martes, 2 de noviembre de 2010

ANDALUCES DE ALCALÁ POR LA LIBERTAD SINDICAL Y DE EXPRESIÓN

Dice la Constitución que la actuación de los poderes públicos deberá tender, en todo caso, a proteger y desarrollar los derechos fundamentales. Sin duda estos derechos humanos básicos son fruto de la lucha de pueblos y personas comprometidos por conseguir un mundo mejor. Y tienen un reconocimiento y aval internacional de los que se desprende su configuración como normas jurídicas básicas e inspiradoras del ordenamiento jurídico.

Dentro de este catálogo de derechos se encuentran -entre otras- dos libertades básicas para la vida social y económica: de un lado la libertad de expresión, y de otro la libertad sindical. Se trata, sin duda, de derechos inalienables que deben corresponder a cualquier persona por el mero hecho de existir. Y en consecuencia las instituciones tienen la obligación de protegerlos y remover los obstáculos que impidan su consecución.

De un lado, la libertad sindical integra “el derecho de los sindicatos a ejercer actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden” (por todas, SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6 y 152/2008, de 17 de noviembre, FJ 3). El ejercicio de la acción sindical confiere al sindicato un amplio marco de libertad de actuación, cuyas vertientes más significativas son el derecho a la negociación colectiva, a la huelga y al planteamiento de conflictos individuales y colectivos (art. 2.2.d de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical), pero cuyo contenido no se agota ahí, sino que “comprende también cualquier otra forma lícita de actuación que las organizaciones sindicales consideren adecuada para el cumplimiento de los fines a los que están constitucionalmente llamadas. Entre otras, y por lo que atañe a la resolución de este caso, la utilización como instrumento de acción sindical de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información” (SSTC 198/ 2004, de 15 de noviembre, FJ 5 y 281/2005, de 7 de noviembre, FJ 6).

Y de otro lado, la libertad de expresión “no es sólo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige” (STC 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 7), pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una “sociedad democrática”.

La posición del Tribunal Constitucional es meridianamente clara. Sin embargo hay situaciones en que estas obligaciones se olvidan y ocurren desagradables incidentes que no pueden tener respaldo alguno. El caso del acoso a los representantes sindicales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira se enmarca dentro de este ámbito.

Que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira es -tristemente- una institución que sistemáticamente vulnera la libertad sindical no sorprende a nadie. Han sido reiterados los pronunciamientos judiciales que se han dado en este sentido y desde luego, los gobernantes locales han situado a nuestra localidad en líder indiscutible de condenas judiciales por vulnerar el derecho amparado por el artículo 28 CE. Esta situación es despreciable y merece una encomienda tan pronta como profunda. A este respecto, interesamos de nuestros gobernantes que estudien y apliquen lo dispuesto al respecto por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Es probable que de esforzarse en esta línea, la maltrecha situación socio-laboral de nuestra localidad experimentaría un cambio tan considerable como necesario.

Además, también consideramos importante reponer en su justa posición a los sindicalistas vilipendiados y perseguidos por su práctica sindical, y en concreto a José Luis García, último blanco de los ataques. Quienes obvian la libertad sindical y se olvidan de los derechos fundamentales son los mismos que alientan conductas vejatorias con un claro objetivo: amedrentar y callar a los disidentes, a los que alzan la voz contra la injusticia.

Desde Andaluces de Alcalá nos posicionamos claramente del lado de quienes ejercitan los derechos sindicales que les corresponden, quienes protestan ante lo injusto, quienes practican un sindicalismo de clase y en contra de los que utilizan métodos mafiosos, se amparan en el anonimato para no dar la cara y se sitúan en las cloacas del Estado de Derecho.

Y consecuentemente, Andaluces de Alcalá apoya la convocatoria de asamblea-concentración realizada por Comisiones Obreras y compañeros de trabajo, amigos y familiares de José Luis García (Kuki) por la libertad de expresión que tendrá lugar el viernes 5 de noviembre, a las 11 horas, en la puerta del teatro Gutiérrez de Alba en Alcalá de Guadaíra. Por el derecho a discrepar: ¡Fuera anónimos y prácticas fascistas de nuestra ciudad! ¡No a los abusos del poder!

Alcalá de Guadaíra, 2 de noviembre de 2010