sábado, 16 de junio de 2012

EL DESPILFARRO CONTINÚA: MÁS DINERO PARA LA BANCA Y LA PATRONAL


A) Las subvenciones directas a la CEOE

Hace apenas una semana, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la CEOE, es decir, la patronal, rechazó mediante una encuesta interna a sus asociados la posibilidad de financiarse exclusivamente con la cuota de sus socios, eliminando las aportaciones públicas (1). Sensu contrario, la CEOE manifiesta que su financiación debe continuar proviniendo de las arcas públicas, es decir, que todos debemos pagar los gastos de la gran patronal, que agrupa, según su página web, a 230 organizaciones empresariales y a más de 5.000 organizaciones de base que aglutinan a 1.450.000 empresarios y autónomos.

Esta situación no es nueva pues ya en 2010 se destapó que el presupuesto anual de la gran patronal (incluidas sus confederaciones territoriales y sectoriales) mueve al año más de 587 millones de euros. Pues bien, de esos 587 millones de euros, según los presupuestos de 2010, aproximadamente el 68%, es decir, unos 400 millones, procedía directamente de subvenciones públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Hasta la fecha no se han hecho públicos datos ni de 2011 ni de 2012.

B) Los descuentos fiscales para grandes empresarios

Según datos del Ministerio de Hacienda, publicados hace apenas una semana, los grandes conglomerados empresariales de este país, que tributan como una sola compañía, representan el 0,2% de declarantes del impuesto de sociedades y acaparan, sin embargo, el 60% de las deducciones fiscales. En 2010, último año del que hay datos, la cuota íntegra en el impuesto sobre sociedades de los 3.000 grupos consolidados que tributan en España ascendió a 12.146 millones, una cifra que, tras aplicar las deducciones que contempla la legislación, se redujo a 6.100 millones.

El impuesto de sociedades es, sobre el papel, un impuesto progresivo en el que las pymes tributan al 25% y las grandes empresas al 30%. Sin embargo, la multitud de deducciones y la capacidad de ingeniería fiscal de las grandes compañías provoca que, en realidad, una pyme aplique un gravamen mayor que una multinacional. Por ejemplo, una empresa con unos ingresos que no superan los 50.000 euros tributa a un tipo efectivo del 22,9%, mientras que un grupo consolidado -con ingresos superiores a los 1.000 millones- aplica un gravamen del 15%. De hecho, una multinacional paga como un asalariado medio en el IRPF. Y a esto hay que añadir las nuevas ventajas que contempla por un lado la Reforma Laboral y por otro la Amnistía Fiscal, por la cual hasta el próximo mes de noviembre, todos aquellos empresarios que hayan estafado a Hacienda podrán blanquear todo su dinero a cambio de un 10% de la cantidad estafada.

C) Las inyecciones de dinero público a la banca

En los últimos tiempos, el Estado español ha inyectado 140.000 millones de euros a los bancos, y ello tras proceder a la liquidación del sistema territorial y semipúblico de Cajas de Ahorro para concentrar el gran capital bancario y poder así formar un oligopolio en toda regla. A estos efectos es especialmente sintomático el plan de ayudas a Bankia, una entidad que ya ha recibido 4.500 millones de euros de dinero público. Sin embargo, nada de esto evitó que su presidente, Rodrigo Rato, se embolsara 2,3 millones de euros el pasado año ni que los indicios de delito sean tales como para que la Fiscalía Anticorrupción haya abierto diligencias de investigación.

Pero, ¿por qué no salen estas cifras en ningún medio de comunicación? Muy sencillo. Los presidentes de los grandes emporios de la comunicación en nuestro país son socios importantes de la patronal. Con ello, se pretende poner a toda la ciudadanía en contra de unos sindicatos que, guste más o menos, son las únicas organizaciones previstas en este sistema para defender los derechos de trabajadores y trabajadoras. Por ahora, la derecha y los medios de comunicación están consiguiendo su objetivo. ¿Te vas a dejar engañar y manipular?

D) El rescate bancario

Luis de Guindos, el ministro de Economía, presentó el día 9 de junio, la situación de insolvencia del sistema bancario español. La pésima gestión ha podido con todos los millones de euros y ayudas concedidas al capital financiero y especulativo. Por ello y para evitar otra desastrosa intervención de la “troika” -la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional-, ya experimentadas sin éxito alguno en Portugal, Irlanda o Grecia, el Gobierno ha decidido aceptar la intervención del sistema bancario español.

Está claro quién pagará “los platos rotos”, pues el ministro de finanzas alemán Wolfgang Schäuble ya ha manifestado: "No son los bancos, es España quien recibe el dinero", por lo que "ahora el país tendrá que negociar su reestructuración bancaria con el FMI y el BCE". Es decir, que quienes crean el problema son los responsables de su solución.

Sin duda el rescate bancario revela la debilidad del sistema bancario español, la mentira persistente del Gobierno como fórmula de hacer política y la preferencia de las instancias internacionales por presionar desde la zona euro. Ningún criterio social, laboral o de bienestar para las poblaciones ha sido tenido en cuenta para la adopción de estas decisiones. El euro manda y la moneda lo es todo para los capitalistas de la banca, que están dispuestos a apretar más el cinturón a la ciudadanía, generar más desempleo, recortar servicios públicos y eliminar prestaciones sociales. Estos son los precedentes ya conocidos a los que nos enfrentaremos en los próximos meses.

E) Algunas alternativas

A la vista de esta situación límite, desde Andaluces de Alcalá nos planteamos: ¿Es preferible que el Estado español salga de la zona euro? ¿Sería adecuado aplicar recortes a las subvenciones millonarias a banca y gran patronal? ¿Es sostenible este modelo bancario? ¿Están definitivamente fracasadas las teorías económicas capitalistas? ¿Debemos apostar por oros modelos financieros a partir de los valores y experiencias de la banca ética (2)? ¿Quiénes vamos a pagar el rescate bancario? ¿Cuántas veces vamos a pagar a la banca y quién fija esos importes? ¿Aportan algo medidas como la Reforma Laboral o el plan de ajuste en servicios públicos básicos (sanidad y educación)? ¿Podríamos establecer un impuesto especial para las entidades bancarias establecidas en Alcalá que compensase esta situación? ¿Podríamos impulsar un sistema local y público de crédito público? Sin duda el grado de debate y movilización social que alcancemos marcarán parte del futuro de esta situación.

(2) Fiare, BPE ó Coop57 son ejemplos prácticos de Banca ética.

Andaluces de Alcalá, 16 de junio de 2012


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