viernes, 28 de enero de 2011

NOTA DE PRENSA: Alcalá de Guadaíra en la manifestación andaluza del pasado 22 de enero por la retirada del plan de reordenación del sector público andaluz.

El pasado sábado 22 de enero tuvo lugar la segunda macro manifestación andaluza por una administración pública de calidad, contra su privatización y la derogación de los Decretos Leyes 5 y 6 /2010, de Reordenación del Sector Público Andaluz. Entre los asistentes, un grupo de 19 alcalareños recorrimos juntos todo el trayecto.

Como en todas las manifestaciones, la guerra de cifras inundó los periódicos del domingo. Mientras la policía local cifraba la asistencia en 8000 mil personas, la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA) daba el dato de 80000 asistentes. Ni tantos, ni tan calvos. Posiblemente el número real de manifestantes se acerque a las 20000 personas, uno de los dato que facilita el diario Público, y que coincide con los cálculos que un compañero alcalareño realizó, después de recorrer en varias ocasiones la manifestación desde la cabecera a la cola y viceversa.

Independientemente de la cifra final de participantes, podemos calificarla como la mayor manifestación en Sevilla desde hace muchos años. En cuanto a la estética, pudimos observar pancartas y banderas de todas las Plataformas y sindicatos, eslóganes de marcado carácter democrático y progresista que desmienten los intentos del PSOE por relacionar a los trabajadores públicos con el PP.

Se constata una vez más que, en la medida en que los ciudadanos conocen los entresijos de los Decretos y sus efectos prácticos: pérdida de derechos de funcionarios y laborales, desprestigio de la carrera administrativa, parón de la promoción interna y los concursos de traslado, no poder acceder a los empleos públicos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad o ver gestionados sus derechos por agencias, los apoyos van incrementándose.

En este escenario, de movilización y de defensa de lo público, es clarificador el papel que juegan y jugarán, en los próximos meses, algunos dirigentes autoproclamados de izquierda, que en sede parlamentaria emulan a las cúpulas de los sindicatos mayoritarios, mostrándose dispuestos “a introducir mejoras” en los Decretos, y no resueltamente decididos a exigir su derogación inmediata.

De momento, se reanudan las concentraciones de los jueves en las consejerías de Empleo e Igualdad, y la coordinadora de Plataformas y sindicatos estudian, este fin de semana, en Antequera, otras medidas unitarias de protesta.

Adjuntamos algunas de las fotos tomadas.
Alcalá de Guadaíra, a 28 de enero de 2011

jueves, 20 de enero de 2011

La biblioteca pública: ¿Derecho o negocio?

Rosa Regás, Pedro López López y Fernando Báez
Rebelión

El pasado 17 de diciembre ha pasado a ser un día preocupante en la historia de las bibliotecas en España. Mientras el mundo no se reponía del escándalo de las revelaciones de la debacle financiera y la corrupción política, el sindicato de Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) daba a conocer la noticia de la primera privatización de una biblioteca municipal en España. No se trataba sólo de una mala noticia que se inscribe en el marco de la arrolladora ola privatizadora de los servicios públicos que viene dictada por esa oligarquía económica a la que nuestros políticos llaman “los mercados”.

El problema es que la medida se justificó en la necesidad de eficiencia, de modo similar a lo que ocurre en Inglaterra, donde existen actualmente 365 bibliotecas y 27 servicios móviles a los que se han aplicado recortes y sufren amenazas serias de privatización (ver http://publiclibrariesnews.blogspot.com/).

Ya tenemos perspectiva suficiente como para saber que la gestión privada de los servicios públicos no está aportando nada bueno a la sociedad: ni la gestión es más eficaz, ni los costes se reducen (las cifras se maquillan y en la contabilidad “creativa” que computa los costes se transfieren muchos de éstos a la sociedad por diversas vías) ni los servicios se prestan con mayor calidad (incluso más bien al contrario).

El sector privado -y bastaría revisar casos como los de Bernard Madoff, Enron o las sociedades financieras que han llevado a Grecia, Irlanda y España al borde de la quiebra- no puede ser convertido en un símbolo de transparencia sin debate.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, la biblioteca forma parte de un sistema educativo y cultural ideado para proporcionar a la ciudadanía los derechos de acceso a la información, a la cultura y a la
educación. Cada biblioteca es una institución fundamental de la memoria que forma parte del eje de la identidad de los pueblos. Cuando estos derechos, como otros más acuciantes en el caso del acceso a la sanidad o a la vivienda, se contemplan desde la perspectiva del negocio privado, nada bueno puede esperarse.

Los principios básicos que inspiran el servicio bibliotecario están recogidos en documentos de la Unesco (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) y de la IFLA (Internacional Federation of Library Associations and Institutions), y estas asambleas globales contemplan la biblioteca desde una óptica ciudadana, no comercial. En el momento que las empresas entren a cubrir los servicios bibliotecarios, ya no estamos en la lógica de los derechos ciudadanos de acceso a la información, a la cultura y a la educación, sino de cuestiones relacionadas con la rentabilidad económica desde el punto de vista del interés privado. Pero es la rentabilidad social la que tiene que dirigir los servicios públicos. El acceso a la cultura y a la educación se inscribe dentro de unos derechos sociales que fueron conquistados por las clases trabajadoras con una intención de reparto de la riqueza y como una forma de atender al valor “igualdad”, concebido
para que las clases menos favorecidas económicamente puedan participar en la sociedad.

Introducir la lógica del lucro en los servicios públicos es antisocial, y esto lo saben aquellos que entregan a los negocios los servicios públicos. La gestión privada de estos servicios conlleva salarios de miseria, precariedad laboral y deterioro de la calidad, no hay otra manera de incrementar los beneficios empresariales. Pero la doctrina neoliberal ha ido pervirtiendo la lógica del Estado Social, de tal forma que lo que se había ido configurando como obligaciones que el Estado tenía para con los ciudadanos y que debía sufragar a partir de la recaudación de impuestos, se ha ido transformando en actividades que el Estado va traspasando a empresas, bien sea a través de la titularidad o bien a través de la gestión. Una vez consumada esta operación, el lucro se introduce en un proceso que no debería estar contaminado por el interés privado, sino dirigido a proporcionar a los ciudadanos los mejores servicios públicos a partir de los impuestos recaudados, y desde aquí es desde donde cabe hablar de rentabilidad, una rentabilidad social que se mide por la calidad de los servicios públicos, no por la ganancia de las empresas.

Posiblemente no es factible prohibir que los ayuntamientos entreguen la cultura a las empresas, permitiendo que sea contemplada como una actividad mercantil más, pero sí es necesario poner en evidencia y llevar a la conciencia de la ciudadanía cómo las funciones de los poderes públicos se van desvirtuando bajo la lógica neoliberal. Se trata de una lógica nefasta que quiere convertir a los ciudadanos en clientes y al mundo en mercancía. Se trata de someter al mundo de la política al de los intereses económicos, y ya estamos viendo los desconcertantes resultados. En el informe titulado “Hacia las sociedades del conocimiento” (2005) se explicaba ya con detalle: "El futuro de las bibliotecas depende en gran medida de la capacidad de nuestras sociedades para trascender la lógica mercantil de la sociedad de la información e instaurar nuevos modelos en los que sean los conocimientos y su valor cognitivo quienes generen valor". Uno de los grandes peligros del siglo XXI es que quienes deciden las políticas culturales en España no comprendan el significado histórico de las bibliotecas en la construcción de la ciudadanía plural y solidaria y la investigación abierta.

En cualquier caso, la privatización de bibliotecas, en un momento de crispación como el que se vive, golpea seriamente la posibilidad de un compromiso social más firme con todos esos millones de españoles que están alarmados ante el futuro tan incierto y tienen serias reservas con el sector privado, que ha demostrado ser tan desleal con el pueblo. En un tiempo que demanda acciones transparentes y apoyo colectivo, se da un absurdo paso hacia atrás que expone las graves contradicciones en la cultura nacional. Y esto merece no sólo una reflexión aguda, sino una condena pública ante un desacierto que amenaza con extenderse a otros ayuntamientos.

Rosa Regás. Escritora. Ex directora de la Biblioteca Nacional de España Pedro López López. Profesor de la U. Complutense. Ex director de la E.U. de Biblioteconomía y Documentación

Fernando Báez. Escritor. Ex director de la Biblioteca Nacional de Venezuela

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


domingo, 16 de enero de 2011

ANDALUCES DE ALCALÁ APOYA LA MANIFESTACIÓN DEL PRÓXIMO SÁBADO 22 CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANDALUZA .

Estimados amigos/as, el próximo sábado, 22 de noviembre, hay convocada una manifestación en Sevilla en defensa del empleo público, del acceso a la función pública respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y contra la creación de una “administración” paralela a través de las llamadas “Agencias”.

La agencialización constituye un ataque y usurpación de potestades públicas inherentes a funcionarios y laborales, sin precedentes, que subvierte, sin ningún pudor, el modelo de Administración Pública consagrado en la Constitución, que les confiere, a estos trabajadores, un papel garantista del interés público en el desempeño de sus funciones, sometidas a los principios de imparcialidad, neutralidad y objetividad. Cortocircuita el acceso de los ciudadanos al empleo público bajos los principios de igualdad, mérito y capacidad. La integración y estabilización, de aproximadamente 25.000 trabajadores, en tales agencias empresariales, supone, en la práctica, la eliminación de las Ofertas de Empleo Público que, en los últimos años, han desaparecido o han sido muy pequeñas, en la medida de que iban engordando todo tipo de tinglados empresariales. Es por eso, que la lucha por la derogación del Decreto es una cuestión de todos los ciudadanos y no exclusivamente de los empleados de la Administración Pública de la Junta de Andalucía.

¡ACUDE!

Nota: Para compartir coches e ir juntos, hemos quedado a las 10:30 en la ROTONDA DE BECA.

Alcalá de Guadaíra, 16 de enero de 2011

CONVOCATORIA OFICIAL
MANIFESTACIÓN EN SEVILLA 22 de enero de 2011.
DECLARACIÓN PÚBLICA DE PRINCIPIOS E INTENCIONES

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, FUTUROS EMPLEADOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS IGNORADOS Y ESTAFADOS POR EL GOBIERNO ANDALUZ, DEFENDEMOS NUESTROS DERECHOS FRENTE A LA POLITIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

El Acuerdo y el Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes de reordenación del Sector Público Andaluz, aprobado por el Ejecutivo Andaluz el 29 de julio, con premeditación y alevosía en pleno periodo estival, y los Acuerdos y el Decreto-Ley 6/2010 de medidas complementarias al anterior, se tramitarán como Proyecto de Ley según se acordó en sesión del Parlamento Andaluz el 9 de diciembre de 2010 propiciando la privatización de los bienes colectivos. El 22 de diciembre, el Parlamento aprueba el Presupuesto de 2011 para Andalucía con una exposición de motivos surrealista, donde se reducen costes, pero se aumenta el negocio y se suben los precios. Bajar los costes implica reducción de medios, personal, calidad. Aumentar el negocio requiere invertir, lo que aplaza de forma importante la obtención del beneficio. Subir los precios no es precisamente sinónimo de mejorar la gestión.

La condición de empleado y servidor público, su inherente independencia, está en jaque desde la concepción de la reestructuración del sector publico como una reducción del gasto y un reforzamiento del Plan de Austeridad.

Todo lo anterior, perjudica la Buena Administración, mercantilizándola, separando las potestades administrativas, degradando la condición de empleado público, dañando con ello el servicio público que se presta a la ciudadanía, en contra de lo establecido en nuestra "Carta Magna", la Constitución Española.

Las circunstancias que nos traen hoy aquí para manifestar nuestro rechazo y oposición a la privatización de los servicios públicos, no son sino la expresión de un panorama mucho más amplio donde sencillamente el Gobierno Andaluz miente a los ciudadanos y a los Empleados Públicos para esconder su incapacidad gestora.

Ante este escenario, apuntamos a la imperiosa necesidad de que la ciudadanía alcance a comprender la profundidad de la transformación que se avecina sobre el servicio público tal y como lo concebimos hoy, sobre el modelo de Estado de Bienestar. El Gobierno Andaluz impone el Estado Liberal.

POR TODO ELLO, DESDE LA PLATAFORMA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE ANDALUCÍA (P.E.P.A.):REIVINDICAMOS el significado que reviste la condición de empleado público como garantía de independencia de los servicios públicos frente a los múltiples intereses mercantiles, partidistas o de grupos de presión.

REIVINDICAMOS que el empleado público está al servicio del conjunto de la sociedad y de la ciudadanía, independientemente de quien gestione o gobierne, porque los criterios de gestión pública se enfocan prioritariamente al mantenimiento del servicio y no a la pura obtención de beneficios.

REIVINDICAMOS unos servicios públicos de titularidad pública, gestionados transparentemente, en los que tengan participación todos los colectivos y sectores implicados y los ciudadanos como consumidores y destinatarios finales de los servicios.

RECLAMAMOS una administración pública eficaz garante y promotora de la mejora continua de la calidad de los servicios; valedora de los derechos del ciudadano.

EXIGIMOS el acceso al empleo público mediante una oposición pública y el pleno ejercicio del derecho al desarrollo de la carrera profesional, la formación y la promoción en términos de igualdad de oportunidades, transparencia y objetividad, en un clima de relaciones laborales basado en la estabilidad, el respeto y la confianza.

NOS OPONEMOS a cualquier proceso que traiga consigo la enajenación, externalización, privatización, subcontratación o subrogación de los bienes públicos garantes de la igualdad de oportunidades de trabajo y de acceso del ciudadano a los servicios de necesario carácter social que se prestan.

Finalmente HACEMOS UN LLAMAMIENTO PÚBLICO a toda la sociedad (implicados y afectados) para debatir en profundidad el futuro del sector público e invitamos a los partidos políticos, instituciones, asociaciones y medios de comunicación a implicarse responsablemente para promover la participación y la objetividad en este debate.

UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICAZ SERÁ UNA ADMINISTRACIÓN MÁS INDEPENDIENTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.• TOCA DEFENDER LO PÚBLICO, ES DE TODOS, • NO A LA REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ.• CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS•TOD@S A LA MANIFESTACIÓN EL SABADO 22 DE ENERO SEVILLA, PALACIO DE SAN TELMO, 12:00 HORAS, CONTRA LA REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. ¡UNETE!

viernes, 7 de enero de 2011

MOTOCROSS EN LA RIBERA DEL RÍO GUADAÍRA

Los que tenemos aficiones, practicamos deporte o mantenemos algún tipo de compromiso social, a veces, valoramos lo nuestro por encima de lo que realizan los demás, sin tener en cuenta el debido respeto y la consideración que, de partida, toda actividad de las mencionadas merece.

¿Es posible compaginar la instalación de un circuito de motocross junto al río con la calificación de "Monumento Natural" de las riberas del Guadaíra, anunciada a bombo y platillo por la que fuera Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, (1) y el Alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones?.

Para responder a la pregunta anterior vayamos a la definición de Monumento Natural que hace la propia Junta de Andalucía: “Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de protección especial.” (2) Cualquier persona puede deducir, sin ningún tipo de dudas, que no encaja un circuito de motos en dicha figura de protección. Es más, supondría un obstáculo para la incorporación de las riberas del río Guadaíra a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (REMPA), y jugaría, claramente, contra los intereses generales de Alcalá, incluidos los netamente económicos.

¿El circuito de motocross es compatible con las actuaciones previstas en el Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del río Guadaíra? Dicho programa contempla el deslinde, la restauración de márgenes, el patrimonio ligado al río y su reforestación. Claramente no encajaría el motocross en las actuaciones previstas.

¿Cumple el circuito con la legislación vigente, entre otros con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas? El artículo 6 nos da la siguiente definición de riberas, “fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces”. En cuanto a su protección nos dice que “están sujetas, en toda su extensión longitudinal: a) A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público... b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.” En cuanto a los trabajos de protección en las márgenes, “podrán realizarse en caso de urgente necesidad trabajos de protección de carácter provisional en las márgenes de los cauces. Serán responsables de los eventuales daños que pudieran derivarse de dichas obras los propietarios que las hayan construido”. (3) Concluimos, infringe la Ley.

En nuestro pueblo existen más de 500 hectáreas degradadas, fundamentalmente antiguas canteras, zonas donde perfectamente puede habilitarse un espacio para la práctica de dicho deporte. Insistir en un circuito junto al río Guadaíra, sobre un posible yacimiento arqueológico, entre el molino de “Las Aceñas”, uno de los pocos Bienes de Interés Cultural de Alcalá, y la huerta de “La Juaquinita”, a un tiro de piedra del antiguo reformatorio “San Francisco de Paula”, es una aberración que nunca tendrá el reconocimiento del pueblo de Alcalá. Seamos sensatos, como diría el mítico torero “Rafael Guerra”, “no puede ser y además es imposible”; simplemente no es el lugar más apropiado, y entra en colisión directa con la legislación vigente: la Ley de Aguas, el Plan de Ordenación Urbana en vigor, proyectos y planes para la ribera del río en fase de ejecución y futuros.

Es difícil entender el malestar en los aficionados al motocross sin considerar el papel jugado por el Ayuntamiento: lento, poco claro y nada consecuente con la Ley y los planes de recuperación del río Guadaíra. Planteamos tres hipótesis: a) Que las labores en la parcela, la finalidad de las mismas y las pruebas realizadas no hayan sido conocidas por los responsables municipales, es un hecho grave, pues constata una vez más la falta de atención y cariño al patrimonio de Alcalá de nuestros regidores municipales; queremos decir que no han estando donde tenían que estar en el momento oportuno y, nuevamente, han dando la talla los de Alwadi-ira al ponernos en antecedentes. b) Lo sabían, pero tácitamente dieron su consentimiento por ignorancia de la legalidad vigente. El caso sería muy grave, algunos deberían dimitir y exigírseles responsabilidades. c) Son plenamente conscientes de lo sucedido y la actividad se enmarca dentro de la privatización de determinados sectores de la ribera del Guadaíra. Se estaría infringiendo el actual Plan de Ordenación Urbana y la Ley de Aguas (entre otras), incuestionables al respecto. Las responsabilidades podrían exigirse incluso ante los tribunales.


Alcalá de Guadaíra, 7 de enero de 2010

andalucesdealcala@gmail.com