lunes, 29 de noviembre de 2010

4-D, Día de Andalucía

El 4 de Diciembre es una fecha significativa para todas las personas que de una manera u otra nos sentimos y queremos sentirnos comprometidos con Andalucía, porque la notamos nuestro marco de actuación y nuestra lente para mirar al mundo y que el mundo nos mire. Pero desde 1978 (1) a hoy, Andalucía ha sufrido todo un proceso de frustración, de traición y de adocenamiento que ha desactivado el espíritu del 4-D de 1977 (2) y de 1868 (3); proceso inmerso en la dinámica de globalización mercantilista que, además de haber impedido la estructuración de nuestro territorio para nuestro despegue como país, nos ha convencido para que sustituyéramos nuestros valores de solidaridad, comunitarismo y aprecio de nuestra cultura tanto material como inmaterial, a cambio de los sacrosantos intereses de mercado, donde todo lo que no tenga un precio económico no tiene un valor social, unos intereses que, además, en los últimos dos años de crisis han demostrado que no sirven más que a la devoradora usura de los grandes capitales financieros internacionales, auténticos responsables de la situación económica mundial actual, no sólo en el primero, sino también en el denominado Tercer Mundo.

Pero la situación de Andalucía no responde sólo a intereses económicos. O dicho de otra manera, los intereses económicos se visten de intereses políticos, y debido a eso acabamos de asistir hace unas semanas al espectáculo mediático de la negación de autonomía para los pueblos que la requieren: mirando para otro lado en el caso del Sáhara Occidental -legalmente aún bajo tutela del Estado español para la ONU (4)-, y a golpe de maza con la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Cataluña.

Con respecto a la cuestión catalana -aparte de las salidas de tono propias de algunos políticos en las que creemos que no merece la pena entrar ahora-, las cuantiosas modificaciones hechas a un texto emanado de un Parlamento elegido siguiendo las normas democráticas establecidas por el propio estado central (además de estar respaldado por partidos tan poco sospechosos de “separatistas” como el PSC o CIU), la eliminación de 14 artículos, y la definitiva sentencia del Tribunal, suponen un retroceso en la convivencia de los pueblos que formamos parte del mismo estado, a más allá de la LOAPA y el famoso “café para todos”. Y por supuesto, un tema que afecta tan directamente a las bisagras del engranaje de esa convivencia entre pueblos a la que nos acabamos de referir, afecta a Andalucía, y la afectará en los próximos 30 años, como en su día nos afectaron la misma LOAPA, o más recientemente la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía orquestada por PSOE-PP en el referéndum del 18 de febrero de 2007 (en la que apenas votó un 35% del electorado) (5), entroncada directamente en la ultraneoliberal Constitución Europea aprobada en 2005.

Después de 33 años desde aquel 4-D, no vivimos en esa Andalucía que quería Blas Infante como nos venden desde las instituciones (por cierto, 2010 es oficialmente el Año de Blas Infante, aunque casi nadie se haya enterado, y aunque a la Fundación que lleva su nombre acaben de recortarle el 30% de su presupuesto), muy al contrario, vivimos en una Andalucía que más que nunca necesita de ciudadanos y ciudadanas, vengan de donde vengan –“En Andalucía no hay extranjeros” (6)-. Ciudadanos y ciudadanas en el más amplio sentido del término, pues como decía don Blas, Andalucía Libre implica necesariamente andaluces y andaluzas libres.

Alcalá de Guadaíra, 29 de noviembre de 2010

(1) Pacto de Antequera
(2) Manifestaciones autonomistas de alrededor de 2 millones de andaluces
(3) Revolución cantonalista conocida como La Gloriosa
(4) Ver: http://andalucesdealcala.blogspot.com/2010/11/andaluces-de-alcala-frente-la-ultima.html
(5) Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/Andalucia/aprueba/Estatuto/participacion/baja/historia/elpepuesp/20070218elpepunac_4/Tes
(6) Manifiesto A todos los andaluces (1936)






miércoles, 24 de noviembre de 2010

ANDALUCES DE ALCALÁ FRENTE A LA ÚLTIMA AGRESIÓN DEL GOBIERNO MARROQUÍ CONTRA EL PUEBLO SAHARUI

Desde el colectivo ciudadano Andaluces de Alcalá deseamos mostrar nuestra repulsa y nuestro enérgico rechazo al ataque que el Estado marroquí está ejecutando contra la población saharaui. El desmantelamiento del campamento de protesta de Gdaim Izik, en las afueras de El Aaiún, constituye la enésima demostración del profundo desprecio que el gobierno marroquí siente por los Derechos Humanos y por los derechos colectivos del pueblo saharaui. Por este motivo nos sentimos éticamente obligados a mostrar nuestro apoyo a la población saharui y nuestra solidaridad.

Pero además de rechazar el abominable comportamiento del gobierno marroquí, desde Andaluces de Alcalá deseamos manifestar nuestra profunda decepción con la reacción del gobierno español y de los dos principales partidos políticos. La Ministra de Exteriores se ha limitado a esquivar el tema y asegurar que “vigila de cerca la situación”. PSOE y PP sostienen una postura de ambigüedad calculada que es éticamente insostenible y políticamente inaceptable ante una agresión de este tipo. A nivel institucional, el Estado español no ha condenado el ataque marroquí, limitándose sus representantes a “pedir información” a la potencia ocupante e incluso a sugerir cínicamente la conveniencia de mirar hacia otro lado para salvaguardar las relaciones diplomáticas con Marruecos.
Deseamos recordar en estos días que España continúa siendo a día de hoy potencia administradora de los territorios que comprenden el Sáhara Occidental. Los Acuerdos de Madrid firmados en 1975 confieren al Estado español esta responsabilidad, cuyo abandono representa una vergüenza que el pueblo saharaui está pagando muy caro. Por eso desde Andaluces de Alcalá animamos a nuestros conciudadanos a exigir responsabilidades a aquellos que las tienen. No vale con mirar para otro lado. Exijamos a nuestros representantes políticos y a nuestras instituciones que actúen ya contra esta agresión. Si el Estado español es un Estado de Derecho, debe demostrarlo tomando cartas en el asunto, y asumiendo así y de una vez por todas el papel que la ONU le asigna en cumplimiento de la legalidad internacional.

Alcalá de Guadaíra, 24 de noviembre de 2010

http://andalucesdealcala.blogspot.com/
andalucesdealcala@gmail.com


Fotos:
1. Delegación Saharaui para España
2. web Mujeres saharauis

martes, 23 de noviembre de 2010

4 DE DICIEMBRE DÍA DE ANDALUCÍA






ANDALUCÍA Y EL FLAMENCO

Fecha y Lugar: Sevilla, 2-3 diciembre 2010

En conmemoración del 4 de Diciembre, Día de Andalucía, la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide organizan junto con la Asociación Andaluza de Antropología, las jornadas "Andalucía y el Flamenco"

jueves, 11 de noviembre de 2010

Acude a la manifestación del sábado 13 de noviembre en Sevilla.

Salida: 12 h Alameda de Hércules y finaliza en el Parlamento
Nos vemos a las 10:30 en Beca
Andaluces de Alcalá

Estimados amigos/as, el próximo 13 de noviembre hay convocada una manifestación en Sevilla en defensa del empleo público, del acceso a la función pública respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y contra la creación de una “administración” paralela a través de las llamadas “Agencias”, consagradas en el D. 5/2010 de “reordenación del sector público” en Andalucía. La convocatoria corre a cargo de diferentes colectivos de trabajadores: funcionarios y laborales, y casi la totalidad de los sindicatos de la Administración Pública de la Junta de Andalucía a excepción de las cúpulas de UGT y CC.OO. que, de forma humillante y vergonzosa, han ido a salvar a Griñán y dar legitimidad a un Decreto Ley, traicionando a sus propios afiliados.

¿POR QUÉ TENEMOS QUE ACUDIR A LA MANIFESTACIÓN?

La agencialización constituye un ataque y usurpación de potestades públicas inherentes a funcionarios y laborales, sin precedentes, que subvierte, sin ningún pudor, el modelo de Administración Pública consagrado en la Constitución, que les confiere, a estos trabajadores, un papel garantista del interés público en el desempeño de sus funciones, sometidas a los principios de imparcialidad, neutralidad y objetividad.

El Decreto 5/2010, cortocircuita el acceso de los ciudadanos al empleo público bajos los principios de igualdad, mérito y capacidad. La integración y estabilización, de aproximadamente 25.000 trabajadores, en tales agencias empresariales, supone, en la práctica, la eliminación de las Ofertas de Empleo Público que, en los últimos años, han desaparecido o han sido muy pequeñas, en la medida de que iban engordando todo tipo de tinglados empresariales. Obviamente, esta enorme operación de enchufismo, no conoce precedentes ni siquiera durante la dictadura de Franco. Es por eso, que la lucha por la derogación del Decreto es una cuestión de todos los ciudadanos y no exclusivamente de los empleados de la Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Simplemente los funcionarios y laborales defendemos nuestros derechos y libertades constitucionales frente a la arbitrariedad y el despotismo. Pero, además de a nosotros, AFECTA DE MANERA IMPORTANTE A TODA LA CIUDADANÍA.

Al cargo de dichas agencias pondrán a personas sin experiencia profesional o con experiencia profesional ajenas a las materias que gestionan, donde la afinidad será determinante. La PREEMINENCIA DEL DERECHO SERÁ SUSTITUIDA por la voluntad de los directivos de la empresa, puestos a dedo por el partido. El Consejo Rector de cada agencia, como órgano de dirección, marcará las líneas de la política de personal.

La agencialización supone, igualmente, el trasvase del 50 % de funciones del ámbito de la Administración General de la Junta a dichos entes, vaciando de contenido los actuales puestos de trabajo (mañana no sabemos si seguirán con el otro 50 %). Acumulándose un inmenso poder en las agencias que afectará a la vida y actividad de los ciudadanos, regulando el ejercicio de sus derechos y libertades mediante, por ejemplo, el sometimiento de dicha actividad a licencias o autorizaciones; o mediante el establecimiento de condiciones, límites o prohibiciones; u otorgándose a sí mismas el privilegio de inspeccionar la actividad de los ciudadanos, o imponer sanciones o multas, entre otra muchas cuestiones.

SITUACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL

El personal funcionario, en teoría, se integraría voluntariamente en estas nuevas agencias, quedando en situación de excedencia por prestación de servicio. No obstante, en la práctica, pasan a ser despojados de su condición de funcionario, pierden de facto la movilidad funcional, la carrera administrativa (en la actualidad casi no se convocan concursos de méritos y la promoción profesional será, probablemente, con preferencia para alguno de los que suponemos parientes, amigos, correligionarios o partidarios), con la agravante de que quedan en una situación administrativa ILEGAL, inventada ad hoc. Cuando la gestión se trasvase a las agencias y las RPT se reduzcan a la mitad ¿qué plazas quedarán libres para salir a concurso?.

El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía pasa de laboral fijo a indefinido. Aunque se afirme, en el reciente acuerdo alcanzado, que no perderán sus derechos, de facto, el personal que se integre se equiparará a los contratados que ya existen en las Agencias y Empresas Públicas, sin tener en cuenta que el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía tuvo que superar procesos selectivos y concursos publicados en BOJA en el acceso a la Función Pública, bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Cada agencia tendrá su propio convenio colectivo (ya no se aplicará el VI Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía). Transitoriamente, será de aplicación el VI Convenio hasta que cada agencia disponga de su propio convenio y sus estatutos. El personal laboral integrado en las agencias tendrá la oportunidad en 5 años de volver a la Junta de Andalucía, a través de concursos de traslados. ¿qué plazas quedarán libres para salir a concurso?.

A todo este despropósito se le añade la reducción de los salarios en un 5% de media este año 2010, y la una congelación salarial y recorte de pagas extras: Sueldo Base y Trienios, para el 2011. Recursos que se detraen para pagar la crisis generada por bancos, constructoras y especuladores.

Otro aspecto, no menos importante, que regula el famoso Decreto Ley 5/2010, es la modificación de la Ley de Patrimonio de la Junta de Andalucía, permitiendo la enajenación de bienes afectos al servicio público, con la intención de posibilitar el endeudamiento vía empresas públicas y posicionar el problema de falta de crédito en un incierto futuro. Lo que es lo mismo, la Junta de Andalucía se vende edificios a sí misma para financiarse. Prevé recaudar 950 millones, vendiendo inmuebles a sus empresas públicas. O la venta de las propiedades de IARA, que denominan “Medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía”.

Ante tanta impunidad, ni PP, ni los sindicatos mayoritarios han abierto la boca o actuado consecuentemente. Ya les va bien el sistema tal y como está montado, por razones diversas y opuestas que confluyen en el mismo punto.

NO SE TRATA DE IR CONTRA EL PERSONAL EXTERNO EN GENERAL. PROPUESTAS

No se trata de ir contra dichos trabajadores, es más, es fundamental que los trabajadores de las empresas externas entiendan que es de interés general la defensa de un modelo de acceso democrático a los puestos de carácter público.

Para ello, entendemos que debe arrancar un profundo proceso de diálogo con la ciudadanía y los empleados públicos, en el que más allá de los discursos impuestos por los ultraliberales gestores "socialistas" se tengan en cuenta las siguientes cuestiones:

La Administración se ha convertido en un botín de la guerra electoral de turno, no en un instrumento de servicio al ciudadano. La partidización del aparato administrativo, que fuerza la orientación de objetivos a la retórica electoral desvía ingentes esfuerzos del aparato institucional y no pocos recursos humanos que debieran orientarse a la ejecución de políticas y servicios públicos. Por ello, una administración más eficaz será una administración más independiente de los partidos políticos. Propugnamos la eliminación de cargos públicos políticos hasta el nivel de Consejero.

Tan sólo quienes no ven amenazada su continuidad en el puesto por la tiranía del resultado a corto plazo o electoral pueden desarrollar esquemas de rendimiento a medio largo plazo, tales como los referentes a la transformación profunda de la educación, el tejido laboral, los patrones de ocio, el urbanismo y el medioambiente o la alfabetización digital. Es por esto que apostamos por una organización institucional democrática en la que la promoción interna, hasta las más altas cotas, no dependa de la designación partidista del gobernante de turno, sino del criterio de los empleados públicos, y los y las ciudadanas receptores de los servicios sujetos evaluación.

El Estado de Derecho debe articularse sobre la transparencia y neutralidad política de la Administración, y la neutralidad administrativa de la dirección del Gobierno, exigiéndose a unos las responsabilidades disciplinarias que procedan y a otros las responsabilidades políticas por la gestión del servicio público, sin excluir la posible responsabilidad penal a ambos.

Entendemos que la función pública existe en la medida que exista el servicio público, de tal manera que el fortalecimiento y la calidad del servicio público deben ser siempre nuestra bandera.

Defendemos el acceso en condiciones de igualdad de todos y todas a la gestión de lo público, de lo que es de todos.

Defendemos el modelo organizativo antiliberal, la prestación del Servicio Público por la propia Administración Pública en todos los sectores de la actividad en que ello sea posible, como la sanidad, la educación o la prestación asistencial. La gestión más eficaz en igualdad de condiciones la prestará siempre aquel que puede ahorrarse la más importante de las partidas de gasto: el beneficio empresarial, para emplearlo en mejorar las instalaciones, la calidad de los servicios o las condiciones laborales de los empleados.

Eficacia y eficiencia se pueden alcanzar a través de la actividad de la Administración pues en muchas de sus actividades es posible alcanzar los objetivos previstos con los propios recursos de que se dispone: si entendemos por eficacia conseguir los objetivos pretendidos, lo primero a realizar es la concreción de esos objetivos por los órganos directivos ("qué buen vasallo si tuviera buen señor") y si entendemos por eficiencia que la consecución de esos objetivos conlleve el adecuado gasto en su consecución, no es necesario hacerlo a través de modelos gerenciales que únicamente pretenden la rentabilidad económica.

Así, mediante este comunicado aspiramos a contribuir al rechazo del Decreto Ley 5/2010, e iniciar un debate sincero, profundo y abierto a toda la ciudadanía en el que sentemos las bases de un servicio público integral, de calidad, participativo y que persiga en todos sus extremos el interés general.

Son varios los recursos interpuestos por vía judicial contra el D. 5/2010, muchas las manifestaciones, concentraciones, encierros, asambleas, comunicados de todo tipo realizados. Ahora es necesario movilizarse, no podemos como ciudadanos andaluces en general y trabajadores del sector público en particular, esperar a las instituciones, para recuperar la dignidad y mostrar nuestro más firme rechazo como demócratas, así, se lo haremos saber a la opinión pública el día 13 de noviembre.

Ya se ha escrito una página de decencia, pero es necesario que la manifestación del 13 sea un rotundo éxito, para conseguir la derogación del Decreto.

Nota: se han utilizado parcialmente textos de los colectivos:
Colectivo defiende tu derecho: http://defiendomiderecho.blogspot.com/
Comunicado Empleados Públicos de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
Entre otros, verdaderos artífices de la defensa de los intereses públicos, y a los que les mostramos nuestro apoyo y gratitud.

Andaluces de Alcalá, 11 de noviembre de 2010

martes, 2 de noviembre de 2010

ANDALUCES DE ALCALÁ POR LA LIBERTAD SINDICAL Y DE EXPRESIÓN

Dice la Constitución que la actuación de los poderes públicos deberá tender, en todo caso, a proteger y desarrollar los derechos fundamentales. Sin duda estos derechos humanos básicos son fruto de la lucha de pueblos y personas comprometidos por conseguir un mundo mejor. Y tienen un reconocimiento y aval internacional de los que se desprende su configuración como normas jurídicas básicas e inspiradoras del ordenamiento jurídico.

Dentro de este catálogo de derechos se encuentran -entre otras- dos libertades básicas para la vida social y económica: de un lado la libertad de expresión, y de otro la libertad sindical. Se trata, sin duda, de derechos inalienables que deben corresponder a cualquier persona por el mero hecho de existir. Y en consecuencia las instituciones tienen la obligación de protegerlos y remover los obstáculos que impidan su consecución.

De un lado, la libertad sindical integra “el derecho de los sindicatos a ejercer actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden” (por todas, SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6 y 152/2008, de 17 de noviembre, FJ 3). El ejercicio de la acción sindical confiere al sindicato un amplio marco de libertad de actuación, cuyas vertientes más significativas son el derecho a la negociación colectiva, a la huelga y al planteamiento de conflictos individuales y colectivos (art. 2.2.d de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical), pero cuyo contenido no se agota ahí, sino que “comprende también cualquier otra forma lícita de actuación que las organizaciones sindicales consideren adecuada para el cumplimiento de los fines a los que están constitucionalmente llamadas. Entre otras, y por lo que atañe a la resolución de este caso, la utilización como instrumento de acción sindical de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información” (SSTC 198/ 2004, de 15 de noviembre, FJ 5 y 281/2005, de 7 de noviembre, FJ 6).

Y de otro lado, la libertad de expresión “no es sólo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige” (STC 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 7), pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una “sociedad democrática”.

La posición del Tribunal Constitucional es meridianamente clara. Sin embargo hay situaciones en que estas obligaciones se olvidan y ocurren desagradables incidentes que no pueden tener respaldo alguno. El caso del acoso a los representantes sindicales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira se enmarca dentro de este ámbito.

Que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira es -tristemente- una institución que sistemáticamente vulnera la libertad sindical no sorprende a nadie. Han sido reiterados los pronunciamientos judiciales que se han dado en este sentido y desde luego, los gobernantes locales han situado a nuestra localidad en líder indiscutible de condenas judiciales por vulnerar el derecho amparado por el artículo 28 CE. Esta situación es despreciable y merece una encomienda tan pronta como profunda. A este respecto, interesamos de nuestros gobernantes que estudien y apliquen lo dispuesto al respecto por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Es probable que de esforzarse en esta línea, la maltrecha situación socio-laboral de nuestra localidad experimentaría un cambio tan considerable como necesario.

Además, también consideramos importante reponer en su justa posición a los sindicalistas vilipendiados y perseguidos por su práctica sindical, y en concreto a José Luis García, último blanco de los ataques. Quienes obvian la libertad sindical y se olvidan de los derechos fundamentales son los mismos que alientan conductas vejatorias con un claro objetivo: amedrentar y callar a los disidentes, a los que alzan la voz contra la injusticia.

Desde Andaluces de Alcalá nos posicionamos claramente del lado de quienes ejercitan los derechos sindicales que les corresponden, quienes protestan ante lo injusto, quienes practican un sindicalismo de clase y en contra de los que utilizan métodos mafiosos, se amparan en el anonimato para no dar la cara y se sitúan en las cloacas del Estado de Derecho.

Y consecuentemente, Andaluces de Alcalá apoya la convocatoria de asamblea-concentración realizada por Comisiones Obreras y compañeros de trabajo, amigos y familiares de José Luis García (Kuki) por la libertad de expresión que tendrá lugar el viernes 5 de noviembre, a las 11 horas, en la puerta del teatro Gutiérrez de Alba en Alcalá de Guadaíra. Por el derecho a discrepar: ¡Fuera anónimos y prácticas fascistas de nuestra ciudad! ¡No a los abusos del poder!

Alcalá de Guadaíra, 2 de noviembre de 2010