lunes, 11 de marzo de 2013

Reforma de la Legislación Local: Un ataque al municipalismo y la Autonomía Local



El pasado mes de Febrero el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que pretende modificar la normativa estatal en materia de Administración Local (Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 2/2004 regulador de las Haciendas Locales). Aún habrá que esperar la tramitación parlamentaria, pero atendiendo a la mayoría absoluta que el partido del gobierno ostenta en ambas cámaras, el texto definitivo de la ley no diferirá en casi nada del contenido del proyecto aprobado.
Según la exposición de motivos de esta norma, su aprobación quiere poner fin a las duplicidades de competencias entre las diferentes administraciones. Pero el objetivo real es hacer desaparecer casi de facto la autonomía local, reforzando el papel de las administraciones territoriales de ámbito supramunicipal, fundamentalmente de las Diputaciones y, en menor medida, las Comunidades Autónomas. 
La autonomía local es reconocida y protegida en la Constitución, Estatuto de Autonomía de Andalucía y en las leyes estatales y autonómicas de régimen local. Según el Tribunal Constitucional, “es una garantía institucional que asegura la existencia de las entidades locales y supone el derecho de cada comunidad a intervenir mediante sus órganos propios en los asuntos que le atañen directamente”. Para la efectividad de esta autonomía local es necesario configurar a los municipios como Administraciones Públicas, dotándoles de una organización y funcionamiento, junto a los medios personales y materiales necesarios para desarrollar las competencias que tienen legalmente reconocidas.
Amparándose en los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económica, el Gobierno estatal quiere liquidar el principio de cercanía y proximidad a los ciudadanos de la prestación de los servicios municipales. 
Aunque el calado de la reforma es hondo, nos centraremos exclusivamente en aquella parte que afecta directamente a las competencias y servicios municipales.
De este modo, se van a fijar tres tipos de competencias municipales: 
Propias: Urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de aguas, infraestructura viaria, policía local, tráfico…
Delegadas: Tanto por el Estado como por la Comunidad Autónoma.
Impropias: Distintas de las dos anteriores y su prestación está condicionada a un informe previo de la Comunidad Autónoma y del Interventor Municipal que garanticen la inexistencia de duplicidades y sus sostenibilidad financiera.
Además, las competencias que en materia de salud, educación y servicios sociales ostentaban los municipios, pasarán a ser exclusivas de la Comunidad Autónoma.
Pero lo más significativo es la regulación que hace de los servicios mínimos obligatorios para todos los municipios (alumbrado público, recogida de residuos, limpieza de calles, cementerio, abastecimiento de agua potable) y de aquellos que están obligados a prestar según su número de habitantes (parque, mercado y biblioteca pública, protección civil, bomberos, transporte interurbano de viajeros). 
Mediante Real Decreto, se fijará el precio estándar de estos servicios, es decir, que será el gobierno central a través del Ministerio de Hacienda y Administración Pública quien fije lo que cuesta el servicio de basuras o limpieza de las calles. 
Si el valor de la prestación de un servicio o el coste de la prestación de una competencia es superior al estándar fijado por el Ministerio, las consecuencias serán las siguientes:
Si se trata de una competencia impropia: Se suprime el servicio.
Si se trata de un servicio mínimo:
Municipios de menos de 20.000: El servicio lo prestará la Diputación.
Municipios de más de 20.000 habitantes: El municipio decide si voluntariamente sigue prestando el servicio o si atribuye esa competencia a la Diputación.
Cuando los servicios municipales pasen a ser prestados por la Diputación, ésta será titular de la competencia y decidirá el coste de la tasa o precio público de cada servicio, encargándose también de su gestión y recaudación.
Los municipios de menos de 20.000 habitantes, que en Andalucía son la mayoría, perderán la autonomía para decidir las condiciones en las que ejercen sus competencias, porque todo ello estará supeditado a la valoración que del servicio se lleve a cabo desde el gobierno estatal. Así, de la basura, limpieza de las calles, abastecimiento de aguas, ya no se ocuparía en Ayuntamiento, sino la Diputación, que también fijaría lo que el ciudadano tendría que pagar por ellos. 
Esta reforma supone una pérdida de soberanía municipal, y desde Andaluces de Alcalá manifestamos nuestra oposición frontal a la misma. Consideramos que los servicios públicos municipales que afectan directamente a los ciudadanos, deben ser prestados por el propio municipio, permaneciendo en la esfera local. Ninguna entidad territorial de ámbito superior debe sustituir a la municipalidad en los asuntos de carácter estrictamente locales. Rechazamos que se ampare esta modificación legislativa en aras de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia, porque los servicios públicos no deben valorarse únicamente por su coste económico, sino en función del grado de bienestar que generan a los vecinos y en la medida en que atienden y satisfacen sus necesidades.

Andaluces de Alcalá, a 11 de marzo de 2013.

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