jueves, 3 de febrero de 2011

JUSTICIA, INJUSTICIA Y MEDIOS MATERIALES EN ALCALÁ

En los últimos días hemos asistido a la clausura y paralización temporal de la actividad judicial de la mayor parte de los servicios judiciales con que cuenta nuestra localidad, en concreto los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 2, el Registro del Juzgado Decano y el Registro Civil. El motivo no es otro que la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a instancias de una denuncia sindical por incumplimiento de la normativa de seguridad y prevención de riesgos (ley 31/1995). Huelga hacer más comentarios sobre esta precaria y preocupante situación.

Es cuando menos paradójico que las instalaciones de los propios Juzgados no cumplan con la normativa vigente y obliguen a una actuación preventiva tan contundente como decretar su cierre. Sin duda se pone así de manifiesto las insuficiencias que los alcalareños padecemos en materia de justicia. De un lado nos encontramos con unas instalaciones obsoletas para la mitad de nuestros juzgados, que en realidad fueron diseñadas como vivienda. No contamos con un edificio judicial integrado donde estén todos los servicios accesibles y sin barreras arquitectónicas (juzgado decano, todos los juzgados, forense, fiscalía, colegio de abogados y procuradores, etc.). Y además nos encontramos con unos medios materiales (equipos informáticos, salas de espera, instalaciones, etc.) que dejan mucho que desear. Y de otro lado, con una justicia colapsada, que no es capaz de cumplir los plazos temporales que ella misma establece en las leyes que regulan los procedimientos. En este sentido, el propio Juez Decano reconoce que en nuestra provincia sería necesario establecer 51 nuevos juzgados para poder cumplir con los módulos fijados por el CGPJ (1).

La justicia que no cumple su cometido es injusticia. Y tampoco es justicia aquella que se retrasa más allá de lo establecido y se aleja de cualquier plazo razonable para resolver las situaciones y los conflictos planteados. La justicia, si quiere llamarse tal, exige no solo de una resolución conforme al ordenamiento sino también de una pronta respuesta, pues de ella dependen el disfrute real y efectivo de los derechos de los ciudadanos.

Desde Andaluces de Alcalá entendemos que se hace necesaria una reordenación racional de las instalaciones y medios judiciales en nuestra localidad. Es absolutamente indispensable que el acceso a la justicia sea un derecho universal para todos los ciudadanos y que el mismo sea garantizado de forma que pueda ejercitarse en su plenitud por cualquier ciudadano que acuda a las instancias judiciales. Por ello, interesamos que se elabore un informe donde se analicen los medios humanos y materiales con que cuenta la planta judicial alcalareña, se informe del grado de cumplimiento de plazos judiciales, se identifique el número de asuntos pendientes de resolución, se compruebe el grado de cumplimiento del plan de modernización de la justicia y a partir de ello se elabore un plan de actuación judicial encaminado a resolver todas las deficiencias detectadas. En este planteamiento hacemos especial referencia a que la participación de los colectivos profesionales implicados es fundamental para atender las demandas sociales y por ello, jueces, secretarios, fiscales, funcionarios, abogados y procuradores deben ser escuchados y tenidos en cuenta para la organización judicial de nuestra localidad. Y obviamente es necesario establecer un plan de uso de los edificios destinados a sedes judiciales que se encuentran sin utilidad alguna en el presente, como es el caso de la antigua comisaría de policía. Para todo ello hacemos un llamamiento a las autoridades competentes a fin de no repetir estos indeseables episodios que nos sitúan en el vagón de cola por cuanto a la atención judicial se refiere.

(1) http://diariodenoticias.laley.es/documento.asp?id=./NE0000095863_20110110.HTML
Alcalá de Guadaíra, a 3 de febrero de 2011



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