domingo, 2 de junio de 2013

"Defensor del Pueblo: una mirada desde Andaluces de Alcalá"

La institución del Defensor del Pueblo fue creada en Andalucía mediante la Ley 9/1983, que lo define como "el comisionado del Parlamento ... para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración Autonómica, dando cuenta al Parlamento." 
Durante todos estos años esta institución, que debió configurarse desde su origen como una figura ajena e independiente del poder político, ha sido utilizada por éste para sus propios intereses. Buena muestra de esto son los procedimientos para su nombramiento y/o cese y su propia estructura. 
En este sentido, resulta significativo que desde un primer momento el Defensor del Pueblo contara con cuatro adjuntos (coincidiendo en número con los cuatro grupos parlamentarios que históricamente han tenido representación en el Parlamento de Andalucía PSOE, PP, IU e P.A) y que, mediante la Ley 3/2.012, se redujeran a tres (siendo éstos: PP, PSOE e IU los grupos parlamentarios con presencia tras las últimas elecciones andaluzas). Lo que evidencia el "interés" de la clase política por "controlar" esta institución.
Bajo esta perspectiva, el Defensor del Pueblo quedaría relegado a la figura casi "decorativa" encargada de recabar las quejas de la ciudadanía sobre el funcionamiento del poder ejecutivo y legislativo andaluz. Opiniones ciudadanas plasmadas en los respectivos Informes Anuales que se remiten al Parlamento de Andalucía y al que "sus señorías hacen caso omiso" de manera sistemática. 
Durante los últimos años el Sr. José Chamizo ha ostentando el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz. Ha sido la voz de los sin voz, y ha sabido plantarse frente a la injusta distribución de la tierra que sufren los andaluces, frente a la desigualdad histórica y creciente, frente a la lacra del paro, y, más recientemente, la valentía mostrada al denunciar sistemáticamente el drama de la pobreza infantil y los desahucios. De este modo el Sr. Chamizo, al contrario que la gran mayoría de los parlamentarios, ha cosechado un apoyo popular enorme gracias al desempeño digno de su cometido como servidor público. 
Con carácter general, a lo largo de la vigencia de su cargo, la clase política ha visto con buenos ojos la labor que ha venido desarrollado. Sin embargo, recientemente algunas de sus declaraciones y/o posicionamientos sociopolíticos parecen haber resultado un tanto "incómodos" a nuestros parlamentarios. Probablemente el contenido de estas manifestaciones, dentro del contexto de que su cargo había expirado y de que el Sr. Chamizo se encontraba representando la figura del Defensor del Pueblo "en funciones" (es decir, hasta que se renovara o se decidiera el nombramiento de su sustituto), ha motivado que el pasado miércoles día 22 de mayo de 2013 los tres grupos parlamentarios representados en el Parlamento de Andalucía –PP, PSOE e IU- hicieran público su acuerdo para relegar a José Chamizo de este cargo.
Su destitución llega en un momento en el que, lamentablemente, los derechos básicos de los andaluces se encuentran en serio riesgo. Las alusiones al derecho al trabajo y al pleno empleo son un sarcasmo en un país cuya tasa de paro roza el 37%, y donde la juventud se enfrenta a una situación de paro que supera el 50%. Esta situación es especialmente hiriente por la responsabilidad indudable que los órganos de gobierno han asumido con la aprobación de leyes que han beneficiado sistemáticamente la especulación en perjuicio del empleo. Igualmente han beneficiado nuestros gobernantes la acumulación de riquezas en perjuicio de la redistribución que preconiza la Constitución. Y qué duda cabe del papel de complicidad necesaria de las instituciones –estatales, autonómicas y locales- en la forja de una burbuja inmobiliaria que en la práctica se ha traducido en la violación sistemática del derecho de la gente a una vivienda digna. 
Teniendo en cuenta la necesaria labor de supervisión de la actividad de la Administración Autonómica y sus funciones relevantes para la defensa de los derechos y libertades públicas, desde Andaluces de Alcalá entendemos:
Que el Defensor del Pueblo debe actuar como portavoz y transmisor de las quejas y peticiones presentadas por la ciudadanía con el objetivo de que éstas se traduzcan en acciones legislativas, procedimientos judiciales, medidas sociales y/o estrategias políticas.
De igual modo, consideramos imprescindible la preservación de su independencia respecto al poder ejecutivo-legislativo, para que su labor de "control y supervisión" esté al margen de "directrices políticas".
Por todo ello, nos adherimos públicamente al comunicado de la “Plataforma Ciudadana por la Participación de la Ciudadanía en la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz” y exigimos un cambio en el procedimiento de nombramiento y renovación del Defensor del Pueblo Andaluz, que amplíe la participación de los movimientos sociales y otras entidades civiles de Andalucía, tanto en la elección de esta figura como en el apoyo a su trabajo cotidiano.

Andaluces de Alcalá, a 2 de junio de 2013.

Nota informativa: Andaluces de Alcalá es un colectivo municipalista que integra e impulsa el proyecto Asamblea de Andalucía.

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