sábado, 21 de enero de 2012

EL ALBERO DE ALCALÁ Y LOS PLANES URBANÍSTICOS.

En 1994 el Ayuntamiento de Alcalá aprobó el “Plan General de Ordenación Urbana”, actualmente en vigor. Hoy, diecisiete años más tarde, cerca de ochocientas stenta y cinco hectáreas de zonas residenciales o industriales programadas y no programadas permanecen completamente baldías. Y lo que es más surrealista: en la previsión del nuevo PGOU, en fase de aprobación, se destinan más de 2000 nuevas hectáreas para la misma finalidad. En base a estos datos, es fácil concluir que la política urbanística en nuestra localidad durante las dos últimas décadas ha transcurrido por parámetros netamente especulativos. El urbanismo ha sido concebido como la principal política de “crecimiento económico”, y por tanto como la panacea para la solución de todos nuestros males.

¿Explanación o cantera?
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcalá de Guadaíra de 1994 delimitó la zona arqueológica de Gandul. Asumía así los compromisos de la Resolución de 15 de octubre de 1.991 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, por el que se incoaba expediente de declaración de la zona arqueológica de Gandul como Bien de Interés Cultural (BIC), calificándose otras zonas como Suelo No Urbano (SNU), Suelo No Urbanizable por Interés Ambiental (SNU-AM), por Interés Forestal (SNU-IF), por Interés Agrícola (SNU-IA), o por Interés Paisajístico (SNU-IP). Cada una de estas declaraciones supusieron restricciones importantes del uso del territorio.

Estas buenas intenciones pronto fueron arrinconadas. La labor municipal se volcó en la gestión del crecimiento urbanístico, circunstancia que se constata por el importante número de modificaciones parciales del POGU: más de 40 1 . Esto ha significado de facto la redacción de un nuevo PLAN. La permisividad en cuanto al control de la proliferación de urbanizaciones ilegales, el establecimiento en plena cornisa de las canteras de “Los Majadillas” y “Palito Hincado”, un malogrado campo de golf y el incumplimiento de la Ley en lo referente a la zona arqueológica de Gandul 2, son hechos que vienen a corroborarlo.

En la medida en que los objetivos faraónicos han fracasado como resultado de la explosión de la burbuja inmobiliaria, la especulación no ha tenido más remedio que “tirar” de un elemento de alta calidad que está presente en las parcelas adquiridas: el albero 3.

Como antecedente, la Expo92 ya fue la primera infraestructura que capto importantes cantidades de albero de Los Alcores: “El Punto”, “La Nocla”, “Zacatín”..., explotaciones (canteras) a todas luces de la sección A) 4, que de haberse seguido los procedimientos legalmente establecidos, difícilmente hubieran conseguido la concesión administrativa de Industria 5 por su cercanía al núcleo urbano de Alcalá, entre otros motivos.

El patético y desolador panorama de venta de parcelas o extracciones ilegales de albero, donde lo menos importante son los núcleos de población, la ley, el medio ambiente, el patrimonio, o cualquier otro interés económico legítimo en la zona, manifiesta cuando menos una pésima gestión de lo público. El resultado de esta gestión es el beneficio de una pequeña minoría, y el perjuicio del patrimonio de todos. Los ciudadanos y las entidades que nos representan debemos exigir justicia, incluyendo la depuración de responsabilidades en el Gobierno Municipal.

Andaluces de Alcalá, 20 de enero de 2012
andalucesdealcala@gmail.com

1.- Alegaciones a la aprobación inicial del nuevo PGOU presentadas por Alwadi-ira.
2.- Sentencia 236/11 del Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 14 de Sevilla de fecha 26 de octubre declarando ilegal el proyecto de actuación en suelo no urbanizable para centro de rehabilitación Proyecto Hombre. O la reciente paralización de las “labores de explanación en el lugar conocido como “La Isla”. Son dos éxitos de la sociedad civil, indicativos de lo que una labor de oposición consecuente, hubiese logrado en Alcalá.
3.- Hechos similares ocurren en Mairena del Alcor y Carmona.
4.- En el Título I de la Ley de Minas se reafirma la naturaleza jurídica de los yacimientos minerales de origen natural y demás recursos geológicos como bienes de dominio público y se mantiene la concesión administrativa como institución tradicional y principio básico de nuestro ordenamiento minero, ordenándose por secciones A), B), C)
5.- Ley 22/1973, de 21 de julio de 1.973, de Minas. Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería. La competencia de la concesión administrativa es de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.












No hay comentarios: