Junta de Andalucía en el empleo público

Andalucía ha perdido, sólo en el último año, un total de 16.343 empleados en su Administración, sin contar a las empresas públicas. Se trata de un recorte del 6,4% del total del personal contratado. Son datos recogidos en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, publicación
editada periódicamente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el último número de este boletín[1], que recopila información actualizada sobre el número de efectivos al servicio de la Administración, aparece incluye un dato de especial trascendencia para las andaluzas y andaluces en el momento actual: el gobierno de la Junta de Andalucía se encuentra hoy a la cabeza de los recortes de empleo público[2]. Sólo la Comunidad Autónoma de Murcia, cuya población total es muy inferior a la de Andalucía, ha despedido a más empleados públicos en términos porcentuales.
Los recortes de la Junta de Andalucía implican la pérdida del empleo para miles de andaluces. Pero además implican, para todos, un serio deterioro de los servicios públicos. En este punto, los datos reflejados en el citado boletín estadístico son especialmente preocupantes. Pues de los más de 16.000 empelados públicos que la Junta despidió en 2012, el 88% de ellos trabajaba en los sectores de educación y sanidad.Es decir, que no sólo se ha recortado en los servicios públicos: se ha recortado en aquellos servicios que más directamente afectan a la ciudadanía, y que tradicionalmente han sido considerados estratégicos para compensar las desigualdades y garantizar la cohesión social. Así,en la docencia no universitaria –colegios de primaria, centros de educación secundaria y de formación profesional fundamentalmente- se ha despedido a 7.414 profesionales, pasando de 115.567 empleados a 108.153. Estos recortes en ecuación han afectado particularmente a los trabajadores interinos, que han sido despedidos en un número superior a los 4.500. En cuanto a los recortes en sanidad, éstos han sido aún mayores: un 7,3% de los trabajadores andaluces de este sector han perdido su empleo.
Los recortes de la Junta de Andalucía resultan especialmente dolorosos. No sólo engrosan las filas del paro; no sólo debilitan y empobrecen la red de servicios públicos: además desmontan el discurso político de la propia Junta de Andalucía. No se puede reivindicar un discurso de izquierdas y recortar tanto como el que más. El llamado “pacto progresista” (PSOE+IU) queda desmentido por unos recortes que, más allá de la palabrería, colocan al gobierno de la Junta en una incómoda posición de servilismo a los dictados políticos neoliberales. El argumento del “imperativo legal” cae por su propio peso: en una situación de emergencia social, un gobierno de izquierdas no puede debilitar los servicios públicos. Y mucho menos, concentrar los recortes en los sectores de educación y sanidad.
Desde Asamblea de Andalucía mostramos nuestro rechazo frontal a los recortes al empleo público, vengan de donde vengan. Consideramos que estos recortes son ineficaces y son injustos:
Son ineficaces porque son incoherentes con las causas de esta crisis. Frente a la estafa financiera, la única salida pasa por imponer controles al capital financiero, por un sistema impositivo realmente redistributivo y, en definitiva, por obligar a devolver el dinero a aquéllos que se lo llevaron. Resulta obvio que despedir a empleados públicos no contribuirá a alcanzar estos objetivos. Por el contrario, al recortar en el empleo público se asume el discurso neoliberal: ése que afirma que nuestro modelo de bienestar social es insostenible y que, por tanto, la crisis tiene que implicar sacrificios para toda la ciudadanía. Ese mismo discurso que, cuatro años después de comenzar la crisis, continúa empobreciéndonos y precarizando nuestras vidas. La Junta de Andalucía se manifiesta formalmente contraria a este discurso, pero los datos presentados demuestran que lo asume en la práctica y lo ejecuta sin concesiones.
Pero además de ineficaces, estos recortes son además una medida profundamente injusta. Los recortes perjudican al conjunto de la población al deteriorar los servicios públicos, y muy especialmente a unos trabajadores que no lo merecen. Frente a una crisis que amenaza con destruir la cohesión social de Andalucía y que agudiza severamente las desigualdades sociales, la única opción de la izquierda es el refuerzo de los servicios públicos y el apoyo a quienes trabajan en ellos. Las cifras alcanzadas por estos recortes demuestran que no es ésa la posición del actual gobierno de la Junta.
Asamblea de Andalucía considera que el respeto a la ciudadanía tiene que ser construido necesariamente desde la coherencia. En este sentido, lamentamos que el discurso de resistencia a los recortes practicado por la Junta no se corresponda con su práctica. Consideramos especialmente preocupante esta incoherencia, por cuanto desarma de argumentos a la izquierda y contribuye a reforzar el cansancio y el escepticismo de la ciudadanía. Sin embargo, entendemos que existen paralelamente motivos para el optimismo. Las mareas verdes, las mareas blancas y otros movimientos populares ofrecen ejemplos de resistencia activa a los recortes, vengan de donde vengan. El objetivo, a medio plazo, debe ser articular estas formas de resistencia ciudadana en un proyecto fuerte de rechazo coherente a los recortes. Mientras tanto, consideramos imprescindible seguir denunciando las políticas de recortes y a aquéllos que, con unas palabras u otras, las ejecutan.

Asamblea de Andalucía, a 21 de agosto de 2013

[1] Datos a 1 de enero de 2013

*Andaluces de Alcalá participa del proyecto de Asamblea de Andalucía.

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