jueves, 11 de noviembre de 2010

Acude a la manifestación del sábado 13 de noviembre en Sevilla.

Salida: 12 h Alameda de Hércules y finaliza en el Parlamento
Nos vemos a las 10:30 en Beca
Andaluces de Alcalá

Estimados amigos/as, el próximo 13 de noviembre hay convocada una manifestación en Sevilla en defensa del empleo público, del acceso a la función pública respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y contra la creación de una “administración” paralela a través de las llamadas “Agencias”, consagradas en el D. 5/2010 de “reordenación del sector público” en Andalucía. La convocatoria corre a cargo de diferentes colectivos de trabajadores: funcionarios y laborales, y casi la totalidad de los sindicatos de la Administración Pública de la Junta de Andalucía a excepción de las cúpulas de UGT y CC.OO. que, de forma humillante y vergonzosa, han ido a salvar a Griñán y dar legitimidad a un Decreto Ley, traicionando a sus propios afiliados.

¿POR QUÉ TENEMOS QUE ACUDIR A LA MANIFESTACIÓN?

La agencialización constituye un ataque y usurpación de potestades públicas inherentes a funcionarios y laborales, sin precedentes, que subvierte, sin ningún pudor, el modelo de Administración Pública consagrado en la Constitución, que les confiere, a estos trabajadores, un papel garantista del interés público en el desempeño de sus funciones, sometidas a los principios de imparcialidad, neutralidad y objetividad.

El Decreto 5/2010, cortocircuita el acceso de los ciudadanos al empleo público bajos los principios de igualdad, mérito y capacidad. La integración y estabilización, de aproximadamente 25.000 trabajadores, en tales agencias empresariales, supone, en la práctica, la eliminación de las Ofertas de Empleo Público que, en los últimos años, han desaparecido o han sido muy pequeñas, en la medida de que iban engordando todo tipo de tinglados empresariales. Obviamente, esta enorme operación de enchufismo, no conoce precedentes ni siquiera durante la dictadura de Franco. Es por eso, que la lucha por la derogación del Decreto es una cuestión de todos los ciudadanos y no exclusivamente de los empleados de la Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Simplemente los funcionarios y laborales defendemos nuestros derechos y libertades constitucionales frente a la arbitrariedad y el despotismo. Pero, además de a nosotros, AFECTA DE MANERA IMPORTANTE A TODA LA CIUDADANÍA.

Al cargo de dichas agencias pondrán a personas sin experiencia profesional o con experiencia profesional ajenas a las materias que gestionan, donde la afinidad será determinante. La PREEMINENCIA DEL DERECHO SERÁ SUSTITUIDA por la voluntad de los directivos de la empresa, puestos a dedo por el partido. El Consejo Rector de cada agencia, como órgano de dirección, marcará las líneas de la política de personal.

La agencialización supone, igualmente, el trasvase del 50 % de funciones del ámbito de la Administración General de la Junta a dichos entes, vaciando de contenido los actuales puestos de trabajo (mañana no sabemos si seguirán con el otro 50 %). Acumulándose un inmenso poder en las agencias que afectará a la vida y actividad de los ciudadanos, regulando el ejercicio de sus derechos y libertades mediante, por ejemplo, el sometimiento de dicha actividad a licencias o autorizaciones; o mediante el establecimiento de condiciones, límites o prohibiciones; u otorgándose a sí mismas el privilegio de inspeccionar la actividad de los ciudadanos, o imponer sanciones o multas, entre otra muchas cuestiones.

SITUACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL

El personal funcionario, en teoría, se integraría voluntariamente en estas nuevas agencias, quedando en situación de excedencia por prestación de servicio. No obstante, en la práctica, pasan a ser despojados de su condición de funcionario, pierden de facto la movilidad funcional, la carrera administrativa (en la actualidad casi no se convocan concursos de méritos y la promoción profesional será, probablemente, con preferencia para alguno de los que suponemos parientes, amigos, correligionarios o partidarios), con la agravante de que quedan en una situación administrativa ILEGAL, inventada ad hoc. Cuando la gestión se trasvase a las agencias y las RPT se reduzcan a la mitad ¿qué plazas quedarán libres para salir a concurso?.

El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía pasa de laboral fijo a indefinido. Aunque se afirme, en el reciente acuerdo alcanzado, que no perderán sus derechos, de facto, el personal que se integre se equiparará a los contratados que ya existen en las Agencias y Empresas Públicas, sin tener en cuenta que el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía tuvo que superar procesos selectivos y concursos publicados en BOJA en el acceso a la Función Pública, bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Cada agencia tendrá su propio convenio colectivo (ya no se aplicará el VI Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía). Transitoriamente, será de aplicación el VI Convenio hasta que cada agencia disponga de su propio convenio y sus estatutos. El personal laboral integrado en las agencias tendrá la oportunidad en 5 años de volver a la Junta de Andalucía, a través de concursos de traslados. ¿qué plazas quedarán libres para salir a concurso?.

A todo este despropósito se le añade la reducción de los salarios en un 5% de media este año 2010, y la una congelación salarial y recorte de pagas extras: Sueldo Base y Trienios, para el 2011. Recursos que se detraen para pagar la crisis generada por bancos, constructoras y especuladores.

Otro aspecto, no menos importante, que regula el famoso Decreto Ley 5/2010, es la modificación de la Ley de Patrimonio de la Junta de Andalucía, permitiendo la enajenación de bienes afectos al servicio público, con la intención de posibilitar el endeudamiento vía empresas públicas y posicionar el problema de falta de crédito en un incierto futuro. Lo que es lo mismo, la Junta de Andalucía se vende edificios a sí misma para financiarse. Prevé recaudar 950 millones, vendiendo inmuebles a sus empresas públicas. O la venta de las propiedades de IARA, que denominan “Medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía”.

Ante tanta impunidad, ni PP, ni los sindicatos mayoritarios han abierto la boca o actuado consecuentemente. Ya les va bien el sistema tal y como está montado, por razones diversas y opuestas que confluyen en el mismo punto.

NO SE TRATA DE IR CONTRA EL PERSONAL EXTERNO EN GENERAL. PROPUESTAS

No se trata de ir contra dichos trabajadores, es más, es fundamental que los trabajadores de las empresas externas entiendan que es de interés general la defensa de un modelo de acceso democrático a los puestos de carácter público.

Para ello, entendemos que debe arrancar un profundo proceso de diálogo con la ciudadanía y los empleados públicos, en el que más allá de los discursos impuestos por los ultraliberales gestores "socialistas" se tengan en cuenta las siguientes cuestiones:

La Administración se ha convertido en un botín de la guerra electoral de turno, no en un instrumento de servicio al ciudadano. La partidización del aparato administrativo, que fuerza la orientación de objetivos a la retórica electoral desvía ingentes esfuerzos del aparato institucional y no pocos recursos humanos que debieran orientarse a la ejecución de políticas y servicios públicos. Por ello, una administración más eficaz será una administración más independiente de los partidos políticos. Propugnamos la eliminación de cargos públicos políticos hasta el nivel de Consejero.

Tan sólo quienes no ven amenazada su continuidad en el puesto por la tiranía del resultado a corto plazo o electoral pueden desarrollar esquemas de rendimiento a medio largo plazo, tales como los referentes a la transformación profunda de la educación, el tejido laboral, los patrones de ocio, el urbanismo y el medioambiente o la alfabetización digital. Es por esto que apostamos por una organización institucional democrática en la que la promoción interna, hasta las más altas cotas, no dependa de la designación partidista del gobernante de turno, sino del criterio de los empleados públicos, y los y las ciudadanas receptores de los servicios sujetos evaluación.

El Estado de Derecho debe articularse sobre la transparencia y neutralidad política de la Administración, y la neutralidad administrativa de la dirección del Gobierno, exigiéndose a unos las responsabilidades disciplinarias que procedan y a otros las responsabilidades políticas por la gestión del servicio público, sin excluir la posible responsabilidad penal a ambos.

Entendemos que la función pública existe en la medida que exista el servicio público, de tal manera que el fortalecimiento y la calidad del servicio público deben ser siempre nuestra bandera.

Defendemos el acceso en condiciones de igualdad de todos y todas a la gestión de lo público, de lo que es de todos.

Defendemos el modelo organizativo antiliberal, la prestación del Servicio Público por la propia Administración Pública en todos los sectores de la actividad en que ello sea posible, como la sanidad, la educación o la prestación asistencial. La gestión más eficaz en igualdad de condiciones la prestará siempre aquel que puede ahorrarse la más importante de las partidas de gasto: el beneficio empresarial, para emplearlo en mejorar las instalaciones, la calidad de los servicios o las condiciones laborales de los empleados.

Eficacia y eficiencia se pueden alcanzar a través de la actividad de la Administración pues en muchas de sus actividades es posible alcanzar los objetivos previstos con los propios recursos de que se dispone: si entendemos por eficacia conseguir los objetivos pretendidos, lo primero a realizar es la concreción de esos objetivos por los órganos directivos ("qué buen vasallo si tuviera buen señor") y si entendemos por eficiencia que la consecución de esos objetivos conlleve el adecuado gasto en su consecución, no es necesario hacerlo a través de modelos gerenciales que únicamente pretenden la rentabilidad económica.

Así, mediante este comunicado aspiramos a contribuir al rechazo del Decreto Ley 5/2010, e iniciar un debate sincero, profundo y abierto a toda la ciudadanía en el que sentemos las bases de un servicio público integral, de calidad, participativo y que persiga en todos sus extremos el interés general.

Son varios los recursos interpuestos por vía judicial contra el D. 5/2010, muchas las manifestaciones, concentraciones, encierros, asambleas, comunicados de todo tipo realizados. Ahora es necesario movilizarse, no podemos como ciudadanos andaluces en general y trabajadores del sector público en particular, esperar a las instituciones, para recuperar la dignidad y mostrar nuestro más firme rechazo como demócratas, así, se lo haremos saber a la opinión pública el día 13 de noviembre.

Ya se ha escrito una página de decencia, pero es necesario que la manifestación del 13 sea un rotundo éxito, para conseguir la derogación del Decreto.

Nota: se han utilizado parcialmente textos de los colectivos:
Colectivo defiende tu derecho: http://defiendomiderecho.blogspot.com/
Comunicado Empleados Públicos de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
Entre otros, verdaderos artífices de la defensa de los intereses públicos, y a los que les mostramos nuestro apoyo y gratitud.

Andaluces de Alcalá, 11 de noviembre de 2010

1 comentario:

Antonio dijo...

Tengo una duda (no sólo aplicable a este asunto concreto, si no a Ayuntamientos, Diputaciones, Patronatos, Agencias, etc., etc., etc., ...) ¿Cómo se consigue lo que proponéis "Propugnamos la eliminación de cargos públicos políticos hasta el nivel de Consejero"? Sin conculcar la no discriminación por razones políticas. ¿Cómo?