lunes, 1 de julio de 2013

Una perspectiva crítica desde Andaluces de Alcalá ante el acuerdo por la economía social andaluza

El pasado lunes 17 de junio se firmaba en Jaén el “Acuerdo por la economía social andaluza”. De un lado, la representación institucional de la Junta de Andalucía y de otro, los representantes de CEPES, UGT y CCOO suscribían un texto de 21 páginas que contenía las “recetas” que guiarán el futuro de la economía social en Andalucía.
En primer lugar, hay que destacar que no se atisba la más mínima crítica a la concertación social, basada en un modelo neocorporativista de relaciones entre agentes sociales y Administración, que muy probablemente tenga mucho que ver con la situación socioeconómica en las que encontramos. Y paradójicamente tampoco se contempla ninguna referencia a la exclusión de la representación institucional de la economía social en los acuerdos para la concertación social –actualmente estamos en el marco del VII Acuerdo (http://www.concertacionsocialandalucia.es/)-. En ese mismo sentido llama poderosamente la atención que no se incluya en el texto ninguna crítica o autocrítica a la actuación del Gobierno Autonómico, y sin embargo sean frecuentísimas las reivindicaciones y cuestionamientos respecto de las políticas del Gobierno Central. ¿Acaso hay tales diferencias de criterios y de actuación?
Adentrándonos en el texto, son cuando menos sorprendentes los siguientes detalles:
- Se manifiesta la necesidad de acceso al crédito para las entidades de economía social, cuando se ha apostado sistemáticamente por todas las partes por un modelo de banca privada convencional que no recibe la más mínima crítica. 
- Se habla de rigidez legislativa cuando es el propio Gobierno autonómico quien no ha dictado aún el Reglamento de desarrollo de la ley 14/2011, de 23 de diciembre, de sociedades cooperativas andaluzas, pese a que debería haberse hecho antes del 20 de julio de 2012, conforme a la Disposición Final Segunda de dicha norma
- No hay ninguna referencia a la tendencia mercantilista claramente expresada en la ley de cooperativas y en el proceso de renovación de la ley de sociedades laborales
- Se ha eliminado el Plan de Incentivos a la creación de entidades de economía social, a través de una interpretación restrictiva del concepto de “incorporación de socios/as trabajadores/as” impulsado por la Dirección General de Economía Social
- Se olvida lo dispuesto por el artículo 172.2 del Estatuto de Autonomía cuando habla de atención preferente en las políticas públicas para cooperativas y entidades de economía social
- Se introduce el criterio de la flexibilidad como piedra angular de las medidas que se implementan, sin hablar de seguridad en ningún momento
- Las medidas concretas se concretan en la mera creación de cuatro grupos de trabajo (sensibilización, en el apartado a), estudio de estabilidad, en el apartado c), asuntos agrarios, en el apartado g) y Consejo Andaluz de Economía Social en el apartado j)
- No hay ninguna evaluación del trabajo desarrollado por los CADES ni por las Fundaciones Públicas especializadas en la materia
- Tampoco hay ninguna referencia a la situación “pre-concursal” que está atravesando la Fundación Innoves, emblema de la economía social oficial impulsada con millones de euros provenientes de los Presupuestos Públicos
- No se habla de reconversión industrial ni se plantean medidas para la recuperación empresarial mediante la gestión obrera
- No se plantea la participación de la Administración Autonómica en el capital de las entidades a fin de explorar la configuración de sociedades mixtas o capitalizar aquellas entidades que planteen nuevas inversiones
- Se obvia la necesidades energéticas de las entidades de economía social y ni se plantea la posibilidad de constituir una productora energética social que atienda la demanda de la economía social y fomente la competitividad de las entidades
- Se plantea que nuestro modelo debe “acercarse al de los países más avanzados del norte y centro de Europa” en materia de integración cooperativa para concentrar la oferta
- No se prevé ninguna medida de debate o reflexión sobre los valores de la economía social
Merece también la pena reseñar que día antes de la firma del acuerdo, se había presentado por parte de la Junta de Andalucía su paquete de medidas de apoyo y consolidación de la economía social, lo que demuestra que se invierte el orden lógico de los procesos, pues se decide primero, se consensua después y se piensa aún más tarde. Sin duda estos procesos están abocados al fracaso y no sirven sino para la exclusiva autocomplacencia de quienes los impulsan.
En definitiva, parece que nos encontramos ante “más de lo mismo”, simplemente una bonita foto con la que justificar sueldos, dietas y estructuras sin contenidos reales, sin un verdadero proceso de debate en el seno de la economía social y sin medidas concretas para el impulso de la economía social.
Desde Andaluces de Alcalá entendemos que estamos ante un contexto socioeconómico dramático para muchos andaluces y que debería impulsarse un verdadero Plan de Apoyo a la Economía Social, fruto de un debate sereno donde participen todos los agentes sociales, con medidas de actuación concretas, priorizando la consolidación y creación de empleo y apostando decididamente por un modelo social y cooperativo de gestionar los recursos básicos de cualquier economía moderna (banca, energía, tierra, comunicaciones, transportes, etc.) Sin cambiar de modelo económico difícilmente cambiará la situación de crisis en la que nos encontramos inmersos. 

Ésta es una nueva oportunidad desaprovechada, pero desde Andaluces de Alcalá seguiremos trabajando para proponer e impulsar otra forma de hacer economía social.

Andaluces de Alcalá, a 1 de julio de 2013.

No hay comentarios: