martes, 18 de diciembre de 2012

No al desmantelamiento del Estado Social

Crisis, desempleo, impuestos, educación, sanidad, justicia y ahora… ¡las pensiones!
 I.- La situación socioeconómica
Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del tercer trimestre de este año confirman la gravedad de la situación económica y de creciente desempleo en el Estado Español.  Se ha registrado una caída del PIB un 0,3% respecto del trimestre anterior, y en un 1,6% en términos anuales. También cae el consumo de los hogares en un 2%, el consumo público en un 3,9%, y la inversión total en un 9.9%. Se constata la tendencia en la pérdida de empleos cifrada en 789.000 netos en el último año, más de un millón en los dos últimos, y la reducción es más intensa en cuanto a los asalariados en el último año en número de 821.600, lo que debe relacionarse con los datos de la EPA también del tercer trimestre, por los que se alcanza un total de 5.778.100 de desempleados, y una tasa del 25,02%. Así mismo, se incrementa el paro de larga duración hasta un 13,1% de la población activa, y ya hay 1.737.900 hogares con todos sus miembros en activo en situación de desempleo. De igual manera se ha reducido  la remuneración total de los asalariados en un 5,5% derivada de la pérdida de empleo y el estancamiento de las retribuciones, la reducción de los costes laborales en un 3%.
De otro lado, ha aumentado los excedentes empresariales en un 2,7% anual, los precios también han subido (0,5% según el deflactor del PIB) debido al aumento de los beneficios empresariales (1,9%) y de los impuestos (0,5 puntos) mientras que los costes laborales se recortan un 1,5%. Unos ganan (clase empresarial) y otros pagan (clases populares, funcionarios, trabajadores y usuarios de los servicios públicos).
II.- Las medidas de los diferentes gobiernos
En primer lugar, nos encontramos con un ejecutivo que ha gobernado fundamentalmente a golpe de Decreto-Ley, destacando:
 a)       el RDLey 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público,
b)       el proyecto de ley de PGE para 2013,
c)       las regresivas reformas laborales operadas en el RD-Ley y Ley 3/2012
d)       las medidas establecidas para el servicio público esencial de la Educación a través del RDLey 14/2012
e)       las medidas, también regresivas, en el sector sanitario impuestas mediante el RDLey 16/2012
f)         la Ley 10/2012 de creación de tasas judiciales

Sin duda, esta batería de normas constituye la mayor ofensiva de toda la historia de la democracia contra los derechos laborales, los servicios públicos y los derechos ciudadanos.
En segundo lugar, observamos como el gobierno autonómico andaluz se pliega a los dictados de Madrid aprobando en su ámbito de competencias los RD-Leyes 1 y 3/2012, así como la Ley 3/2012. Diferentes partidos (PP en Madrid y PSOE-IU en Andalucía) para ejecutar las mismas políticas.
Y en tercer lugar, el gobierno municipal de nuestra ciudad (PSOE), que sigue sin reaccionar y en situación de parálisis permanente y desatención de las necesidades sociales de los ciudadanos (Diario de Sevilla, 28-11-2012: Según Limones –que anuncia por vez primera en prensa un futuro Plan de Empleo Local para 2013, "hay muchas personas inmersas en una grave problemática socioeconómica que se están viendo afectadas por la crisis, por lo que es fundamental facilitar recursos a estas familias alcalareñas que prácticamente no tienen nada, evitando así que entren en una situación de exclusión social").
III.- Y lo último, atacar las pensiones
En este panorama solo quedaba por recortar la denominada “Caja Única de la Seguridad Social”. Pues bien, ya tenemos nuevo Real Decreto. En concreto el RD-Ley 28/2012 establece que el Gobierno pueda disponer durante 2012, 2013 y 2014 del Fondo de Reserva de la Seguridad Social por encima del 3% establecido a tal fin. Mientras que la gestión del sistema público de pensiones se ha realizado en el marco del Pacto de Toledo y partiendo del diálogo social, se ha venido asegurando la sostenibilidad financiera y la viabilidad futura del sistema, sin poner en cuestión su carácter público y universal. Sin embargo, ahora el Gobierno central se descuelga unilateralmente con una nueva y sorpresiva norma que no solo facilita la detracción de fondos del sistema (el Fondo de Reserva está dotado con más de 66.000 millones de euros y supone un 6,22 del PIB), sino que además establece una subida de las pensiones del 1 ó 2%, estableciéndose muy por debajo del IPC interanual para 2012, que en noviembre se sitúa en el 2,9%.
y IV.- ¿Qué hacer?
Parece claro que nos encontramos en un momento social caracterizado por la absoluta desconexión entre gobernantes y gobernados. Todos los gobernantes coinciden en reducir las rentas del trabajo y la protección social para financiar a la banca y la gran patronal. También todos se embarcan en prácticas corruptas. Parece que hay un amplio consenso de los partidos en mantener el sistema tal y como está, saquear las arcas públicas, desmantelar los servicios públicos y amparar a los corruptos.
Pero también parece claro que existe un amplísimo consenso social en rechazar estos comportamientos, en secundar las huelgas generales, en luchar por el mantenimiento de lo público, en repudiar a quienes roban de los fondos de reptiles y los ERES, en aislar a los corruptos y en apostar por otro modelo social, económico y político donde la democracia participativa y económica sean las piedras angulares del sistema. Es la hora de la ciudadanía.

Andaluces de Alcalá, a 18 de diciembre de 2012.

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